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El avance de la minería ilegal de oro en la zona de Crucitas, en Costa Rica, volvió a colocar el conflicto ambiental en el centro de la relación bilateral con Nicaragua, luego de que autoridades costarricenses denunciaron que el río San Juan está en la ruta del contrabando del oro, y que incluso empresas chinas que operan en el país, estarían comprando parte de ese material.
El 24 de febrero de 2026, tras realizar un sobrevuelo en la zona de Crucitas y el cerro Conchudita, el ministro de Seguridad Pública costarricense, Mario Zamora, señaló que desde que iniciaron los operativos, se han incautado 16 000 sacos con “sedimentos mineros camino a Nicaragua”, aunque se estima que cuatro veces esa cantidad ya fue trasladada al país. “Vamos a seguir trabajando en pro de la defensa de nuestra soberanía nacional”, señaló Zamora.
El Gobierno costarricense ha evitado confrontar abiertamente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pero ha pedido mayor vigilancia en la zona del río San Juan.
“La Administración de Rodrigo Chaves ha sido muy pragmática respecto de Nicaragua y el Gobierno de Ortega y Murillo, sin entrar en grandes conflictos con ellos”, recordó Carlos Cascante Segura, catedrático de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional (UNA), de Costa Rica.
Desde El Carmen, que funciona como residencia y centro de poder de Ortega y Murillo en Nicaragua, los “codictadores” no se han pronunciado sobre la problemática en Costa Rica ni reconocido públicamente el avance de la actividad ilegal por el lado nicaragüense.
El ministro Zamora, sin embargo, confirmó que el sábado 28 de febrero se reunirán con funcionarios nicaragüenses en Peñas Blancas para coordinar acciones conjuntas.
“Esto va de la mano de las posiciones de Estados Unidos frente al régimen de Ortega y Murillo. La impresión es que el régimen está buscando la forma de negociar con los Estados Unidos”, señaló Cascante.
El canciller de Costa Rica, Arnoldo André, afirmó que su homólogo de Nicaragua, Valdrack Jaentschke, “atendió amablemente la solicitud” de abordar la problemática de la minería oro ilegal en una reunión que se celebrará en la zona fronteriza y en la que también participarán los ministros de Seguridad.
Nicaragua no frena avance de la minería ilegal
En Nicaragua, el Ejército ha sido el único que reconoce, a su manera, la existencia de operaciones vinculadas a esta actividad en la zona fronteriza. Entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, reportó al menos 45 nicaragüenses y un costarricense detenidos en distintas fechas y zonas aledañas al río San Juan por la supuesta portación de “medios para minería ilegal”, que serían utilizados dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, fronterizo con Costa Rica.
El ambientalista nicaragüense Amaru Ruiz, presidente de la ilegalizada Fundación del Río, sostiene que los operativos del Ejército en la frontera “no detienen” la actividad de minería ilegal. “Hacen estos operativos en la zona de los puestos, que es cuando la gente debe pasar obligatoriamente por el puesto del Ejército”, explicó, al señalar que la dinámica real de esta actividad ocurre fuera de esos puntos de control.
En sus notas informativas, el Ejército indicó que entre los capturados hay nicaragüenses que ingresan al país procedentes de Costa Rica por “paso no habilitado”.
Ejército “sabe” de actividad ilícita
Ruiz detalló que el Ejército mantiene puestos en los principales afluentes que conectan con el río San Juan, “desde Bartola —puerta de entrada a la reserva Biológica Indio Maíz—, hasta la desembocadura del río Colorado”, en el extremo fronterizo con Costa Rica, pero sostuvo que la actividad minera se desarrolla lejos de esos controles.
“La actividad minera está a siete kilómetros del puesto del Ejército y el Ejército lo sabe muy bien”, afirmó, en referencia al sector de Las Cruces, donde —según indicó— hay “entre 3000 y 4000 personas desarrollando la actividad minera”.
“A pesar de que el Ejército es la única institución que reconoce que hay minería ilegal dentro de la Reserva Biológica Indio Maíz, cosa que el régimen no lo reconoce —agregó Ruiz— no hay un proceso de desalojo de esa población que está haciendo minería ilegal”.
A partir de las notas informativas del Ejército, en los últimos tres meses, hubo múltiples operativos:
- 9 de diciembre de 2025: en Las Cruces, se detuvo a 3 nicaragüenses, dos de ellos llevaban 72 galones de gasolina y herramientas para minería dentro de la reserva.
- 23 de diciembre de 2025: 3 nicas con “medios” para minería ilegal en esta Las Cruces y El Castillo.
- 13 de enero de 2026: 5 nicaragüenses con “medios” para minería ilegal en comunidades Las Vegas, El Samoso, El Vivero, Las Conchitas, y 3 más que ingresaron por “paso no habilitado” procedente de Costa Rica con “medios” para la actividad.
- 21 de enero de 2026: 10 nicaragüenses detenidos entre El Vivero, Veracruz y Caño La Tigra. El Ejército informó que se habían habilitado cinco pilas de cianuro que “violentaban las normas establecidas”.
- 13 de febrero de 2026: en sectores como Conchudita, El Jardín, Las Crucitas y Las Cruces, se detuvo a 21 nicaragüenses y 1 costarricense con un arma de fuego sin documentación y “medios que pretendían ser empleados para labores de minería ilegal”.
Fundación del Río: “Los dejan libres”
En la nota informativa del 13 de febrero, el Ejército señaló que en Boca de Sábalos, detuvieron a un nicaragüense proveniente de Costa Rica que trasladaba en embarcación medios para minería ilegal, y a otro le ocuparon 64 radios portátiles.
“Varios de los que han detenido están sueltos, los dejan libres, es decir no hay una verdadera detención”, mencionó el presidente de la Fundación del Río.
Costa Rica ha alertado sobre el impacto de esta actividad que incluye lavado de activos y contaminación ambiental irreversible con mercurio y que empresas chinas que operan “del otro lado del río San Juan”, en referencia a las ubicadas en Nicaragua cerca de la frontera con Costa Rica, compran sacos de sedimento, que es robado en Costa Rica.
El 20 de febrero de 2026, Zamora envió comunicación al canciller costarricense, Arnoldo André, para solicitar al régimen nicaragüense mayor patrullaje en el río y lograr frenar la “criminalidad organizada transnacional que se está desarrollando en la zona”.
“Nicaragua siempre ha reivindicado su soberanía sobre el río San Juan (…) Eso es un derecho y un deber, y se exige el derecho de custodiar ese río y evitar que a través del río se afecten intereses costarricenses”, dijo el funcionario en declaraciones a Noticias Trivisión de Costa Rica.
Cascante insistió que el Gobierno costarricense no tiene “intención de elevar el conflicto” por lo que ocurre en Crucitas. “Es un problema serio y para Costa Rica es realmente importante en términos de su política ambiental y su política de seguridad”, agregó el catedrático.
El Estado costarricense calcula que pierde 252 000 000 dólares al año por el saqueo del oro, lo que ha motivado incluso la presentación de un proyecto de ley para regular de forma estricta la exploración y explotación minera en el país frente al auge de actividades irregulares.
