31 de marzo 2025

“Pa’ bajo”: Los migrantes venezolanos que viajan de regreso a su país

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El gobierno de Donald Trump ha dado hasta el 24 de abril de 2025 para que los paroleados salgan de Estados Unidos
Sofía viajó a Estados Unidos porque quería conocer, trabajar y desligarse de la crisis sociopolítica de Nicaragua. Ingresó al territorio estadounidense el 28 de marzo de 2024 a través del programa parole humanitario, que permitía una estadía legal y permiso laboral por dos años. Ahora que el programa ha sido revocado, asegura: “me horroriza ser deportada”.
Esta nicaragüense paroleada que accedió a hablar con Esta Semana y CONFIDENCIAL bajo anonimato, por temor a represalias del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, afirma que no está dentro de sus planes quedarse a vivir en Estados Unidos. Pero nunca imaginó que la Administración del presidente Donald Trump establecería un plazo de un mes para que los paroleados abandonen el país.
“Aunque tenía conocimiento de la necesidad de solicitar un ajuste del estatus de inmigración, ya fuese por petición familiar o por el asilo, no lo consideré porque siempre planeé estar los dos años, máximo”, comenta.
El 28 de marzo de 2025, el gobierno de Estados Unidos notificó a los paroleados que su permiso laboral y estancia legal han sido revocados, por lo que deberán salir del país antes del 24 de abril de 2025. Quienes hicieron su ajuste de estatus, deberán presentar sus comprobantes en la página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
De acuerdo con el politólogo nicaragüense Manuel Orozco, solamente el 30% de las personas que ingresaron a Estados Unidos con parole humanitario realizaron un ajuste de estatus legal, ya sea a través de una solicitud de asilo político o una petición de reunificación familiar.
En términos reales, unos 60 000 nicaragüenses paroleados, de 93 000 que viajaron a Estados Unidos a través de este programa, estarán en riesgo de deportación si no abandonan el país antes del 24 de abril, según las estimaciones de Orozco.
La abogada en asuntos migratorios, Astrid Montealegre, explica que las personas que no han iniciado un proceso de ajuste de estatus, por medio de una petición familiar o patrocinado por un empleador, “pueden ser sujetas a una deportación expedita”.
También, las personas que no han presentado su solicitud de asilo “no van a poder proceder” y por ende también estarían “en riesgo de deportación”, agrega Montealegre.
De igual forma, el abogado Harold Rocha, presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (NALDEF), valora que la prioridad desde el gobierno de Donald Trump sigue siendo “deportar masivamente y deportar de forma expedita”.
Agrega que no solo se están deportando a personas sin estatus legal o con antecedentes penales. “Se está deportando, por ejemplo, a estudiantes universitarios que participaron en ciertas protestas, a científicos que no se les deja ingresar, a personas de negocios. Entonces, no hay claridad exactamente, se asume que van contra todos”.
Yolanda es otra nicaragüense paroleada en Estados Unidos desde el 6 de junio de 2023. Su esposo fue preso político de la dictadura de Ortega y Murillo por lo que, ella y su familia, están en proceso de solicitud de asilo político. Aún así le aterra la idea de ser deportada a Nicaragua.
Si fuese deportada “¿Qué voy a hacer a Nicaragua? ¿A vivir el mismo temor?, a buscar trabajo en mi profesión y no lo voy a encontrar porque no soy sandinista”, cuestiona Yolanda antes de expresar su mayor temor: “en Nicaragua me van a mandar a una cárcel”.
Reclama que las personas migrantes “no somos criminales”, por el contrario, advierte Yolanda, “somos personas que contribuimos a este país (Estados Unidos) porque ellos nos han ayudado a estar aquí con el parole, para ser unas personas libres”.
“Que nos digan que somos deportables los que venimos con un parole es frustrante porque estamos haciendo las cosas bien y simplemente nos trancan las puertas”, comenta Yolanda.
La abogada Montealegre explica que en este momento las personas con solicitud de asilo no están en riesgo de deportación. Valora que el temor de los nicaragüenses paroleados es genuino. Debido a que el régimen de Ortega y Murillo continúa negándoles el ingreso a su territorio.
