13 de mayo 2023
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Los abogados que representan a Nicaragua en la demanda de la empresa Riverside Coffee LLC —por la que se podría obligar al Estado nicaragüense a pagar una indemnización de hasta 689.1 millones de dólares— presentaron sus alegatos ante el tribunal internacional de expertos que lleva el caso, rechazando el reclamo que está dirigido en contra del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
El 31 de agosto de 2020, se recibió en el despacho del entonces titular del Mific, Orlando Solórzano, una carta en la que la demandante informaba su disponibilidad de intentar resolver la disputa “de forma amigable, a través de la negociación”, señalando al Departamento de Solución de Controversias de ese Ministerio, como el sujeto interpelado.
Casi siete meses después, se emitió una notificación de arbitraje en la que la compañía detallaba un reclamo inicial de 590 millones de dólares, incluyendo 45 millones por daños morales. Como parte del proceso, se eligió a tres árbitros: un finlandés, nombrado de común acuerdo; una británica, elegido por la demandante; y un belga, nombrado por el Estado nicaragüense, todos con derecho a cobrar 375 dólares por cada hora trabajada en el caso.
Cuando a principios de junio de 2022, cada una de las partes depositó los primeros 150 000 dólares que les pidió el Centro Internacional de Solución de Controversias sobre Inversiones (Ciadi, una de las entidades que conforman lo que se conoce como Grupo Banco Mundial), y nombró a sus abogados (Appleton & Associates, con sede en Toronto, Canadá, por parte del demandante; y Baker & Hostetler, con sede en Washington, por parte de la demandada), todo quedó listo para seguir adelante con un procedimiento que sienta en el banquillo de los acusados a la Administración de Daniel Ortega.
El 21 de octubre de 2022, el bufete jurídico Appleton & Associates presentó una memoria para documentar su caso, en la que acusa al Estado nicaragüense de haber fomentado la invasión de la Hacienda Santa Fe, de casi 1225 hectáreas de extensión, ubicada en Jinotega, donde tenía una plantación de aguacate Hass (el más consumido en Estados Unidos), y un bosque de granadillo, una madera preciosa que se utiliza para construir interiores de yates de lujo, por ejemplo.
Cuatro meses y medio después, los abogados del bufete Baker & Hostetler presentaron una contramemoria alegando que la propiedad está invadida desde la década de los 90; que la Policía Nacional no pudo ayudar a los afectados, porque estaba enfrentando la Rebelión de Abril; y que la empresa no puede demostrar que tenía un exitoso negocio de aguacates, ni que los invasores eran paramilitares.
Tres invasiones
La invasión de la Hacienda Santa Fe, por la que Riverside Coffee LLC se querella ahora con el Estado nicaragüense, no es la primera que sufre la propiedad: a inicios de los años 90 se detectó a un grupo merodeando la hacienda, por lo que el equipo de seguridad llamó a la Policía, que acudió de inmediato, y apresó a los merodeadores.
Eso se repetiría por dos veces en 2018. La primera, en junio de ese año. Mientras el país se rebelaba contra el régimen demandando libertad, justicia y democracia, un grupo de desconocidos fue visto en las afueras de la hacienda, confirmando con los vecinos del lugar, que pretendían invadir la propiedad, lo que fue notificado al capitán William Herrera, de la Policía Nacional, quien recibió el reporte y prometió monitorear la situación.
El 16 de junio de 2018, un grupo de 200 a 300 paramilitares armados ocupó la parte alta de la finca, y tomó posesión de las instalaciones, declarando que estaban ahí para quitársela a sus dueños, asegurando que llegaban en nombre del Gobierno, según la memoria el bufete jurídico Appleton & Associates presentó una memoria del bufete Appleton & Associates.
El documento detalla que los líderes paramilitares dijeron a los trabajadores de la hacienda que Daniel Ortega les había dado esas tierras, y que al pasar a ser de su propiedad, ellos no estaban robando nada, así que la gerencia volvió a llamar a la Policía, pero el capitán Herrera recomendó que los trabajadores salieran cuanto antes, porque tenían información de que los invasores pretendían incendiar la Hacienda.
Al reclamar a Herrera por su falta de acción, este respondió que tenía órdenes del comisionado Marvin Castro, jefe policial del departamento de Jinotega, de no sacar a los paramilitares. Ese mismo día, agentes policiales llegaron a la hacienda, sin orden judicial alguna, para confiscar las armas de los guardas de seguridad, diciendo que lo hacían por orden del comisionado Castro, llevándose cinco escopetas.
Con el terreno despejado, y sabiendo que contaban con el apoyo policial, los paramilitares tomaron cuanto hallaron en la hacienda, se repartieron las tierras, y comenzaron a talar los plantíos de aguacate y de café.
Arrasaron con todo
Un mes después, el 16 de julio de 2018, otro grupo de invasores armados liderado por paramilitares ingresó a la parte baja de la hacienda, asegurando que el alcalde Leónidas Centeno los había enviado a ocupar la propiedad, después de prometerles que se quedarían con parte de las tierras. Los ilegales terminaron de destruir los aguacatales y los cercos, pasando a buscar el ganado y las ovejas para venderlo o comerlo.
El 10 de agosto de 2018, la gerencia envió otra carta al capitán Herrera, reclamando por no haberlos protegido. Un día después, el alcalde Centeno y el comisionado Castro ordenaron desalojar la hacienda, por lo que unos 550 ocupantes comenzaron a salir, no sin antes saquear lo último que quedaba.
