Hay más de 130 presos políticos en Nicaragua

La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo mantiene más de 130 presos políticos en Nicaragua, pese a la excarcelación y destierro de 222 presos políticos, en febrero, y doce sacerdotes reos de conciencia, en octubre. Más de ochenta de estos presos políticos están en siete cárceles de distintos departamentos de Nicaragua, según reportes del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas y el Monitoreo Azul y Blanco. Además, otros sesenta permanecen bajo “casa por cárcel” o “ciudad por cárcel” de facto, obligados a firmar diaria, semanal o quincenalmente en delegaciones policiales asignadas, según diferentes reportes periodísticos.

Entre los reos en prisión está el obispo Rolando Álvarez, detenido en agosto de 2022 y recluido desde febrero de 2023 en una celda de máxima seguridad con una pena de 26 años y cuatro meses. Abogados y analistas estiman que la excarcelación y destierro de doce sacerdotes es una medida del régimen para “aliviar la presión internacional”, por la demanda de libertad de los presos políticos. Sin embargo, la dictadura ha vuelto a llenar las cárceles del país en tiempo récord, mientras incrementa la vigilancia política y conculca las libertades públicas bajo cinco años de un estado policial de facto.

En los ocho meses posteriores a la excarcelación y destierro de 222 reos de conciencia –que incluyó a líderes políticos y cívicos, periodistas y empresarios–, Ortega continuó apresando ciudadanos a través de redadas masivas y selectivas, imponiendo nuevos patrones represivos e ilegales, como la designación de “casa por cárcel” o “ciudad por cárcel”.  

Hasta julio, el Mecanismo había identificado a 78 personas como reos de conciencia. En su siguiente informe de agosto, elevó el número a 89. De estos 11 nicaragüenses añadidos a la lista de ese mes, precisaron que cinco fueron detenidos en abril, uno en junio, uno en julio y cuatro en agosto. Una vez más, el Mecanismo aclaró que muchos registros son posteriores por el trabajo de verificación y también por los temores de denuncia.

Al menos 81 presos políticos en las cárceles

Un análisis de CONFIDENCIAL con datos del Mecanismo, verificó que al menos 34 nicaragüenses registrados como presos políticos a marzo de 2023, continúan en cárceles orteguistas, entre ellos diez reos de conciencia previos a la represión contra la protesta ciudadana que estalló en 2018.

En abril la Policía orteguista ejecutó nuevas redadas, enfocándose en la represión contra la Iglesia católica y cualquier persona que conmemoró el quinto aniversario de las protestas cívicas de 2018. Los agentes persiguieron a feligreses que desafiaron la orden de no realizar procesiones en la vía pública durante Semana Santa, y luego, se encargaron de apresar a opositores, activistas, periodistas, y líderes territoriales. 

El líder estudiantil, Jasson Noel Salazar Rugama; la excarcelada política, Olesia Muñoz, la joven emprendedora, Anielka García; el periodista, Víctor Ticay; el excarcelado político Abdul Montoya son algunas de las 40 personas que continúan en la cárcel, según el Mecanismo.

Al menos una docena de los reos políticos capturados en abril tiene una sentencia firme de entre ocho a diez años de cárcel por los delitos fabricados de “propagación de noticias falsas” y “menoscabo a la integridad nacional”. Montoya es la excepción porque fue condenado a 23 años de cárcel debido a que también lo acusaron de terrorismo. Las detenciones continuaron en mayo, junio y julio, pero fueron más selectivas. 

En agosto la Policía detuvo a las tres líderes universitarias: Adela Espinoza Tercero, graduada de la carrera de Comunicación Social en la UCA; Gabriela Morales, de la cancelada Universidad Juan Pablo II y Mayela Campos Silva, estudiante de tercer año de ingeniería industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). A ellas se sumaron la socióloga y activista, Melba Damaris Hernández y el excarcelado político Juan Carlos Baquedano, capturado el tercer día posterior a su retorno del exilio en México.  

Las reas políticas fueron trasladadas a la cárcel La Esperanza y Baquedano a La Modelo, ambas ubicadas en Tipitapa. Se desconoce el estado de sus respectivos juicios. 

