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El Gobierno de Estados Unidos advirtió a los inversionistas que “no deben tener expectativas de la aplicación justa del Estado de derecho o un entorno empresarial predecible en Nicaragua”, de acuerdo con el reporte anual sobre el clima de negocios en el mundo del Departamento de Estado de Estados Unidos. La advertencia traerá “menos inversiones extranjeras directas, menos empleos productivos, y menos ingresos para las familias nicaragüenses”, en opinión del economista Juan Sebastián Chamorro.
No es la primera vez que el Departamento de Estado hace este tipo de advertencias. En agosto de 2025, alertó a los inversores sobre el riesgo de confiscación masiva en Nicaragua. En su informe de 2024, sugirió a los inversionistas ser “extremadamente cautelosos” con Nicaragua. Lo hizo también en 2023, cuando denunció en materia de derechos humanos, que Ortega persigue a los opositores y tolera a corruptos.
El informe 2025 está contenido en un documento con más de 10 000 palabras, que disecciona al país —y al régimen— desde diversas ópticas: desde sus políticas hacia la inversión extranjera directa, hasta los tratados vigentes en materia comercial, con énfasis en el CAFTA.
Desde el sistema legal y la independencia judicial, hasta las políticas industriales, los derechos de propiedad, el sector financiero, las empresas estatales, la corrupción, el entorno político y de seguridad, y las prácticas laborales.
“Básicamente, presenta un país donde no hay orden constitucional, donde no hay orden legal, y cada quien invertirá bajo su propio riesgo”, puntualizó Chamorro.
Comercio y legalidad
El informe señala que la facilitación del comercio “sigue siendo un desafío por la ineficiencia burocrática, la corrupción y la falta de transparencia”. Una de sus advertencias más directas indica que “Nicaragua no utiliza políticas transparentes para establecer reglas de juego claras”, y aunque hay sistemas legales, regulatorios y contables, la implementación es opaca, y el Estado no fomenta la competencia sobre una base no discriminatoria.
El régimen “mantiene el control directo sobre varios sectores de la economía para enriquecer a los leales. Los inversores se quejan regularmente de que las autoridades reguladoras son arbitrarias, negligentes o lentas en la aplicación de las leyes existentes, a veces en un aparente esfuerzo por favorecer a un competidor sobre otro”, ilustra.
Añade que se ha observado un aumento de los desafíos comerciales por parte de la DGA relacionados con las dudas sobre el origen y el valor del producto, lo que daría lugar a que los importadores tuvieran que “pagar sumas sustanciales en concepto de derechos supuestamente no pagados y multas asociadas”.
Por su parte, la Dirección General de Impuestos habría aumentado la frecuencia, duración y alcance de las auditorías a las empresas, procesos que pueden durar varios meses. En algunos casos, se reporta que hasta ocho entidades gubernamentales forman parte de las auditorías, incluyendo autoridades laborales y de la seguridad social, así como municipales y regionales.
Un resultado muy frecuente es encontrar que las empresas deben impuestos, a lo que se le puede añadir una multa equivalente al monto total supuestamente adeudado. “Estas multas parecen carecer de base legal. El Gobierno ha confiscado propiedad privada y encarcelado a personas por no pagar estos impuestos y multas, a menudo mientras los procedimientos legales aún están en curso”. No solo las empresas nicaragüenses reportan este tipo de abusos: también las estadounidenses.
A la par, refieren la decisión de algunas grandes compañías —incluidas empresas y franquicias estadounidenses— de disputar los reclamos fiscales del Gobierno, “lo que a menudo resulta en resultados negativos para las empresas”. De paso, alertan que “algunas empresas informan que las autoridades les aconsejan no iniciar un caso legal”, sino “negociar directamente”.
En todo caso, recuerdan que sigue en marcha la investigación del Representante de Comercio de Estados Unidos bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Esa pesquisa revisará los actos, políticas y prácticas de Nicaragua relacionados con los derechos laborales, los derechos humanos y el estado de derecho, para determinar la posible carga para el comercio de los Estados Unidos. “Se espera una resolución para los próximos meses, pero el hecho de que la mencione, también es significativo”, expresó Chamorro.
