23 de septiembre 2023
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La carencia de capacidades técnicas para realizar investigaciones sobre delitos comunes, sumada a las prioridades de represión y espionaje político de la dictadura orteguista, han degradado a la Policía Nacional a depender de las amenazas y la tortura psicológica para cumplir sus funciones de investigación y esclarecimiento de casos.
Un juicio emprendido por el Estado en contra de una banda de presuntos estafadores de tarjetas de crédito y débito que extrajeron a 15 víctimas más de un millón de córdobas y 560 000 dólares, dejó al descubierto como la violación de derechos ciudadanos elementales es parte de un proceso de investigación regular de la Policía.
De acuerdo al acta del juicio al que se tuvo acceso, el abogado defensor de Sheyla Ríos Somoza, una de las acusadas de formar parte de la banda, denunció durante la audiencia que su cliente fue forzada a declarar bajo amenazas en contra de su hijo y resto de familiares, hechas por los agentes a cargo de su interrogatorio.
Interrogatorio a la fuerza y sin presencia de abogado defensor
“Oficiales de la Dirección de Investigación Económica, buscando como obtener que la señora Sheyla Ríos les brinde la clave o password de sus equipos ocupados, la someten a violaciones constitucionales que la protegen, como el derecho de guardar silencio y de no declarar en su contra, y de ser asistida por un profesional del Derecho, situaciones que no fueron respetadas hasta el día que se realiza la audiencia preliminar”, denunció en el juicio el abogado defensor, Roberto Rocha Zamora, de acuerdo a lo que registra el acta.
“Los oficiales insistieron con ofrecimiento que son incorrectos, como que si entregaba su clave de su celular, ellos la iban a dejar en libertad y le recordaron que tenía un niño menor, que si no cooperaba con ellos, no lo iba a volver a ver, así como a sus familiares, siendo que al final les entregó su contraseña”, expuso el abogado defensor ante el juez.
La saña con los reos de conciencia de la dictadura
El reportaje especial de CONFIDENCIAL, Las memorias del horror en las cárceles de Daniel Ortega detalló los brutales interrogatorios y torturas a las que fueron sometidos reos de conciencia encarcelados por la persecución política de la dictadura.
En este reporte, reos de conciencia denuncian como en sus interrogatorios para confesar sus supuestos crímenes, fueron víctimas desde amenazas verbales y ofensas, hasta privación del sueño, la angustia generada a los familiares por falta de información, condiciones insalubres, prohibición de la lectura y escritura y en casos extremos, arrancamiento de uñas y golpizas.
Abogados y expertos en seguridad pública, consultados por CONFIDENCIAL, valoran que estas prácticas que violentan los derechos humanos se han enquistado tanto en la Policía Nacional, que ahora son parte de un proceso regular de investigaciones de delitos comunes, sin necesidad de que tengan algún componente político.
Impunidad de la Policía para violentar derechos
“El hecho que la Policía utilice este tipo de mecanismos establece dos cosas: que en su actuar no respetan los derechos de ninguna de las personas, sea por el motivo que sea. Se sienten impunes para actuar de manera represiva y violatoria de los derechos ciudadanos”, dijo un abogado penalista, que pidió anonimato para evitar represalias de parte de la Policía Nacional.
“En segundo lugar, refleja la falta de capacidad de investigación para esclarecer hechos delictivos por medio de investigaciones conforme con los procedimientos legales. Ante la falta de capacidad técnica, recurren a las presiones y las amenazas. Básicamente ese ha sido el actuar de la Policía, y ahora lo hacen con mayor libertad”, añadió.
El abogado Rocha, de acuerdo con lo que consta en el acta de juicio, señaló que la “extracción de la información a su cliente” utilizada por la Policía, violenta lo establecido en los artículos 1, 15, 242 y 260 del Código Procesal Penal, referidos a los procedimientos de interrogatorios, los derechos de los investigados por algún presunto delito y la validez de las pruebas recopiladas vía testimonio.
Policía busca mostrar eficiencia, a cualquier costo
El experto en seguridad pública, quién también pidió el resguardo de su identidad, expresó que desafortunadamente, desde la llegada al poder de la dictadura orteguista en 2007, la Policía Nacional sufrió un proceso de desnaturalización, que se agravó luego de 2018, hasta convertirse en el principal aparato represor del régimen.
“Esto es un ejercicio que viene practicándose porque la Policía necesita mostrar eficiencia ante casos que no tiene la capacidad de resolver, porque están en otras funciones políticas. A partir de 2018, la actividad policial se politiza aún más, adquiere un mayor matiz y una mayor finalidad política, y las violaciones a los derechos ciudadanos se vuelven la práctica, no la excepción a la regla”, opinó.
“Eso implica que la Policía no está funcionando, no es efectiva en su labor, y eso es porque la función policial está destinada a otros ámbitos, principalmente represivos, espionaje y persecución política. Buscan demostrar efectividad a toda costa, tanto los que están a cargo, como jefes policiales, jueces y fiscales”, añadió.
Juez desestima denuncia y continúa juicio, pese a anomalías
El juicio en contra de los acusados por estafa se realiza en el Juzgado Quinto Distrito Penal de Managua, a cargo del juez Félix Salmerón, conocido por ser uno de los principales verdugos de presos políticos de la dictadura.
Salmerón desestimó la denuncia presentada por el abogado defensor de Sheyla Ríos y ordenó que continúe el juicio en contra de ella y demás acusados de formar parte de la banda de supuestos estafadores.
“La Policía Nacional ya no es un elemento de seguridad y protección, ahora es un elemento de amenaza. Las cárceles se están llenando de gente sin ser procesada diligentemente. La Policía es la punta de lanza de la inseguridad ciudadana en general”, afirmó el experto en Seguridad Pública.
