22 de marzo 2025
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Más de 60 000 nicaragüenses —de aproximadamente 93 000 que llegaron a Estados Unidos desde 2023 bajo el parole humanitario— no han realizado ninguna gestión de asilo u otro alivio migratorio para ajustar su estatus legal en el país, lo que los deja en una situación de “peligro” y “altamente vulnerable” a una deportación tras el fin de este programa humanitario, previsto para el 24 de abril de 2025.
Los nicaragüenses que, en su momento, no lograron cambiar su estatus, perderán su permiso de permanencia legal en Estados Unidos y la autorización para trabajar asociada a este permiso. Además, podrían ser expulsados del país, coincidieron varios expertos en temas migratorios consultados por CONFIDENCIAL.
Los expertos recomiendan revisar con un abogado de inmigración la “situación legal” de cada persona y buscar alternativas para regularizar su estatus, o explorar otras opciones migratorias disponibles antes del 24 de abril.
El Registro Federal de EE. UU. publicará oficialmente, este lunes 24 de marzo de 2025, la orden de revocación del parole —firmada por el presidente Donald Trump—, lo que significa que los nicaragüenses tendrán unos 30 días para “ajustar su estatus”, caso contrario “tendrían que salir voluntariamente o estar sujetos a una deportación”, subrayó Astrid Montealegre, abogada especialista en migración del Nicaragua American Human Rights Alliance (NAHRA).
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, por sus siglas en inglés) hay un grupo de migrantes que no serán afectados por el fin del parole humanitario:
- Solicitantes de asilo con procesos en curso o aprobados.
- Solicitantes de visados humanitarios U o T.
- Ciudadanos con TPS vigente.
- Residentes permanentes legales (titulares de la “green card”).
- Migrantes con Protección Temporal (TPS) vigente.
- Migrantes con peticiones de ajuste de estatus por motivos laborales o familiares.
El abogado Harold Rocha, presidente del Nicaraguan American Legal Defense and Education Fund (NALDEF), los nicaragüenses todavía tienen oportunidad de iniciar procesos para cambiar su estatus migratorio antes del 24 de abril de 2025. Aunque, advierte que, “no se sabe si las leyes cambiarán y eso se convertirá en una prohibición permanente”.
“Se asume que hay personas que podrían todavía iniciar procesos, ya sea asilo, visas de trabajo o solicitudes de residencia por vínculos familiares. Hay un abanico bastante amplio de posibilidades, y eso habría que hacerlo antes de la fecha de vencimiento del estatus”, destacó el abogado.
“Eso daría cierta protección —prosiguió—, pero son cosas que cada persona tiene que analizar con algún experto certificado y de preferencia un abogado que pueda valorar las circunstancias concretas de cada caso”.
En 2023, eran 38 154 los nicaragüenses que llegaron con parole a Estados Unidos, de los cuales 9707 habrían hecho una solicitud de asilo. En 2024, unos 51 112 ingresaron bajo este programa humanitario, de los cuales 20 238 se habrían acogido al asilo, según datos de Manuel Orozco, experto en Migración e investigador de Diálogo Interamericano.
Sin embargo, hasta finales de octubre de 2024, se calcula que la cifra ascendía a 93 070 nicaragüenses con patrocinadores en Estados Unidos que recibieron autorización de viaje desde la implementación del programa migratorio.
Según los últimos datos del Gobierno estadounidense, unos 110 000 cubanos, 210 000 haitianos y 117 000 venezolanos accedieron también a EE. UU. bajo el parole humanitario.
El riesgo de volver a Nicaragua
Uno de los principales riesgos que enfrentan los nicaragüenses paroleados es que la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha demostrado su negativa de permitir el reingreso a una amplia lista de connacionales.
“Hay información de personas que tienen vetadas el regreso a Nicaragua y habría que ver si hay personas dentro de esas que salieron con el parole. En ese caso habría que presentar eso (el caso) ante un juez de inmigración y explicar que no hay manera de regresar al país de origen”, explicó Rocha.
“Hay doctrinas que el Gobierno estadounidense reconoce y permite un tipo de protección temporal cuando no se puede regresar al país de origen, pero son cosas que no son administrativas, sino judiciales”, resaltó.
El parole humanitario constituía solo un permiso temporal y no concedía la residencia legal permanente ni significaba una vía hacia la ciudadanía. El Gobierno estadounidense —bajo el mandato de Joe Biden— esperaba que, una vez cumplido el propósito humanitario, la persona debía abandonar Estados Unidos.
“Se asume que, al momento que venza ese estatus y no se hayan acogido a ningún otro y no salgan del país estarían evidentemente expuestos a ser detenidos, expulsados o deportados y eso tiene consecuencias bastante severas, por lo general, hay un periodo de tiempo en el cual la persona no puede ni solicitar visa ni ingresar a Estados Unidos”, sostuvo Rocha.
Asilo, ¿una salida?
Montealegre recordó que, aquellos que solicitaron asilo “no deberían ser deportados” sin tener una resolución sobre su caso. “Si se aplica esta ley y esta jurisprudencia, las personas que están solicitando asilo estarían protegidas de una deportación; sin embargo, no sabemos qué órdenes ejecutivas vienen en el futuro y cómo esas órdenes pueden cambiar el panorama legal”.
Rocha coincidió en que los nicaragüenses que se acogieron a la protección de asilo, no deberían ser regresados a su país de origen, porque “se asume que la solicitud va en proceso” y eso da lugar a un “permiso de permanencia y de trabajo”.
“Como todo está cambiando tanto, no se sabe si hay facultades que se les hayan dado a los oficiales de migración para, por ejemplo, cancelar el estatus de una persona antes de que el asilo sea adjudicado (…) una vez que el asilo ha sido otorgado siempre existen posibilidades de abrir el caso en ciertas circunstancias, pero las probabilidades son bastantes bajas”, advirtió Rocha.
Causas pendientes de resolver
A comienzos de marzo de 2025, un grupo de migrantes, incluidos nicaragüenses, con apoyo de la organización Haitian Bridge Alliance, presentaron una demanda en contra de la administración de Trump por cerrar algunos programas claves, incluyendo el parole humanitario.
Durante su campaña presidencial, Trump prometió la mayor deportación de migrantes en la historia.
“En otros tiempos, esas medidas tendrían que adoptarlas el Congreso, pero el presidente está utilizando el método de los decretos ejecutivos, y puede ser que esos se puedan recurrir judicialmente, pero eso va a llevar tiempo y mientras tanto las deportaciones se pueden dar”, subrayó Rocha.
Cualquier decisión que pueda tomar un juez al respecto podría poner en “suspenso temporal o indefinido” la medida del presidente republicano contra los beneficiarios del parole, puntualizó Rocha.
Estados Unidos es el principal destino de la migración nicaragüense. Entre 2018 y 2024, se estima que al menos 495 881 nicas llegaron a ese país —unos 81 223 solo en 2024— de los cuales 80 000 estarían con orden de deportación y 5000 con probabilidad de no obtener asilo y “recibir notificación de irse del país” en el 2025, según datos analizados por Manuel Orozco.
