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Con la entrega de una concesión minera que abarca a los municipios de Totogalpa, Yalagüina y Palacagüina, en el departamento de Madriz, el 16 de febrero de 2025, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo superó el millón de hectáreas entregadas en concesión a empresas chinas, con uno y dos años de funcionamiento en el país, de acuerdo con datos oficiales analizados por CONFIDENCIAL.
Son exactamente 1 004 287.38 de hectáreas, que equivalen a unos 10 042.87 kilómetros cuadrados (km2). La suma duplica la superficie total de algunos departamentos de Nicaragua, como, por ejemplo, Managua, que tiene una extensión de 3465 km2, o Chinandega, que mide unos 4822 km2. Además, cuadruplica la superficie de Estelí con 2230 km2, o Rivas con 2162 km2.
El millón de hectáreas, entregadas para explotación minera, está repartido en 72 concesiones dadas a 16 compañías chinas, algunas de las cuales acumulan hasta 17 concesiones y otras, recién creadas, han recibido la transferencia de una o dos concesiones entregadas originalmente a otra empresa china.
La última concesión minera entregada a una empresa china fue registrada el 16 de febrero de 2026, día en que se entregó a la empresa Brother Metal S.A. un lote de 2605.27 hectáreas, denominado Yalagüina II, ubicado en los municipios de Totogalpa, Yalagüina y Palacagüina.
Brother Metal S.A. acumula, hasta mediados de febrero de 2026, unas 14 concesiones mineras en Nicaragua, que comprenden 208 959.35 hectáreas de tierra en los departamentos de Madriz, Nueva Segovia, Chinandega y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Es la segunda empresa china con más concesiones en el país.
Dos de las concesiones que posee Brother Metal S.A., le fueron transferidas en noviembre de 2025 por la empresa El Porvenir Murra S.A.
Traspaso de concesiones
Zhong Fu Development S.A. es otra minera china beneficiada por el régimen orteguista. Esta empresa posee nueve concesiones que cubren 150 633 hectáreas, en los departamentos de Chinandega, Río San Juan y la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
Hasta septiembre de 2025 Zhong Fu Development S.A. acumulaba 13 concesiones mineras, pero transfirió cuatro concesiones a las empresas: Waslala Mine S.A., Y.M. Mining Company, S.A., Tutuwaka Mining Company, S.A. y Southern Mining, S.A.
Estas cuatro concesiones suman 113 958 hectáreas en el Caribe Norte y Sur.
De igual forma, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. ha sido favorecida con la entrega de concesiones mineras. Posee 12 concesiones que comprenden 144 884.8 hectáreas, ubicadas en Jinotega, Estelí, León, Río San Juan, Chontales, y las regiones autónomas de las Costa Caribe Norte y Caribe Sur. Es la tercera empresa china con más concesiones en el país.
Hasta julio de 2025, Nicaragua Xinxin Linze Minería Group S.A. poseía 14 concesiones, pero transfirió dos de ellas a la empresa Linze Excelente Mineria, S.A. Estas concesiones suman 10 592 hectáreas y están ubicadas en los departamentos de Chontales y Nueva Segovia.
La empresa con más concesiones
La empresa china con más concesiones mineras en Nicaragua es Thomas Metal S.A. Entre 2023 y 2026, recibió 17 concesiones que abarcan 228 272.98 hectáreas de tierra en los departamentos de Chinandega, Río San Juan, Nueva Segovia, Matagalpa, y el Caribe Norte y Sur.
Entre las concesiones entregadas a Thomas Metal S.A. destaca una que le fue transferida en enero de 2026 por la Compañía Minera Internacional, S.A. (Comintsa), sancionada en 2024 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
El lote cedido por Comintsa a Thomas Metal S.A., denominado La Reina II, comprende 4131.79 hectáreas en los municipios de Matagalpa y San Ramón, en el departamento de Matagalpa. La transferencia fue autorizada por el viceministro de Energía y Minas, Santiago Bermúdez.
En 2024 Washington sancionó a Comintsa y a Capital Mining Investment Nicaragua, dos empresas mineras que comercian con oro y que, como “afiliadas al Gobierno”, “generan ingresos para el régimen Ortega-Murillo”, según el Departamento del Tesoro.
Reportes periodísticos indican que Comintsa es dirigida por el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell Castrillo, pero es representada legalmente por Nelson Francisco Sobalvarro, según el Diario Oficial La Gaceta.
Otras mineras chinas operando en Nicaragua son: Global Group, con tres concesiones que suman 48 318.65 hectáreas, Three Gold Coins Company, S.A., con tres concesiones que suman 31 165.62 hectáreas, Little Stone Mine, S.A con dos concesiones que suman 21 661,96 hectáreas y New Era Mining Development Company con dos concesiones que suman 21.661,9 hectáreas.
Empresas chinas reciben trato preferencial
Amaru Ruiz, presidente de la confiscada Fundación del Río, explica que existe un “interés particular” del régimen Ortega-Murillo en promover la “rápida expansión” de las mineras chinas en Nicaragua. Estas compañías se instalan con mayor facilidad y reciben acompañamiento del régimen, algo que no sucedía con los viejos actores mineros en el país.
El régimen “les ha facilitado un sinnúmero de elementos, como los estudios de impacto ambiental que ya no realizan las empresas chinas, las concesiones dentro de áreas protegidas, el cambio del sistema de evaluación ambiental que les permite no hacer consultas en territorios no indígenas y, obviamente, la facilidad con que están otorgando estas concesiones”, enfatiza Ruiz.
El ambientalista indica que “el régimen ha modificado las reglas del juego para permitir que la minería china y las mineras chinas asuman el control de la minería industrial en el país”. Mientras tanto, agrega, “los viejos capitales están reportando una serie de presiones, que incluyen el no continuar con algunos lotes que ya habían adquirido”.
Además, advierte Ruiz, muchos de los lotes cedidos a las mineras chinas se encuentran en áreas de reserva minera, estas áreas fueron creadas por la sancionada Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) y luego pasaron a la Dirección General de Minas. Para la entrega de cada uno de estos lotes se debe establecer un contrato público-privado, el cual el régimen mantiene oculto.
Recientemente, el régimen traspasó la Dirección General de Minas (DGM) —una entidad clave en la administración del sector minero nicaragüense y sancionada por Estados Unidos desde octubre de 2022— a la “súper” Procuraduría General de Justicia (PGJ). Hecho que el ambientalista valora como un intento de ocultar la información relacionada a las mineras chinas, afán de evadir las sanciones de EE. UU. y más presión para los viejos actores mineros en Nicaragua.
