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Nicaragua’s 14 Missing Political Prisoners

Mechanism for Political Prisoners and Detainees documents crimes against humanity, while dictatorship ignores Inter-American Court orders

policías calles Nicaragua

Al menos 14 presos políticos se encuentran en condición de desaparición forzada en las cárceles de Nicaragua, sin que sus familias tengan la menor información sobre su paradero o estado de salud. Esta desaparición forzada es una práctica sistemática de crímenes de lesa humanidad que el derecho internacional define como el ocultamiento deliberado del paradero de personas detenidas por agentes estatales, sostiene el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua. “La desaparición forzada quiere decir que no hay una prueba fehaciente del lugar en el que están... se considera desaparición forzada por ocultamiento de paradero”, explica en entrevista con CONFIDENCIAL y Esta Semana la vocera del Mecanismo, Claudia Pineda. En la entrevista con el periodista Carlos F. Chamorro, que se transmite el domingo 8 de junio en el canal de CONFIDENCIAL en YouTube, Pineda confirmó que las familias de estos nicaragüenses viven en la angustia de no saber si sus seres queridos están vivos o muertos. Según el último informe del Mecanismo, un total de 52 personas permanecen como presas políticas en las cárceles nicaragüenses, incluyendo los 14 desaparecidos. De este total, 32 han recibido condenas en juicios que no cumplen estándares mínimos de debido proceso, mientras 19 permanecen detenidos sin haber sido siquiera juzgados. Desacato a la Corte Internacional A principios de junio de 2025, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia ordenando la libertad inmediata de tres presos políticos desaparecidos: Angélica Chavarría, pareja del fallecido general de Ejército en retiro, Humberto Ortega Saavedra, detenida en mayo de 2024; Julio Quintana, abogado de León, detenido en noviembre de 2024, y Alejandro Hurtado, detenido en enero de 2025. La respuesta del régimen fue la de siempre: silencio absoluto. “El Estado de Nicaragua no ha respondido a ninguna de sus peticiones, de sus solicitudes y también de sus exigencias”, denunció Pineda. En noviembre de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado nicaragüense en “desacato permanente” a las numerosas órdenes de liberar a los presos políticos, y elevó la situación a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, de la que la dictadura se retiró. “Subsiste un desacato prolongado por parte del Estado que pone en una situación cada vez más vulnerable a los beneficiarios de las medidas provisionales e implica un incremento en la situación de riesgo”, indicó la CorteIDH en una resolución publicada el 29 de noviembre de 2022. La vocera del Mecanismo confirmó que organismos internacionales como Naciones Unidas conocen la situación de los presos políticos y los casos de desaparición forzada. Sin embargo, denunció que la dictadura ha cortado toda comunicación incluso con la Cruz Roja Internacional. El Estado nicaragüense “no ha hecho un reconocimiento de que los tiene presos”, pese a que “hay pruebas de que fueron encarcelados”, agregó. Esta negación sistemática convierte cada caso en una desaparición forzada en toda regla, donde las autoridades borran toda huella de sus víctimas mientras las familias padecen una tortura psicológica. Los 14 presos políticos en desaparición forzada Los 14 presos políticos en condición de desaparición forzada, según el informe del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, publicado en abril de 2025 son: Brooklyn Rivera, detenido el 29 de septiembre de 2023. Douglas Gamaliel Álvarez Morales, detenido el 16 de febrero de 2024. Víctor Boitano Coleman, detenido el 23 de abril de 2024. Angélica Patricia Chavarría, detenida el 19 de mayo de 2024. Eveling Carolina Matus Hernández, detenida el 26 de junio de 2024. Fabiola Tercero Castro, detenida el 12 de julio de 2024. Eddie González Valdivia, detenido el 14 de julio de 2024. Lesbia Gutiérrez Poveda, detenida el 10 de agosto de 2024. Carmen María Sáenz Martínez, detenida el 10 de agosto de 2024. Steadman Fagot Müller, detenido el 14 de agosto de 2024. Fabio Alberto Cáceres Larios, detenido el 22 de noviembre de 2024. Leo Catalino Cárcamo, detenido el 22 de noviembre de 2024. Julio Antonio Quintana Carvajal, detenido el 26 de noviembre de 2024. José Alejandro Hurtado Díaz, detenido el 27 de enero de 2025. La represión se intensifica En mayo de 2025, más de una decena de ciudadanos fueron capturados en el norte del país. Aunque algunos han sido liberados, “todavía hay un buen grupo de personas que siguen estando en la cárcel” sin derecho a comunicación, confirmó Pineda. Las condiciones carcelarias, según Pineda, “son igualmente precarias” en todas las prisiones del sistema penitenciario nicaragüense, convertido las cárceles en centros de tortura inaccesibles para cualquier organismo de derechos humanos. Además, la vocera del Mecanismo alertó que decenas de nicaragüenses sobreviven bajo un “arresto domiciliario de facto”, confinados en sus hogares sin proceso judicial alguno. La magnitud real de esta práctica es imposible de determinar porque “las personas tienen mucho miedo”, explicó Pineda, quien advirtió que “hay unas tendencias de represión que cada día alcanzan a más personas”. La estrategia de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo es sembrar el terror para paralizar cualquier atisbo de oposición. El régimen ha logrado que el miedo se convierta en el mecanismo de control más eficaz, limitando la movilidad y comunicación de los ciudadanos. La opacidad como método Pineda también denunció que “el régimen ha cerrado las puertas totalmente y la cárcel es un lugar inexpugnable para las organizaciones de derecho humanos”, confirmando que ningún organismo internacional puede verificar las condiciones de los detenidos. Ese silencio y opacidad permiten que la tortura, la desaparición forzada y los tratos crueles se perpetúen sin testigos. La situación documentada por el Mecanismo de Presas y Presos Políticos revela que la dictadura Ortega-Murillo ha convertido la desaparición forzada en política de Estado y la impunidad en norma de Gobierno. Mientras la comunidad internacional emite resoluciones que la dictadura ignora, 14 familias nicaragüenses continúan sin saber si sus seres queridos siguen con vida.