El régimen prefiere a China
Si bien el texto del CAFTA ofrece mecanismos para proteger a inversionistas, importadores y exportadores, el informe señala que “las autoridades desobedecen regularmente las regulaciones nacionales”. Una consecuencia de ese “patrón emergente”, es que aumenta el riesgo de importar productos estadounidenses.
En contraste, desde que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio con China en 2024, han proliferado las tiendas de propiedad china, desplazando a los comerciantes nicaragüenses. La combinación de ese acuerdo con la falta de transparencia y la preferencia declarada del Gobierno por los lazos comerciales con China, permite que el capital chino introduzca bienes significativamente más baratos, socavando la competitividad de las empresas locales nicaragüenses, asegura.
Un problema adicional para los inversionistas foráneos es la Ley de Inversión Extranjera (Ley No. 1240), aprobada por la Asamblea Nacional en febrero de 2025, con la que se creó la Comisión Nacional de Inversión Extranjera (CNIE). Esta entidad tiene el encargo de supervisar y regular toda la inversión extranjera directa en el país, y requiere que los inversionistas presenten informes trimestrales de cumplimiento y proporcionen información estadística al Banco Central.
“El nuevo marco legal está diseñado para ejercer control y vigilancia sobre la inversión extranjera y proporcionar datos económicos para su cuantificación a través de la coordinación del CNIE. Las conexiones personales con personas con información privilegiada del Gobierno son fundamentales para los extranjeros que invierten en Nicaragua. Aunque las autoridades municipales y ministeriales pueden dictar decisiones relevantes para las empresas extranjeras, todas las acciones están sujetas a la aprobación de facto de la copresidencia”, aclara el documento.
Un ejemplo adicional indica que “si bien el Gobierno nicaragüense está ansioso por atraer inversión extranjera, carece de un esfuerzo sistemático de facilitación de negocios y, en cambio, depende de tratos individuales con posibles inversionistas”.
Otro escollo a tomar en cuenta, es la Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en 2020, que apunta de forma particular contra las ONG, aunque se le ha exigido a algunas empresas “que se registren o pongan fin a sus esfuerzos de responsabilidad social”, se advierte.
La copresidencia está en todo
Además de los riesgos legales y regulatorios, el informe también hace referencia al clima político de Nicaragua. Al respecto, señalan que la reforma constitucional consolida “los esfuerzos de Ortega y Murillo por desmantelar las instituciones democráticas elevándose a copresidentes” y extendiendo el mandato presidencial por un año, “lo que parece establecer las condiciones para un gobierno dinástico”.
En ese escenario, detallan que la aplicación y el cumplimiento de las leyes “no son objetivos ni transparentes. Las nuevas leyes y las incautaciones de propiedades son dirigidas por la presidencia y rápidamente codificadas por la Asamblea Nacional”.
Al advertir que el sistema legal es “débil y engorroso”, indica que “se cree que los miembros del Poder Judicial, incluidos los de alto nivel, son corruptos y están sujetos a una importante presión política y dirección de la copresidencia. El proceso judicial no es competente, justo ni confiable”. Aunque las regulaciones y la aplicación de las leyes están sujetas a revisión judicial, “los procedimientos de apelación no son transparentes ni objetivos”, complementa.
En materia de regulación de la inversión extranjera, explica que “la implementación, el cumplimiento y la interpretación están sujetos a la corrupción y la presión política”, en especial siendo que el país tiene una larga historia de denuncias de expropiación gubernamental sin el debido proceso. “Sigue habiendo una incertidumbre considerable en la obtención de los derechos de propiedad. Los reclamos de títulos de propiedad de tierras en conflicto son abundantes y las apelaciones judiciales son lentas y engorrosas”.
La recomendación a los inversionistas es “tener extrema precaución antes de invertir en bienes inmuebles”, pensando en “individuos sin escrúpulos” que han afectado a inversionistas estadounidenses, para arrebatar el control de propiedades de primer nivel, particularmente en áreas turísticas. “Se sabe que los jueces y las autoridades municipales se confabulan con tales individuos, y una industria artesanal proporciona títulos falsos y otros documentos”.
