17 de julio 2023
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Las reformas a la Ley 872 o de Organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la Policía Nacional ordenadas por el dictador Daniel Ortega, legalizaron una política represiva interna, practicada por las vías de hecho en esta institución desde que es controlada por operadores leales al régimen.
Estas reformas, de acuerdo a expolicías, especialistas en temas de seguridad ciudadana y abogados consultados por CONFIDENCIAL, buscan frenar el flujo de deserciones en la Policía, al mandar un mensaje intimidatorio y de advertencia a sus miembros.
Las sanciones económicas y el encarcelamiento para aquellos policías que solicitaban su baja, ya sea por estar en desacuerdo con las políticas represivas de la institución o razones personales o financieras, es una práctica represiva a lo interno de la Policía, incluso con cierto camuflaje legal a partir de la aprobación de la Ley 872 en 2014.
Ese año, Ortega aprobó esta ley junto con las reformas a la Ley 181 del Código Militar, como parte del proceso de cooptación del Ejército y la Policía para garantizar el control de la misma y la lealtad de sus mandos.
Tres expolicías que desertaron, confirmaron a CONFIDENCIAL que los castigos por solicitar la baja son una práctica regular en la Policía del régimen, un procedimiento represivo que se agravó con las reformas aprobadas el 5 de julio de 2023, que establecen la realización de un proceso penal y una condena de hasta tres años de cárcel en el Sistema Penitenciario Nacional.
“Mensaje es para intimidar a policías y militares”
Julio Espinoza Gallegos es el caso más conocido de estas deserciones. Formaba parte de las unidades antimotines de la Policía, hasta que en abril de 2018 pidió su baja en protesta por la masacre perpetrada por las fuerzas policiales, con el respaldo de paramilitares del régimen, en contra de las protestas ciudadanas de ese año.
El castigo de la Policía en contra de Espinoza, por pedir su baja en las primeras semanas de la violencia desatada por la dictadura, fue encarcelarlo junto con dos miembros de su familia y un vecino.
Posteriormente, fue condenado a 25 años en un juicio fabricado por los supuestos delitos de “crimen organizado, terrorismo, lavado de dinero, secuestro simple, destrucción a la propiedad pública y privada, asalto y uso indebido del uniforme, emblemas y pertrechos de la Policía Nacional”. Salió nueve meses después, y tuvo que irse al exilio debido al acoso de los operadores de la dictadura.
“Esa política interna de represión, vigilancia y amenaza dentro de la misma Policía para los que se quieren ir es algo que siempre han mantenido. Lo que pasa que ahora lo hacen público con esta reforma a la ley. Lo que buscan es mandar un mensaje de amenaza a los mismos policías, y también a los miembros del Ejército, y lo buscan camuflar de esa manera”, relató Espinoza.
El antimotín, quien estuvo seis años dentro de la Policía, comentó que durante todo el tiempo que fue parte de la fuerza policial, se mantuvo una política de castigo contra lo que se consideraba una deserción, que en muchos casos se trataban de casos de bajas normales, solicitadas por motivos de salud, personales o por apostar a otro tipo de trabajo para subsistir.
“Le están dando un carácter de ley a lo que han mantenido siempre, y lo hacen públicamente porque quieren que aquellos policías desertores no salgan ahora diciendo que le violentaron sus derechos. Me parece que es como lo que hacían antes en los 80 con el Servicio Militar Obligatorio”, comentó.
“La idea es mantener a los policías en la institución sea como sea, esto siempre ha sido así y ahora lo hacen abiertamente, para mandar un mensaje diciendo: ‘El que se quiera ir, ya está sabido de los que pueda pasar. Es palo, plomo o cárcel. Y mi caso es un ejemplo de eso”, resaltó Espinoza.
“Deserciones no van a detenerse”, dice expolicía
“Pablo” —quien pidió ser identificado de esa manera para evitar represalias del régimen— es otro expolicía desertor. Confirmó los castigos en la Policía para aquellos que quisieran irse, pero considera que esto no va a frenar las deserciones de aquellos agentes inconformes.
“El proceso de desgaste de los Ortega-Murillo creció con la represión y sus abusos. Hay exigencia y desconfianza a nivel interno de la Policía, sumado a la influencia de familia y amigos a la hora de toma de decisiones en el caso de los oficiales que decidan irse”, opinó “Pablo”.
“La policía es ahora una fuerza militar obediente, distinta a la de carácter civil de antes. Creo que el resultado con esta reforma que hicieron será distinto a lo esperado. Habrá más miedo, pero las deserciones seguirán”, consideró.
