AA
Share
El ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti, calificó el miércoles 20 de agosto de 2025 como “inamistosa y agresiva” la negativa de Nicaragua a extraditar al exalto funcionario Carlos Ramón González, solicitado por el Gobierno y señalado en el mayor escándalo de corrupción del Ejecutivo de Gustavo Petro.
“Más que ofender, es que si el presidente pide la extradición a cualquier país en el cual existen los tratados y ese país no corresponde a ese pedido de extradición, es algo inamistoso y agresivo que no debe pasar”, declaró a los medios Benedetti.
Las palabras del ministro siguieron a la difusión en medios colombianos de una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, enviada a su par en Bogotá y fechada el 20 de agosto de 2025, en la que informaba que se concedió asilo político a González bajo el argumento de que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”.
Tres días antes, el Gobierno de Petro había solicitado a Nicaragua la extradición de González, quien fue su director del Departamento Administrativo de la Presidencia de Colombia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y sobre quien pesa una orden de captura.
En la misiva, Nicaragua alegó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que “en ningún caso el extranjero puede ser expulsado o devuelto a otro país, sea o no de origen, donde su derecho a la vida o la libertad personal está en riesgo de violación a causa de raza, nacionalidad, religión, condición social o de sus opiniones políticas”.
Ante esa decisión, Benedetti advirtió que “habrá que revisar qué pasa con las relaciones diplomáticas” entre ambos países.
González, de 66 años y excompañero de Petro en la desmovilizada guerrilla del M-19, está acusado de desviar recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), adscrita al Dapre, para pagar sobornos a congresistas a cambio de apoyo legislativo al Gobierno.
La Fiscalía lo imputó por cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, al señalarlo de ordenar millonarias coimas a los expresidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, ahora detenidos por este caso.
Parte de ese dinero, según el ente acusador, provenía de un contrato para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira (norte).
Por este caso, la Procuraduría colombiana abrió la semana pasada una investigación previa contra funcionarios de la Cancillería, luego de que un medio local revelara una carta en la que la Embajada colombiana pedía a la Cancillería nicaragüense renovar la residencia de González.
Petro, sin embargo, negó esa versión y pidió a los medios “aclarar su noticia”, que consideró “falsa”.
