21 de octubre 2024
Las universidades públicas de Nicaragua fueron despojadas de 381.3 millones de córdobas que eran destinados al pago de electricidad, agua, telefonía y correos, tras la reforma al artículo 55 de la Ley 89 o de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, aprobada el 25 de septiembre de 2024.
En el artículo se establecía que las universidades y centros de educación técnica superior del Estado estaban exentas del pago de servicios básicos. Por lo cual, el Estado designaba una partida en el Presupuesto General de la República, adicional al 6% Constitucional destinado a las universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades (CNU).
Este año la partida presupuestaria para subvencionar los servicios básicos fue de 381.3 millones de córdobas, según el informe de ejecución presupuestaria del primer semestre, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). De ese monto, 166 millones fueron usados durante el primer semestre.
Ahora el pago de estos servicios deberá ser asumido por las universidades, quienes tendrán que reajustar su presupuesto para cubrir este gasto.
“Seguramente a las universidades ni se les consultó sobre esto, para que se preparan. De haberlo hecho, lo más probable es que pidieran hacerlo a finales de año, para calcular sobre el presupuesto de 2025”, valora el académico y exrector, Ernesto Medina.
“Pero a estas alturas del año y de la ejecución del presupuesto, le caen con esta reducción tan importante”, añade.
Subraya que la decisión del régimen “tiene varias lecturas: o el Gobierno piensa que las universidades están recibiendo más fondos de lo que necesitan y, por lo tanto, pueden hacerle frente al pago de los servicios básicos. O, lo más probable, las universidades ya no son para ellos una prioridad”.
El monto destinado al pago de servicios básicos de las universidades ha incrementado en un 6.5%, durante los últimos cinco años, al pasar de 358 millones de córdobas en 2020, a superar los 381 millones en 2024.
Reforma afectará salarios y becas
El académico Adrián Meza señala que esta es “una medida sin precedentes”, que afectará la operatividad de las universidades públicas.
“Tendrán que castigar y redireccionar una significativa cantidad de recursos que hoy están centrados en los rubros de compensaciones salariales, investigación, programas de extensión universitaria y especialización científica del personal académico, para pagar agua, luz y servicios generales”, detalla.
“Las consecuencias —prosigue— se harán sentir a mediano plazo. Las tendrán que pagar el país con el rezago científico y tecnológico de sus instituciones universitarias”.
Medina explica que el presupuesto de las universidades tiene tres componentes: los salarios de profesores y trabajadores, las becas y la inversión.
De estos tres componentes, los más importantes —según Medina— “son los salarios y las becas”, por lo que las autoridades tendrán que decidir sobre estos últimos porque lo que destinan a inversión es mínimo.
La reforma entró en vigencia el 4 de octubre de 2024, luego de publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. Sin embargo, la dictadura no ha explicado a cuánto asciende el monto que está sin ejecutar ni qué pasará con él.
Durante la sesión parlamentaria donde fue aprobada la reforma, la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, la diputada oficialista Ángela Espinoza, justificó los cambios alegando que “esta reforma llevará a nuestras instituciones de educación superior a hacer más amigable con el medio ambiente, ahorrando energía y el vital líquido, como es el agua y la telefonía”.
Un argumento vacío, según Medina, ya que “se supone que las universidades son instituciones que respetan y promueven el respeto al medioambiente”.
Presupuesto universitario estaba “apretado”
El presupuesto de las universidades miembros del CNU ya estaba ajustado debido al incremento de la matrícula estudiantil y la creación de nuevas universidades por el cierre masivo de centros de estudios superiores privados.
En sólo dos años, el régimen de Ortega creó cinco nuevas universidades públicas que absorbieron a más de 42 970 estudiantes, según estimaciones de CONFIDENCIAL.
Sin embargo, sólo cuatro de estas casas de estudios fueron incluidas dentro del paquete de universidades miembros del CNU, que reciben una parte del 6% Constitucional destinado a la educación superior.
En noviembre de 2023, el CNU proyectó que este 2024 superarían los 180 220 estudiantes, aunque la matrícula alcanzó los 193 116. La dictadura también prometió educación “gratuita y de calidad”. Pero, no hubo un incremento sustancial a la partida del 6% Constitucional para garantizar esa promesa.
La asignación a las universidades creció un 27%, al pasar de 6315 millones de córdobas en 2023 a 8028 millones de córdobas en 2024.
Académicos independientes opinaron que la promesa de gratuidad era imposible, porque cada universitario le cuesta al Estado un promedio de 1402.92 dólares anuales. Por lo cual, el régimen necesitaría 252.83 millones de dólares para costear los gastos de los 180 220 estudiantes universitarios, previstos para 2024. Es decir, más de 1245 millones de córdobas adicionales a los 8028 millones designados en 2024.
Sin embargo, lejos de aumentar los fondos destinados a la educación superior, ahora los reducen.
“Ante esta realidad, la comunidad académica tendrá que buscar otras vías de resistencia para sostener la autonomía universitaria y no permitir que el régimen continúe debilitando uno de los fundamentos de una democracia libre”, subrayó Acción Universitaria.
El grupo estudiantil señaló también que “es probable que estos recortes repercutan en asuntos fundamentales como las becas externas y el acceso de muchos estudiantes a la educación”.
Tras la barrida de universidades que ejecutó la dictadura en los últimos tres años, quedan en Nicaragua 42 universidades e institutos de educación superior.
De estas 28 son privadas, 14 son universidades estatales, pero de estas solo diez son miembros del CNU y reciben fondos del 6% Constitucional.