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La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme el jueves 4 de septiembre de 2025 la orden de cárcel preventiva contra Carlos Ramón González, un exalto funcionario implicado en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro y actual asilado político en Nicaragua.
El magistrado Jairo José Agudelo rechazó la apelación presentada por la defensa de González contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que en julio ordenó la “medida de aseguramiento” contra el exfuncionario, quien fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Petro.
La Sala concluyó que en el proceso quedó demostrada la forma en que González, cuando estaba al frente del Dapre, ordenó el pago de sobornos a congresistas para destrabar proyectos del Ejecutivo en el Congreso.
En concreto, el exfuncionario está acusado de ser uno de los cerebros del entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), adscrita al Dapre, desde donde supuestamente se desviaron recursos para pagar millonarias coimas a los expresidentes del Senado Iván Name y de la Cámara de Representantes Andrés Calle, hoy detenidos por este caso.
“Para la Sala, la Fiscalía, en ejercicio de la adecuación típica de la conducta acreditó el origen mediato de los tres billones de pesos (unos 750 millones de dólares) entregados a Iván Name Vásquez, los cuales fueron transportados por la Consejera de las Regiones en cumplimiento de la orden dada por Carlos Ramón González”, señaló la sala en su decisión.
El Tribunal confirmó así la medida de prisión preventiva contra el exdirector del Dapre por lavado de activos, uno de los tres delitos imputados por la Fiscalía. Los otros son cohecho y apropiación de bienes del Estado.
Protegido por Ortega en Nicaragua
Pese a ser requerido por las autoridades colombianas, González, de 66 años y excompañero de Petro en la desmovilizada guerrilla del M-19, permanece desde 2024 en Nicaragua, que en agosto le concedió asilo político y se ha negado a extraditarlo.
Por este caso, la Procuraduría abrió una investigación previa contra funcionarios de la Cancillería, luego de que un medio local revelara una supuesta carta en la que la Embajada colombiana pedía a la Cancillería nicaragüense renovar la residencia de González.
Petro negó esa versión y ministros de su Gobierno calificaron de “inamistosa y agresiva” la negativa de Nicaragua de extraditar al exfuncionario.