“En Nicaragua tenemos una dinámica que es única en el contexto internacional, que es la desnacionalización de muchos nicaragüenses o nicaragüenses que su propio Gobierno no les permite la entrada al país porque salieron pidiendo parole o porque creen que son solicitantes de asilo. A estas personas se les puede negar la entrada a Nicaragua”, apunta la abogada.
Agrega que existen casos registrados de personas que, estando en aeropuertos de Estados Unidos, se les avisa que no pueden regresar a Nicaragua. De igual forma, personas que intentaron ingresar al país haciendo conexión desde El Salvador o Panamá recibieron una notificación similar.
Por otro lado, Orozco señala que la tasa de aprobación de asilo político en Estados Unidos ha sido de alrededor del 42% en los últimos tres años y frente a los cambios que se han producido en los últimos meses, el porcentaje de aprobación podría bajar a un 35%.
“Uno de tres casos de solicitudes va a ser aprobado, entre un 40 y 45% será denegado, y después queda un grupo que queda pendiente, esos pendientes eventualmente son procesados, pero generalmente son negados”, comenta el politólogo.
Agrega que existe la posibilidad de apelar ante la negación del asilo político, pero las posibilidades de que un juez de admita la apelación son muy bajas. “Lo que termina ocurriendo es que la gente trata de comprar tiempo para no devolverse al país, sin embargo, son circunstancias bastante difíciles”, subraya.
Miguel es otro nicaragüense que llegó a Estados Unidos el 14 de octubre del 2023 a través del parole humanitario. Viajó con el objetivo de trabajar y reunir suficiente dinero para construir una vivienda digna para su mujer y sus hijos. Ahora que el parole ha sido revocado su permanencia en ese país es incierta.
Afirma que en Estados Unidos “está muy dura la situación en las calles”. Al momento de buscar trabajo “me están solicitando mucho el documento (permiso laboral)” y el temor de ser deportado es permanente.
“Cuando llegue el día de regresar a Nicaragua, ojalá que en el aeropuerto no me prohíban el ingreso porque ahí sí estaría demasiado triste”, comenta Miguel.
Para la abogada Montealegre, es “preocupante” que los nicaragüenses que están en riesgo de deportación no tengan certeza de poder regresar a su patria.
“No pueden ingresar a Nicaragua sin estar sujetos a una persecución y no pueden permanecer en los Estados Unidos. Entonces, estas personas muy probablemente van a tener que considerar la viabilidad de un tercer país seguro, que le ofrezca la protección del derecho internacional”, comenta Montealegre.
Mientras tanto, el Gobierno de Estados Unidos está promoviendo la “autodeportación” o la salida voluntaria del país antes del 24 de abril, para que los migrantes con parole eviten ser sujetos a una deportación, cuyo proceso implica la negativa de volver a ese país hasta después de tres o diez años.
El presidente de NALDEF, Harold Rocha, valora que aunque la salida de Estados Unidos sea “voluntaria” no deja de ser “un golpe bastante duro”. Debido a que muchos de los paroleados llegaron en los últimos meses y “el periodo para hacer todos los preparativos para salir, pues es demasiado corto”.
Miguel piensa que al regresar a Nicaragua puede “tener oportunidades”. Recuerda que, antes de viajar a Estados Unidos, trabajó realizando entregas a domicilio y valora que “no me iba mal”.
Sofía, por el contrario, se encuentra “horrorizada” con el tema de la deportación. Asegura que no quiere tomar ese riesgo y ha decidido salir de Estados Unidos. Agrega: “ya compré el boleto aéreo para regresar a Nicaragua”.
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Confidencial es un diario digital nicaragüense, de formato multimedia, fundado por Carlos F. Chamorro en junio de 1996. Inició como un semanario impreso y hoy es un medio de referencia regional con información, análisis, entrevistas, perfiles, reportajes e investigaciones sobre Nicaragua, informando desde el exilio por la persecución política de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
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