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La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos alertó a los estadounidenses de tener cuidado de invertir en Nicaragua tras la aprobación de una ley que declara propiedad del Estado una franja de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras de ese país, que calificó de “confiscación masiva”.
“La confiscación masiva por parte del régimen de Murillo-Ortega, de todas las tierras en un radio de 15 kilómetros dentro de las fronteras de Nicaragua, devasta decenas de comunidades y pone en peligro la vida y el sustento de miles de personas en toda nuestra región”, señaló esa oficina adscrita al Departamento de Estado a través de cuenta en X, el sábado 9 de agosto de 2025.
“Cualquier estadounidense que esté pensando en invertir en Nicaragua debe tener cuidado”, avisó esa oficina.
La Ley de Territorio Fronterizo, que fue aprobada de forma expedita el martes 5 de agosto sin ser consultada en una comisión, y promovida por el Gobierno que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo, define y establece como “territorio fronterizo” el área del territorio nacional comprendido desde el límite fronterizo convencional hasta los 15 kilómetros hacia el interior.
Esta delimitación crea una zona de control especial bajo el resguardo del Ejército de Nicaragua.
En su artículo 2 establece que “para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integridad territorial, la independencia del país y la paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense”.
Ley fronteriza afecta tierras privadas y comunales
La nueva normativa también derogó la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, que establecía un régimen especial para el territorio fronterizo, tanto terrestre, marítimo como aéreo, con el objetivo de garantizar la soberanía, seguridad e integridad territorial, así como promover el desarrollo sostenible en esas zonas.
La medida, que según críticos afecta tanto a propiedades privadas como comunales, ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, movimientos políticos de oposición y gobiernos de la región.
El economista nicaragüense desnacionalizado Juan Sebastián Chamorro advirtió que el declarar propiedad estatal un radio de 15 kilómetros a lo largo de todas las fronteras no solo afectará ciudades enteras, sino también negocios, cultivos y actividades productivas como camaroneras y plantaciones de naranja, entre otras.
La ley no establece mecanismos claros de compensación ni consulta previa para las comunidades y propietarios que se verán afectados, lo que ha generado fuertes cuestionamientos.
