21 de marzo 2023
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La Administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo hizo poco o nada en 2022 para frenar la corrupción en las instituciones y poderes estatales; en cambio, organismos de control como la Unidad de Análisis Financiero (UAF) se encargaron únicamente de “investigar a la oposición política”, determinó el Departamento de Estado de EE. UU. en su informe anual de los países sobre prácticas de derechos humanos.
El documento señala a varias instituciones —Policía Nacional, Consejo Supremo Electoral, Corte Suprema de Justicia, entre otras— de cometer, durante el último año, actos de corrupción: sobornos, manipulación y complicidad política.
“Un estado general de permisividad impidió abordar el problema con eficacia. La falta de instituciones sólidas, la debilidad del sistema de contrapesos y salvaguardias, y el control absoluto de las instituciones gubernamentales, por parte del régimen, permitieron que la corrupción continuara impunemente”, enfatizan en el documento, que es parte de una serie de informes anuales sobre prácticas de derechos humanos realizada por el Departamento de Estado a todos los países que reciben ayuda de Estados Unidos.
En el informe, publicado este lunes 20 de marzo, se indica que funcionarios de la Corte Suprema y los tribunales inferiores fueron susceptibles a cometer “sobornos, confiscaciones ilegales y las evaluaciones arbitrarias”. Asimismo, los señalan de someterse a la manipulación e influencia política de parte del partido gobernante: el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
También describen actos de corrupción en los Gobiernos municipales y regionales de la Costa Caribe, y a la Alcaldía de Managua se le señala de incurrir en prácticas corruptas relacionadas a proyectos de infraestructura.
En 2022, CONFIDENCIAL reveló una cadena de corrupción en las municipalidades de Rivas y Diriamba, principalmente vinculados a litigios y apropiaciones de valiosas propiedades, la cual sacudió a las estructuras intermedias del Frente Sandinista y generó la caída de una magistrada del Poder Judicial; la renuncia forzada de un alcalde y el suicidio de otro; el despido de un secretario político; y la remoción y encarcelamiento parcial de funcionarios y operadores políticos rojinegros.
UAF persiguió a opositores
El Departamento de Estado describe que la Contraloría General de la República no realizó una verificación completa de los estados financieros del Gobierno. mientras la Unidad de Análisis Financiero (UAF) “no cumplió plenamente su mandato de perseguir el lavado de dinero de funcionarios del Gobierno, centrándose en cambio en investigar a la oposición política del presidente (Daniel) Ortega”.
En el informe también se señala que funcionarios del Poder Ejecutivo siguen involucrados en negocios financiados por la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), “todo ello fuera del proceso presupuestario normal controlado por la legislatura”.
“Esto incluía a la Empresa Nicaragüense de Transmisión Eléctrica (ENATREL), que anteriormente canalizaba fondos del ALBA y otras ayudas basadas en el petróleo hacia empresas de propiedad privada”, detallan.
Según el Departamento de Estado, los contratos del Alba vinculados a la familia Ortega Murillo fueron controlados por su círculo íntimo, mientras “los casos de mala gestión de estos fondos por parte de funcionarios públicos fueron tratados personalmente por miembros del FSLN y familiares directos del presidente Ortega, en lugar de las entidades gubernamentales encargadas de los fondos públicos”.
Corrupción es percibida por la población
En enero de 2023, una encuesta de la firma CID Gallup arrojó que la corrupción estatal es una de las cinco preocupaciones de los nicaragüenses, quienes consideran que el país “va por el camino equivocado” bajo la gestión de Ortega.
A los ciudadanos se les preguntó “¿cuál considera usted es el principal problema de nuestro país?” y la falta de empleo se ubicó como en primer lugar, con un 26% de acuerdo a los consultados, seguido por la corrupción (22%), el alto costo de la vida (19%), inseguridad ciudadana (7%) y la pandemia de la covid-19, con un 4%.
“La supuesta corrupción en el Gobierno, es un problema que se ubica en segundo lugar. Este lo citan más los hombres, informantes con estudios primarios y aquellos sin afiliación partidaria. Esta corrupción supuestamente se manifiesta más, cuando se recurre a instituciones del Estado y se paga para acelerar un trámite; las mordidas a representantes institucionales cuando se necesita alguna gestión en ellas”, detalló la firma.
Un Informe de Transparencia Internacional reveló a principios de este año que Nicaragua sigue cayendo en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) y se ubica como el país más corrupto de Centroamérica y el tercero de Latinoamérica, solo superado por Venezuela y Haití.
El informe destaca que en los países que obtuvieron los peores resultados, como Venezuela (14), Nicaragua (19), Honduras (23) y Guatemala (24), “las elites y el crimen organizado han cooptado a las instituciones estatales”.
“Nicaragua padece de problemas de corrupción sistémicos, extremadamente arraigados. La corrupción está enraizada en el sistema político”, sostuvo la politóloga argentina Luciana Torchiaro en una entrevista telefónica con CONFIDENCIAL.
