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Al menos 14 presos políticos se encuentran en condición de desaparición forzada en las cárceles de Nicaragua, sin que sus familias tengan la menor información sobre su paradero o estado de salud.
Esta desaparición forzada es una práctica sistemática de crímenes de lesa humanidad que el derecho internacional define como el ocultamiento deliberado del paradero de personas detenidas por agentes estatales, sostiene el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua.
“La desaparición forzada quiere decir que no hay una prueba fehaciente del lugar en el que están… se considera desaparición forzada por ocultamiento de paradero”, explica en entrevista con CONFIDENCIAL y Esta Semana la vocera del Mecanismo, Claudia Pineda.
En la entrevista con el periodista Carlos F. Chamorro, que se transmite el domingo 8 de junio en el canal de CONFIDENCIAL en YouTube, Pineda confirmó que las familias de estos nicaragüenses viven en la angustia de no saber si sus seres queridos están vivos o muertos.
Según el último informe del Mecanismo, un total de 52 personas permanecen como presas políticas en las cárceles nicaragüenses, incluyendo los 14 desaparecidos. De este total, 32 han recibido condenas en juicios que no cumplen estándares mínimos de debido proceso, mientras 19 permanecen detenidos sin haber sido siquiera juzgados.
Desacato a la Corte Internacional
A principios de junio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia ordenando la libertad inmediata de tres presos políticos desaparecidos: Angélica Chavarría, pareja del fallecido general de Ejército en retiro, Humberto Ortega Saavedra, detenida en mayo de 2024; Julio Quintana, abogado de León, detenido en noviembre de 2024, y Alejandro Hurtado, político del PLI, detenido en enero de 2025. La respuesta del régimen fue la de siempre: silencio absoluto.
“El Estado de Nicaragua no ha respondido a ninguna de sus peticiones, de sus solicitudes y también de sus exigencias”, denunció Pineda.
En noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado nicaragüense en “desacato permanente” a las numerosas órdenes de liberar a los presos políticos, y elevó la situación a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de la que la dictadura se retiró.
“Subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la situación de riesgo”, indicó la CorteIDH en una resolución publicada el 29 de noviembre de 2022.
La directora de la Asociación Unidad de Defensa Jurídica, Registro y Memoria por Nicaragua y vocera del Mecanismo confirmó que organismos internacionales como Naciones Unidas conocen la situación de los presos políticos y los casos de desaparición forzada. Sin embargo, denunció que la dictadura ha cortado toda comunicación incluso con la Cruz Roja Internacional. El Estado nicaragüense “no ha hecho un reconocimiento de que los tiene presos”, pese a que “hay pruebas de que fueron encarcelados”, agregó.
Esta negación sistemática convierte cada caso en una desaparición forzada en toda regla, donde las autoridades borran toda huella de sus víctimas mientras las familias padecen una tortura psicológica.
Los 14 presos políticos en desaparición forzada
Los 14 presos políticos en condición de desaparición forzada, según el informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, publicado en abril de 2025 son:
- Brooklyn Rivera, detenido el 29 de septiembre de 2023.
- Douglas Gamaliel Álvarez Morales, detenido el 16 de febrero de 2024.
- Víctor Boitano Coleman, detenido el 23 de abril de 2024.
- Angélica Patricia Chavarría, detenida el 19 de mayo de 2024.
- Eveling Carolina Matus Hernández, detenida el 26 de junio de 2024.
- Fabiola Tercero Castro, detenida el 12 de julio de 2024.
- Eddie González Valdivia, detenido el 14 de julio de 2024.
- Lesbia Gutiérrez Poveda, detenida el 10 de agosto de 2024.
- Carmen María Sáenz Martínez, detenida el 10 de agosto de 2024.
- Steadman Fagot Müller, detenido el 14 de agosto de 2024.
- Fabio Alberto Cáceres Larios, detenido el 22 de noviembre de 2024.
- Leo Catalino Cárcamo, detenido el 22 de noviembre de 2024.
- Julio Antonio Quintana Carvajal, detenido el 26 de noviembre de 2024.
- José Alejandro Hurtado Díaz, detenido el 27 de enero de 2025.
La represión se intensifica
En mayo de 2025, más de una decena de ciudadanos fueron capturados en el norte del país. Aunque algunos han sido liberados, “todavía hay un buen grupo de personas que siguen estando en la cárcel” sin derecho a comunicación, confirmó Pineda.
Las condiciones carcelarias, según Pineda, “son igualmente precarias” en todas las prisiones del sistema penitenciario nicaragüense, convertido las cárceles en centros de tortura inaccesibles para cualquier organismo de derechos humanos.
Además, la vocera del Mecanismo alertó que decenas de nicaragüenses sobreviven bajo un “arresto domiciliario de facto”, confinados en sus hogares sin proceso judicial alguno.
La magnitud real de esta práctica es imposible de determinar porque “las personas tienen mucho miedo”, explicó Pineda, quien advirtió que “hay unas tendencias de represión que cada día alcanzan a más personas”.
La estrategia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es sembrar el terror para paralizar cualquier atisbo de oposición. El régimen ha logrado que el miedo se convierta en el mecanismo de control más eficaz, limitando la movilidad y comunicación de los ciudadanos.
La opacidad como método
Pineda también denunció que “el régimen ha cerrado las puertas totalmente y la cárcel es un lugar inexpugnable para las organizaciones de derecho humanos”, confirmando que ningún organismo internacional puede verificar las condiciones de los detenidos.
Ese silencio y opacidad permiten que la tortura, la desaparición forzada y los tratos crueles se perpetúen sin testigos.
La situación documentada por el Mecanismo de Presas y Presos Políticos revela que la dictadura Ortega-Murillo ha convertido la desaparición forzada en política de Estado y la impunidad en norma de Gobierno.
Mientras la comunidad internacional emite resoluciones que la dictadura ignora, 14 familias nicaragüenses continúan sin saber si sus seres queridos siguen con vida.