Los más recientes presos políticos son el diputado de Yatama, Brooklyn Rivera, y su suplente, Nancy Henríquez. 

Rivera fue arrestado el viernes 29 de septiembre, luego de un allanamiento en su vivienda en la ciudad de Bilwi. El régimen impidió su ingreso al país en abril de 2023, pero el diputado entró de forma irregular por la Mosquitia y desde entonces era vigilado. Mientras que Henríquez fue detenida el 1 de octubre con la excusa que sería entrevistada por el caso de Rivera. 

Cacería contra sacerdotes en Nicaragua

Entre el 20 y 23 de mayo el régimen orteguista inició una nueva escalada contra la Iglesia católica, encarcelando a los curas Pastor Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez, dejados bajo investigación en “seminario por cárcel” en el Seminario Nacional Nuestra Señora de Fátima, en Managua. 

El 25 de mayo la Policía confirmó la detención del sacerdote Jaime Iván Montecinos Sauceda, investigado por traición a la patria. El 9 de julio se conoció el arresto del padre Fernando Zamora Silva y el 8 de septiembre el del padre Osman Amador Guillén. Finalmente, en la primera semana de octubre, la Policía capturó a seis sacerdotes para sumar 14 curas bajo alguna medida cautelar. 

Además de los tres sacerdotes condenados -Leonardo Urbina, Manuel García y el obispo Rolando Álvarez-, cuatro de los arrestados fueron llevados directamente a prisión, y uno, el padre Leonardo Guevara, fue liberado. Los restantes seis, que los habían dejado en “seminario por cárcel”, los trasladaron a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), El Chipote, para desterrarlos con el resto. Doce sacerdotes fueron enviados por la dictadura al Vaticano el miércoles 18 de octubre. 

Aunque la Policía nunca justificó las detenciones de los sacerdotes, entre mayo a octubre, algunos defensores advirtieron que cualquier religioso estaba en riesgo de ser apresado desde que la Policía anunció una investigación por supuesto lavado de dinero contra la Iglesia católica el 27 de mayo de 2023.

Al menos 60 tiene “casa por cárcel” o “ciudad por cárcel”

Otros ciudadanos “procesados políticos” completan alrededor de 60 casos, en su mayoría, apresados en una redada en mayo, ejecutada por la Policía en coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial. Fueron secuestros, seguidos de audiencias exprés para acusarlos por “menoscabo a la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”. Todos están en “libertad condicional”, pero deben firmar diariamente en las delegaciones policiales. 

Ese mismo patrón se repitió en septiembre y octubre contra feligreses de la Iglesia católica, principalmente, en el norte del país -donde se ha concentrado la represión contra las diócesis de Matagalpa y Estelí- y opositores de Boaco y Chontales. La Policía citó a más de una docena de ciudadanos para asegurarles que están siendo investigados y que tienen “ciudad por cárcel”. Además, deben firmar en las delegaciones policiales semanal o quincenalmente. A estos ciudadanos se suman otros nicaragüenses secuestrados por la Policía, cuyos casos no son denunciados por sus familiares por temor a represalias, y agrandan el subregistro de detenciones.

Con subregistro, listado se eleva a 200

La activista y exrea política Ivania Álvarez, da seguimiento a los casos de presos políticos desde el exilio y asegura que “hay un subregistro” por los temores de denuncia. Con ese subregistro, detalla, “podríamos hablar casi de 200 presos políticos en este momento”, pese a que la lista tras el primer destierro de febrero quedó en 35 personas.

“Estamos alcanzando otra vez, en tiempo récord, porque antes tardaban más de un año en llegar a esos números, casi 200 personas que están llevando algún proceso judicial, tanto en casa como presentación periódica o en los diferentes centros penitenciarios del país”, explica.

Agrega que este subregistro se mantiene por el temor entre la población y por la ausencia de espacios dónde denunciar, agravado por el exilio de activistas, defensores, miembros de organizaciones civiles, que ya no operan en Nicaragua y por ende, se dificulta documentar las violaciones. 

Álvarez señala que la denuncia es importante porque “pareciera que en Nicaragua no ha crecido la lista de presos políticos, cuando no es así”.