
13 de marzo 2025
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Tres solicitantes de asilo que aún no reciben respuesta de sus casos hablan sobre su temor a ser deportados a una Nicaragua donde no se sienten seguros
Nicaragüenses en Estados Unidos temen ser deportados a Nicaragua. Fotoarte: Confidencial
Las amenazas de una deportación masiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene en zozobra a muchos nicaragüenses en esa nación. Tres nicaragüenses cuentan a CONFIDENCIAL cómo enfrentan la duda sobre si podrán seguir viviendo en el lugar que eligieron para escapar de la represión del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Las deportaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE, por sus siglas en inglés), en muchos lugares de Estados Unidos, ha alterado los nervios de miles de personas.
Además, la petición de Trump al Poder Legislativo, de más fondos federales para completar “la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos”, no ayudó mucho a calmar los ánimos de los afectados, pese a que, hasta inicios de marzo de 2025, se contabiliza la deportación de unos 37 660 migrantes indocumentados.
Desde San Francisco, California, Jairo Bonilla, un joven estudiante universitario que tuvo que huir del país para escapar de la represión gubernamental, refirió que “la situación en la que estoy me hace sentir frustrado. Más que asustado, me siento como acorralado porque sé que por ningún motivo puedo pisar suelo nicaragüense”.
“Me siento inseguro”, y “estamos muy nerviosos y preocupados”, fueron las respuestas que, desde Iowa y Los Ángeles, compartieron otros dos nicaragüenses que prefirieron identificarse como Josué e Iván, pensando en no poner en más riesgo a sus familias que siguen en Nicaragua.
Atrincherado durante varias semanas en la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Jairo Bonilla supo lo que era escuchar el silbar de las balas que buscaban morder sus carnes, como parte de la represión desatada por el régimen en contra de los estudiantes.
Enfrentando riesgos en una travesía que le llevó por el triángulo norte de Centroamérica, más México, el universitario llegó a Estados Unidos en 2021, y lo primero que hizo fue solicitar “un asilo afirmativo en cuanto vine”. El término se refiere a la autorización de permitirle entrar a Estados Unidos y solicitar asilo cuando llegara a la ciudad de destino dentro de ese país.
Narra que aunque evitó dejar correr el tiempo, su estatus es incierto porque cuando llegó a la audiencia con una jueza de inmigración, su abogado simplemente no había hecho llegar las pruebas a la fiscalía, por lo que la letrada tuvo que desestimar su petición de asilo. “Yo le entregué todas las pruebas de que disponía, tanto fotos como videos, pero el abogado simplemente se las guardó”, recuerda.
Aunque él se presentó al juicio con copia de todos los documentos, no fue posible entregarlas a la fiscal, porque tanto ella como el abogado que lo representaba a él estaban participando de forma virtual. “La fiscal -que llega con la misión de negar rotundamente toda solicitud- comenzó a preguntar que dónde estaban las pruebas que yo mencionaba; que cómo le garantizaba que yo era un estudiante y no un delincuente, siendo que nada de eso estaba en el expediente”, relata.
“La jueza determinó rechazar mi solicitud por falta de pruebas, y por falta de méritos, por lo que inicié una demanda contra el abogado. Lo demandé porque tengo los correos donde yo le enviaba las pruebas”, explica ahora.
De paso, aprovechó el tiempo que le daba la ley para apelar, con lo que se puso en suspenso la orden de deportación, hasta tanto no se resuelva el fondo de la situación. Con todo, poseer ese beneficio no le hace sentirse tranquilo, siendo que “el presidente Trump, dijo que los que ya vieron a un juez no tienen derecho a una segunda oportunidad, y deben ser deportados automáticamente”.
Considera que eso es injusto para con las personas que, como él, “tenemos un caso sólido; que hemos hecho las cosas bien en este país, y estamos aquí aportando a la economía, incluso hasta más que los estadounidenses, porque ellos no trabajan más de ocho horas, y nosotros trabajamos 12 a 16 horas mínimo para poder subsistir”.
Confiesa que sale “con temor a la calle, pero no puedo dejar de trabajar. He pensado en emigrar a Canadá o a España, país al cual entiendo que podemos viajar sin visa, pero hay varios factores. El primero es enfrentar el reto de comenzar de cero en otro país. También, averiguar cuál es la situación migratoria en ese país, porque no puedo esperar a que me agarren y me manden para Nicaragua. Yo no puedo pisar suelo nicaragüense”, exclamó.
Josué trabajaba en una oficina del Gobierno, de la que logró renunciar “cuando vi lo que pasó en 2018, pero cuando ya tenía como un año de haber salido, mandaron a buscarme nuevamente, y les dije que no”. El siguiente paso lógico fue salir de Nicaragua, para protegerse a sí mismo y a su familia, sabiendo cómo opera el régimen para con aquellos a los que consideran traidores.