Redacción Confidencial

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At least fourteen political prisoners are in a state of forced disappearance in the Nicaraguan jails, with family members deprived of any information regarding their whereabouts or state of health.

This forced disappearance is a systematic practice of crimes against humanity, and international law defines it as deliberately concealing the whereabouts of those detained by government agents, according to the organization Mechanism for the Recognition of Political Prisoners of Nicaragua.

“Forced disappearance means that there’s no definitive proof of the place where they are… it’s considered a forced disappearance because their whereabouts are being concealed,” Claudia Pineda, spokesperson for Mechanismo, explained to CONFIDENCIAL and the online television news program Esta Semana.

In an interview with journalist Carlos F. Chamorro, which airs on Sunday, June 8 on the CONFIDENCIAL YouTube channel, Pineda confirmed that the families of these Nicaraguans live with the anguish of not knowing whether their loved ones are alive or dead.

According to the Mechanism’slatest report, a total of 52 political prisoners remain in Nicaraguan jails, including the 14 disappeared. Of this total, 32 have been sentenced in bogus trials that don’t meet minimum standards of due process, while 19 remain in detention without ever having been tried.

Disregard of the International Court

In early June 2025, the Inter-American Court of Human Rights ordered the immediate release of three disappeared political prisoners: Angelica Chavarria, partner of retired Army General Humberto Ortega Saavedra, brother of Daniel Ortega, who was detained in May 2024 and died while a political prisoner; Julio Quintana, a lawyer from León, detained in November 2024; and Alejandro Hurtado, a politician from the Independent Liberal Party, detained in January 2025. The response of the regime was the same as always: absolute silence.

“The State of Nicaragua has not responded to any of [the Court’s] petitions, requests or demands,” denounced Pineda.

In November 2022, the Inter-American Court of Human Rights declared the Nicaraguan State in “permanent contempt” of numerous orders to release political prisoners. It referred the situation to the General Assembly of the Organization of American States, although the Nicaraguan dictatorship has formally withdrawn from that forum.

“Prolonged disregard by the State persists, which places the beneficiaries of the provisional measures in an increasingly vulnerable situation, and implies an increase in the situation of risk,” the Inter-American Human Rights Court indicated in a resolution finalized on November 29, 2022.

Pineda confirmed that international organizations such as the United Nations are aware of the situation of the political prisoners and the cases of forced disappearance. However, she noted, the dictatorship has cut off all communication, even with the International Red Cross. The Nicaraguan government “hasn’t even recognized that it is holding these people prisoner, despite the fact that “there’s evidence that they were jailed,” she added.

This systematic denial converts each case into a clear-cut forced disappearance, in which the authorities erase all traces of their victims, leaving the families to face ongoing psychological torture.

List of the fourteen political prisoners in forced disappearance

According to a report published in April 2025 by the “Mechanism for the Identification of Political Prisoners in Nicaragua” the 14 prisoners in forced disappearance are:

  • Brooklyn Rivera, arrested on September 29, 2023.
  • Douglas Gamaliel Álvarez Morales, arrested on February 16, 2024.
  • Victor Boitano Coleman, arrested on April 23, 2024.
  • Angélica Patricia Chavarría, arrested on May 19, 2024.
  • Eveling Carolina Matus Hernández, detained on June 26, 2024.
  • Fabiola Tercero Castro, arrested on July 12, 2024.
  • Eddie González Valdivia, arrested on July 14, 2024.
  • Lesbia Gutiérrez Poveda, arrested on August 10, 2024.
  • Carmen María Sáenz Martínez, arrested on August 10, 2024.
  • Steadman Fagot Müller, arrested on August 14, 2024.
  • Fabio Alberto Cáceres Larios, arrested on November 22, 2024.
  • Leo Catalino Cárcamo, arrested on November 22, 2024.
  • Julio Antonio Quintana Carvajal, arrested on November 26, 2024.
  • José Alejandro Hurtado Díaz, arrested on January 27, 2025.

Repression intensifies

In May 2025, more than a dozen Nicaraguans were abducted in the north of the country. Although some have been released, “there is still a fair-sized group of people in jail,” without the right to communicate, Pineda stated.

Prison conditions, according to Pineda, “are equally terrible” in all the Nicaraguan prisons. The regime has turned the jails into torture centers inaccessible to any human rights organization.

In addition, the spokeswoman for the Mechanism warned that dozens of Nicaraguans are living under “de facto house arrest,” confined to their homes without any judicial process.

The real magnitude of this practice is impossible to determine, because “people are very afraid,” explained Pineda.She warned that “the repressive tendencies affect more people every day.”

The strategy of the dictatorship of Daniel Ortega and Rosario Murillo is to sow terror, in order to paralyze any spark of opposition. The regime has managed to turn fear into their most effective control mechanism, limiting the mobility and communication of citizens.

Impenetrable secrecy as a method

Pineda also denounced that “the regime has totally closed the doors, and the prisons are beyond the reach of human rights organizations.” As a result, no international organization can verify the detainees’ conditions.

This silence and opacity allows torture, forced disappearance and cruel treatment to be perpetuated without witnesses.

The situation documented by the Mecanismo group reveals that the Ortega-Murillo dictatorship has turned forced disappearance into state policy, while impunity has become the government norm.

While the international community issues resolutions that the dictatorship ignores, 14 Nicaraguan families continue without knowing if their loved ones are still alive.

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