El 17 de agosto, unos 50 invasores armados regresaron a la propiedad, como preámbulo a un nuevo grupo de unos 100 individuos más que se presentó al día siguiente y ocupó la hacienda en su totalidad, destruyendo unas 10 000 plantas de aguacate en los viveros, así como más de 1200 árboles jóvenes de nogal negro que estaban listos para el trasplante, y la cosecha de granos y tubérculos.
“Los paramilitares también talaron, robaron o destruyeron árboles valiosos en el bosque privado; robaron equipos… y disiparon sus registros y archivos corporativos”, además de tomar equipo y maquinaria agrícola, por lo que “el negocio ya no puede operar. El efecto destructivo sobre el negocio fue total”, señala el documento.
Si bien en agosto de 2021, cuando la demanda ya estaba en marcha, “la República de Nicaragua tomó medidas para desalojar a los paramilitares y otros ocupantes ilegales de la Hacienda Santa Fe”, no se le ha devuelto la propiedad a Inagrosa de forma incondicional, por lo que la empresa no puede reasumir el control de sus operaciones.
Con base en las opiniones expresadas por peritos expertos, la empresa pide 689.1 millones de dólares, que resultan de la suma de 437.1 millones, en concepto de pérdidas; 207 millones en intereses, y 45 millones por daños morales. El demandante también presentó un “modelo alternativo de daños”, que solo incluye “la expansión comercial limitada que había comenzado en el momento de la expropiación”, de donde resulta un reclamo menor, calculado en USD 204 millones.
Ninguna de esas dos sumas incluye los costos de representación legal, ni los del arbitraje.
Las reglas del Cafta
Riverside es una empresa estadounidense constituida en Kansas en 1999, dueña del 95% de las acciones de Inversiones Agropecuarias SA (Inagrosa), constituida en febrero de 1996, que poseía y operaba la Hacienda Santa Fe, en Jinotega. La propiedad fue invadida por paramilitares al servicio del Gobierno de Daniel Ortega el 16 de junio de 2018, según la demanda interpuesta, que detalla que se dedicaron a robar cuanto pudieron, y a destruir las plantaciones para sustituirlas con otros cultivos.
Al hacerlo, sin que el Estado amparara a las víctimas, Nicaragua incumplió las obligaciones asumidas al firmar el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centro America y Estados Unidos (DR-Cafta, por sus siglas en inglés), lo que puede traer serias consecuencias económicas y un mayor deterioro para la imagen del país.
“Entiendo que esa demanda va por buen camino y la dictadura no tiene cómo ganarla”, dijo a CONFIDENCIAL desde el anonimato, una empresaria que conoce el caso, opinando que un fallo favorable a los inversionistas “será un golpe fuertísimo para el Gobierno, que tendrá la obligación de pagar una alta compensación por los daños que causaron sus paramilitares”, consideró.
Un economista que también accedió a compartir su criterio desde la seguridad del anonimato, dijo que “la inversión está espantada desde antes, pero no por este caso, sino porque hay certeza del alto nivel de riesgo que existe en Nicaragua, y los que siguen aquí, es porque sus operaciones ya están establecidas y no pueden irse”, señaló.
Ese tipo de empresarios descarta efectuar nuevas inversiones en el país, porque el hecho que Nicaragua no tenga un marco jurídico sólido, más los riesgos de nuestra realidad política, económica y social, hacen que invertir sea una actividad de muy alto riesgo, que el retorno esperado no puede compensar. “Lo que persiste en ellos es el espíritu de cualquiera que vive o está en Nicaragua: seguir adelante”, añadió.
Abogados responden a Riverside
Si bien la empresaria citada, opina que si el Gobierno no paga la indemnización que se le imponga “habrá repercusiones negativas para futuras inversiones extranjeras que no verán garantías para invertir en Nicaragua”, los abogados del bufete Baker & Hostetler ven las cosas de otro modo.
En la contramemoria, además de discutir la jurisdicción del tribunal, (porque Riverside no habría cumplido todos los requisitos jurisdiccionales que señalan el Cafta, y el Convenio del Ciadi), los letrados aseguran que, en realidad, la hacienda estuvo invadida entre 1990 y 2004, y que a partir de 2017, “los miembros desplazados de la Cooperativa El Pavón” volvieron a tomar la propiedad, porque estaba abandonada.
También aseguran que “cuando Inagrosa solicitó asistencia, el Gobierno reaccionó diligentemente bajo las circunstancias y logró desalojar a los invasores”, restituyendo el orden y la seguridad, describiendo “las circunstancias”, como “violentos disturbios civiles… que hizo imposible que la Policía Nacional tomara de inmediato actuación sobre la invasión a la hacienda”, que fue finalmente desocupada el 11 de agosto de 2018.
También atacan la legalidad y la factibilidad de la operación, señalando que “Riverside no ha probado que Inagrosa tuviera un negocio exitoso de aguacates. El supuesto negocio de aguacate Hass era ilegal”, porque Inagrosa no obtuvo los documentos requeridos para operar, comenzando con los permisos fitosanitarios para importar semillas de aguacate, ni para mantener viveros de plántulas de aguacate.
También les faltarían los permisos que se requieren para exportar aguacate a otros países; así como los permisos ambientales necesarios para cambiar el uso de suelo en la hacienda, por lo que Inagrosa habría sembrado los aguacates en un área prohibida, asegurando que nunca podrían haber ampliado la plantación a 1000 hectáreas.
“El negocio del aguacate Hass, según lo alegado por Riverside, es inviable desde una perspectiva técnica. Inagrosa no habría podido acceder al mercado estadounidense; se plantaron demasiados árboles demasiado juntos… los supuestos rendimientos no son realistas, y Riverside no ha probado que hubiera suficiente agua en la Hacienda Santa Fe, para sostener los cultivos de aguacate Hass”, añaden.
