AA
Share
La “generosidad” con la que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está otorgando concesiones mineras a empresas chinas, especialmente cercanas a zonas fronterizas con Honduras y Costa Rica, “está causando problemas con los vecinos”. Así lo explicó Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, detallando que habla de problemas sociales, ambientales, comerciales, y de seguridad, al presentar el boletín de monitoreo: Invasión Minera China en Nicaragua.
Su advertencia tiene al menos un precedente. A mediados de febrero de 2026, el ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, informó a los diputados de la Asamblea Legislativa de su país, que miles de mineros artesanales (muchos de origen nicaragüense) estaban trasladando hacia el otro lado del Río San Juan, miles de sacos llenos de broza extraída en territorio costarricense.
Los números explican con rotundidad el por qué de esa actividad. Citando testimonios de mineros artesanales nicaragüenses, Ruiz explicó que de 150 sacos de broza procesados, se obtienen 1000 gramos de oro, lo que equivale a 31.1 onzas troy. A lo largo de 2026, el precio de la onza de oro ha estado muy por encima de los 5000 dólares. Eso significa que, en promedio, al final de la cadena se pueden conseguir hasta 1000 dólares por cada saco de broza procesado.
La denuncia del ministro Zamora dio pie a una reunión entre autoridades de ambos países, en las que se establecieron algunas acciones a desarrollar para enfrentar el problema. Ruiz cree que Nicaragua no ha hecho nada. Al menos, no el Ejército Nacional, que tiene varias semanas sin informar qué está haciendo al respecto. “Desde que se dio la reunión binacional, el Ejército no ha hecho ningún comunicado sobre detenciones. Quizás en la reunión del 24 de abril informen algo”, explicó.
Costa Rica, sí. También Honduras
Amaru Ruiz no descarta que en los próximos meses, la aprobación de concesiones mineras en territorio nicaragüense fronterizo con Honduras, replique algunos de los problemas que están detectando las autoridades costarricenses. Todas ellas situaciones muy serias, de las que obligan a emplearse a fondo para evitar que deriven hacia escenarios de alta inestabilidad.
Esos problemas, a los que el experto llamó “afectaciones binacionales”, comienzan con la segura contaminación con mercurio y cianuro, de las aguas del Río San Juan. El 90% de esas aguas desembocan en el Río Colorado (Costa Rica). Ruiz recordó que en las riberas de ambos cuerpos acuáticos hay poblaciones que se alimentan de la fauna que logran pescar en esas aguas, con el consiguiente riesgo para la salud humana.
Las cuatro concesiones otorgadas por el régimen en zonas cercanas a la frontera con Costa Rica (y también con Honduras; muchas de ellas ubicadas en territorios indígenas, así como en zonas protegidas), conllevan también el riesgo de deforestación. Esto puede disminuir el caudal, tanto del San Juan y el Río Coco, como de sus afluentes. También aumenta el riesgo de sedimentación de sus cauces.
El cambio en la dinámica local, asociado a capitales ilícitos, también augura un aumento en los niveles de violencia e inseguridad en las zonas afectadas. De ocurrir, eso obligaría a los Estados afectados a destinar mayores recursos para mantener y recuperar la paz social en esos territorios mineros.
Finalmente, también mencionó la trata de personas, junto con la movilización de productos de contrabando transfronterizo, que no solo fomentan el desarrollo de actividades ilegales, sino que también son fuente de pérdida de ingresos fiscales. Tanto para los gobiernos locales, como los nacionales.
Concesiones a empresas chinas opacas
La falta de opacidad con que se han entregado estas concesiones mineras, dificulta encontrar soluciones al problema. Ruiz explicó que, entre 2021 y 2026, se aprobaron concesiones que cubren 1 013 225 de hectáreas, equivalentes al 8.5% del territorio nacional. Hay otros tres lotes pendientes de aprobación, que cubren (al menos) 39 600 hectáreas más. Desde 2024, no se han aprobado concesiones mineras a empresas que no sean de capital chino, o que no estén ligadas al régimen.
Al desarrollar sus pesquisas, la Fundación del Río pudo corroborar que ninguna de las empresas que recibieron esas últimas concesiones tiene página web. Tampoco muestran registro de su experiencia en actividades de minería industrial, ni se conoce que hayan hecho estudios de impacto ambiental, ni de factibilidad económica. No se pudo encontrar un registro detallando las inversiones que se proponen ejecutar, ni pruebas de que pertenezcan a alguna empresa que cotice en bolsa de valores alguna.
Todo eso “aumenta las sospechas de discrecionalidad con esos actores”, explicó Ruiz. De paso, también concluyó que las empresas chinas operan con ventaja, al comparar su situación con respecto a los viejos capitales que tienen años de estar establecidos en el país. Fundamentalmente colombianos, británicos y canadienses, además de estadounidenses.
Sustenta sus aseveraciones no solo en la mencionada opacidad, sino también en que a esas empresas no se les hizo cumplir con el requisito de efectuar un estudio de impacto ambiental. Tampoco tuvieron que consultar a las comunidades locales. Cita además, la supuesta renuncia de determinadas áreas que habían sido entregadas en concesión a esos viejos capitales, y cómo estas fueron rápidamente reasignadas a los recién llegados.
Un ejemplo claro es el de Calibre Mining Corp. y sus subsidiarias, minera que se fusionó con Equinox Gold en 2025. “La empresa redujo 413 671.49 hectáreas con la renuncia parcial de 5 lotes y la renuncia total de 8 lotes; adicionalmente la empresa desistió de 3 lotes en proceso de solicitud que sumaban 125 449.03 hectáreas”, señala el Boletín.
Otra señal de estas preferencias es el hecho que algunas de las empresas de origen chino que operan en el país, no se han registrado ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como manda la Ley.
El boletín mencionó un dato en donde una actividad originada en Honduras está afectando a Costa Rica. Se refiere a las importaciones de decenas de toneladas de mercurio, metal de procedencia mexicana y china, que entra ilegalmente a Nicaragua proveniente de nuestra vecina del norte. Después de atravesar nuestro territorio, una parte termina entrando a Costa Rica. También de forma ilegal.
