18 de mayo 2023
AA
“Harold” logró salir de Nicaragua por una decisión rápida, antes de que la Policía lo buscara en su casa la noche del 3 de mayo de 2023. “Carlos” no pudo. Lo trasladaron a Managua en una noche de incertidumbre, donde los fiscales del régimen de Daniel Ortega le abrieron proceso como hicieron de forma exprés con decenas de ciudadanos provenientes de casi todos los departamentos del país.
Dos semanas después, los perseguidos políticos se fueron a Costa Rica para resguardar su integridad, luego que el asedio de la Policía incrementó en contra de ellos y sus familias. “Quieren acallar las voces críticas”, coincidieron durante la presentación de sus testimonios, transmitidos en el programa televisivo Esta Noche.
Los dos son originarios del norte de Nicaragua. “Harold”, quien salió hace diez días de Nicaragua, asegura que vivía en un ambiente de zozobra, sin libertad de movimiento, porque la Policía se mantenía apostada prácticamente frente a su casa de habitación. En otras ocasiones, solo la patrulla pasaba, se retiraban hasta una hora y regresaban en la noche. Era asfixiante.
Fue, sin embargo, el refuerzo del operativo de hostigamiento el que lo hizo pensar que la mejor decisión que podía tomar era irse. La decisión no se la comunicó a nadie en su hogar, pero ya tenía la firme decisión basado en un presentimiento. “Me tocó tomar una decisión rápida. Fue hasta cierto punto acertada. Ese día se llevaron a un montón de nicaragüenses, sobre todo del departamento de donde yo vivo”, afirmó.
El Monitoreo Azul y Blanco contabilizó ese día 57 arrestos arbitrarios en 13 de 15 departamentos y dos regiones autónomas de Nicaragua, tras el despliegue de un gran operativo represivo. En la noche, fueron trasladados a los juzgados de Managua y al menos 30 de ellos fueron acusados bajo cargos por “propagación de noticias falsas”, “desestabilizar al Gobierno”, o “conspiración para el menoscabo contra la integridad nacional”.
“No hemos cometido ningún delito más que alzar nuestra voz cuando hemos podido. Y yo creo que no tiene ninguna justificación legal, no tiene ninguna lógica la acusación”, opinó “Harold”, quien aseguró que participó activamente en las protestas opositoras de 2018.
El acusado dijo que ignora qué pasará con la audiencia que la tienen programada para el próximo 31 de mayo y cuestiona la forma de represión sofisticada empleada por Ortega de obligar a decenas de acusados a presentarse a firmar todos los días antes las autoridades policiales de sus respectivas comunidades, lo que según expertos de derechos humanos marca un retroceso a “una realidad medieval”.
Para él, la exhibición de poder se da porque precisamente desde la dictadura los poderosos están claros que tienen escaso apoyo popular y buscan acallar a las voces que todavía resisten en Nicaragua. “Creo que hasta cierta forma es un poco de miedo y paranoia del rey”, dice en referencia a Ortega.
“Defensores públicos se sometían al fiscal”
“Carlos” soportó solo el allanamiento a las 7:00 p. m., porque no había nadie más en su vivienda. Se llevaron discos, computadoras, teléfonos celulares y más papeles.
Las grandes pruebas, recopiladas tras la invasión en su propiedad, fueron unas pañoletas, unas banderas azul y blanco, consideradas subversivas por la dictadura y que se las llevaron porque las ocuparían como “evidencia”. De su hogar se lo llevaron a la delegación policial en su departamento. Cuando ya eran ocho o nueve detenidos los subieron a un bus y se los llevaron a Managua. A la capital llegaron a medianoche.
En los juzgados, los pusieron en un área llamada forense, donde llenaron sus fichas como criminales: les tomaron las huellas, fotografías de perfil, y los llevaron ante una jueza de las que condenan a presos políticos y se encuentra sancionada por la comunidad internacional. Las acusaciones que les hicieron fueron varias.
El Gobierno los señaló de apoyar el “injerencismo”, de propagar “falsedades” y de apoyar al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien fue condenado a 26 años y cuatro meses de prisión el 10 de febrero de 2023, un día después que decidió quedarse en Nicaragua, luego que Ortega desterró a otros 222 presos políticos a Estados Unidos.
“Los defensores públicos ni siquiera hablaron con nosotros. Decían que se sometían al fiscal, no tenían objeción con la medida cautelar de presentación periódica ante la Policía. En las primeras horas de la mañana, nos llevaron a nuestras casas”, relató “Carlos”.
La decisión del exilio en su caso la tomó, luego de escuchar rumores en la misma Policía de que les cambiarían la medida cautelar, lo que lo obligó a resguardar su integridad. “Salí al exilio, porque no quiero caer preso. Hablo desde el anonimato, porque no quiero que me sometan. Tengo familia: esposa e hijos. No quiero que les hagan algo”, agregó.
El sábado 13 de mayo de 2023, el régimen ejecutó otra cacería nocturna contra ciudadanos que terminó con la detención arbitraria de cuatro de ellos, aunque como en otras ocasiones la posibilidad es real de que sean más bajo el terror impuesto por la dictadura de Nicaragua. Entre las víctimas de ese día estuvieron Juan Carlos Márquez, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense; la opositora Yolanda González Escobar, el abogado Alejandro Vélez Brenes y Donadín Varela.