Salió de Nicaragua en diciembre de 2022, en una excursión con rumbo a Guatemala. En ese país “nos llevaron a dormir a un lugar que digo yo que era un cartel, porque ahí había drogas, armas, había de todo. Nos despertaron a las cinco de la mañana, para seguir viaje rumbo a México”. Estando en ese país, decidió cambiar de coyote, “porque el nuestro estaba teniendo problemas para mover a la gente que iba más adelante de nosotros. No las podía sacar porque no le estaba pagando a los narcos para que los dejaran seguir”, rememora.
Junto con los nuevos viajeros con los que se alió, logró llegar a un lugar llamado Piedras Negras, donde se entregó a las autoridades migratorias estadounidenses. Ahí, lo retuvieron “dos días en ese lugar que llaman ‘la hielera’, y cuando salí, viajé hasta Iowa con la ayuda de una sobrina que me recibió aquí”.
Al igual que Jairo, Josué se dispuso a hacer sus trámites en cuanto estuvo listo para ello. “Cuando vine aquí me dieron un año de parole para mientras me estabilizaba y avanzaba en mi solicitud de asilo, pero tenía que esperar un año para poder solicitar todos los documentos”. Al cumplirse el tiempo estipulado, recibió su licencia de conducir, un permiso de trabajo y tarjeta del seguro social.
Aunque se dictó la suspensión de su orden de deportación, las declaraciones amenazantes del ocupante de la Casa Blanca hacen que no se sienta seguro, “por el riesgo de que me manden a Nicaragua. Mi familia me dijo que desde octubre (de 2024) comenzaron a llegar a la casa a preguntar por mí, y a amenazarlos, porque vieron que logré escapar del país”.
Por lo pronto, hace lo único racional que puede hacer, que es seguir adelante con su proceso de regularización migratoria. Por si acaso, cumple el consejo de su abogado, y siempre lleva consigo copia de los documentos de todas las gestiones que está haciendo, para mostrarlos si lo detienen. “Entiendo bien que la orden es ir contra todos de forma pareja. Lo bueno es que yo no estoy en una gran ciudad, sino que vivo en un pueblo, y aquí no se miran mucho esas redadas”, confiesa.
Su esperanza es que ni él ni su esposa —una nicaragüense que lo siguió a Estados Unidos, adonde llegó un año después que él— sean deportados, y que les alcance el tiempo para consolidar su estatus, de modo que ICE deje de ser una pesadilla para ellos.
Iván era voluntario en una organización de carácter civil a la que el Gobierno comenzó a aplicar represalias, “muchos de nosotros decidimos salir del país dejando atrás a nuestros familiares. Así es como vine a parar acá, a Estados Unidos”, en un viaje que estuvo lleno de vicisitudes.
“Mientras estuve en Nicaragua mantuve un perfil bajo: no me mantenía en mi casa, sino que estaba donde uno u otro familiar. Los vecinos me decían que la Policía andaba preguntando por mí, y no solamente policías, sino también tipos en moto, que la gente asume que son paramilitares, por su modo de operar”, detalla.
No solo sus vecinos le transmitían información. Asegura que “una persona de mi confianza que ocupaba un puesto con influencias en el Gobierno, me dijo que lo mejor era que saliera del país de forma urgente, pues estaba en la mira del Gobierno por causa de mis actividades cívicas. Tuve la suerte de que salió lo del parole, y pude volar a Estados Unidos, donde entré de forma legal a mediados de 2023”.
Al igual que Jairo y Josué, al llegar a territorio estadounidense, “inmediatamente investigué cuáles son los procesos, e hice la gestión de asilo en tiempo y forma. Yo sé que no puedo regresar al país, porque si regreso no sé qué pasaría conmigo. Tengo miedo de lo que pueda pasarme en Nicaragua, porque es de conocimiento público lo que le sucede en nuestro país a quienes el Gobierno considera opositores”, declara.
Dice que, gracias a que cumplió con los trámites “en tiempo y forma”, ya recibió sus documentos, incluido el permiso de trabajo. Desde su punto de vista, eso significa que “estoy legal en este país, pero todos los que estamos en este proceso estamos en ascuas, porque no sabemos qué hará el Gobierno del presidente Trump. No se sabe”, reiteró.
Aunque ignora si los dejarían entrar al país en caso que los deporten, teme también que dejarlos entrar tampoco sea una noticia buena porque, en ese caso “hay altas probabilidades de que caigamos presos, por las actividades que desarrollaba nuestro grupo cívico. Hay gente que ni siquiera se involucró en la Rebelión de Abril de 2018, y no los dejan entrar. Nosotros no fuimos opositores, aunque nos vimos involucrados en ciertas situaciones, y tenemos amigos dentro del régimen que nos advierten que el que regrese va a caer preso”.
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Periodista nicaragüense, exiliado en Costa Rica. Durante más de veinte años se ha desempeñado en CONFIDENCIAL como periodista de Economía. Antes trabajó en el semanario La Crónica, el diario La Prensa y El Nuevo Diario. Además, ha publicado en el Diario de Hoy, de El Salvador. Ha ganado en dos ocasiones el Premio a la Excelencia en Periodismo Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, en Nicaragua.
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