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El ministro de Seguridad de Costa Rica, Mario Zamora, afirmó el lunes 23 de febrero de 2026 que los mineros ilegales extraen oro en el país para procesarlo y venderlo en Nicaragua, por lo cual instó al país vecino a ejercer una mayor vigilancia en el fronterizo río San Juan donde existe una “ruta de contrabando”.
“El robo del oro de los costarricenses lo llevan a cabo coligalleros (mineros ilegales) que utilizan rutas de contrabando que pasan por el río San Juan y llegan al país del norte (Nicaragua), donde el sedimento minero se procesa, se extrae oro y esos dividendos quedan”, dijo Zamora en una declaración enviada a los medios.
El ministro anunció que solicitó al canciller, Arnoldo André, que interponga sus oficios ante el Gobierno de Nicaragua para solicitar el incremento del patrullaje policial en el río San Juan, fronterizo pero de soberanía nicaragüense.
“Estamos solicitando a las autoridades nicaragüenses que ejerzan su autoridad de policía en el río San Juan y en la ribera nicaragüense de ese río, a efectos de impedir el uso de territorio nicaragüense en esta ruta del contrabando del oro”, aseguró Zamora.
Según Zamora, el material minero está siendo extraído de la localidad de Las Crucitas, provincia de Alajuela, cerca de la frontera con Nicaragua, con la participación de redes de crimen organizado transnacional.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció que presentará este caso como uno de los problemas de seguridad de su país, en la reunión que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostendrá con mandatarios latinoamericanos el 7 de marzo de 2026 en Miami.
Actividad minera en Las Crucitas
En Las Crucitas iba a operar en 2010 una mina de oro a cielo abierto de la empresa canadiense Infinito Gold pero tras una extensa batalla legal, un tribunal costarricense anuló los permisos y la compañía no pudo comenzar a construir la mina. El sitio fue aprovechado por mineros ilegales que utilizan técnicas dañinas para el ambiente como el uso de mercurio, lo que ha generado severos daños ambientales en la zona.
El actual Gobierno del presidente Rodrigo Chaves impulsa un proyecto de ley para reactivar la minería de oro en Las Crucitas a cargo de alguna empresa. La iniciativa también es apoyada por la presidenta electa, Laura Fernández, quien asumirá el poder el próximo 8 de mayo.
El proyecto de ley, que enfrenta el rechazo de ambientalistas y de un sector de la oposición, establece que el Estado recibirá el 5% de las ganancias del negocio que funcionará bajo el modelo de concesión en extracción y operación de la “Planta de Procesamiento Centralizada de Las Crucitas”, sin el uso de mercurio y sin ocasionar un retroceso en el ambiente.
Además, el Ministerio de Ambiente y Energía será el encargado de realizar los concursos bajo el esquema de subastas para asignar uno o varios concesionarios que cumplan con términos ambientales.