“Luis” —otro expolicía desertor que pidió el resguardo de su identidad— explicó que la política de castigos es más dura con aquellos agentes que pertenecen a unidades élites como la Dirección de Operaciones Especiales o a quienes estaban en las fuerzas represoras, como los antimotines.
“Lo que sucede es que no solo era el hecho de que quienes pidieran su baja eran vistos como desertores que abandonan el barco antes de que se hundiera, sino que además tienen miedo de lo que estos policías saben, porque ya se venían cometiendo abusos desde antes de 2018” cuando la represión se salió de control, comentó.
Represión de 2018 agravó deserciones en la Policía
La Policía oculta en su información oficial datos sobre la cantidad de bajas o deserciones en sus fuerzas. Un registro de CONFIDENCIAL basado en reportes de medios de comunicación y organismos de derechos humanos nacionales e internacionales establece más de 30 deserciones desde 2018 hasta la fecha.
Este registro debe ser mucho mayor, debido al ocultamiento de información por parte del régimen y el temor de aquellos quienes desertan, ya sea porque permanecen en el país, o para evitar represalias a sus familiares.
Hay casos emblemáticos de deserciones, como el comisionado mayor Javier Martínez Ramírez, quien fue jefe de la policía en Matagalpa y huyó a Estados Unidos en febrero de 2021. Fue encarcelado y dado de baja de forma deshonrosa, luego que se descubriera su relación con una mujer que había participado activamente en las protestas de 2018.
Un reporte del diario La Prensa señaló que incluso Ramírez, quien participó activamente en los operativos de represión de 2018, fue objeto de persecución por miembros de la Inteligencia policial, para detenerlo y obligarlo a regresar de Estados Unidos, debido a la información que supuestamente conoce.
Un caso que resonó mucho en 2023 es el de la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, jefa de bloque en Matagalpa, quien prometió “continuar al lado de nuestro pueblo” en el 42 aniversario de la Policía de Nicaragua, en septiembre de 2021, cuando ella y 109 oficiales más fueron ascendidos en ese departamento del norte de Nicaragua. Finalmente decidió huir a Estados Unidos.
“Retiro voluntario” estaba anulado desde 2014
Un experto en temas de seguridad ciudadana, explicó bajo condición de anonimato, que desde la aprobación de la Ley 872 en 2014 se anuló la figura del “retiro voluntario” en la Policía.
“En 2014, la normativa especificaba varias causales para que un policía pudiese salir de la institución, como lesiones graves que te dejarán discapacitado, quedar con capacidades reducidas, que cometieras delitos o te despidieran. Pero solicitar tu baja fue algo anulado con la aprobación de la Ley 872. O sea que desde antes de aprobar estas reformas, no existía la posibilidad de renunciar”, explicó.
“Vos no podías solicitar tu baja o renunciar, porque implícitamente era considerado una deserción y te podían meter preso. Eso no estaba en la legislación, pero era una práctica interna de la Policía, una normativa interna no escrita. El policía que se iba, enfrentaba cárcel por el tiempo que decidía el jefe policial y una sanción económica”, añadió.
Subrayó que conoció muchas quejas de policías por estas políticas internas represivas, que se agravaron con luego de la masacre de 2018, debido a que la matanza desatada afectó a muchos agentes, tanto para aquellos que participaron en operaciones represivas, como quienes estaban en operaciones administrativas, pero fueron testigos de primera línea de los abusos a los derechos humanos ordenados por el régimen.
La reforma ordenada por el régimen introdujo tres nuevos artículos represivos a la Ley 872. El primero establece: “El personal policial que sin causa justificada desobedezca las órdenes de sus superiores, en perjuicio de la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de seis meses a dos años de prisión”.
El otro artículo nuevo cita: “El personal policial que abandone el servicio, lo que se considera deserción, incurriendo en un perjuicio grave a la seguridad ciudadana, será sancionado con una pena de dos a tres años de prisión”.
El tercer artículo adicional establece que estos castigos serán aplicados a los policías infractores, sin perjuicio de lo que establezca el Código Penal.
Riesgo para policías que sean enviados a la cárcel
El especialista en temas de seguridad señaló que las reformas agravan considerablemente los castigos que eran aplicados por las vías de hecho a los policías infractores.
“Lo que hizo Ortega es legalizar una práctica interna que ya se daba en la Policía. Pero no solo la legaliza, sino que también la endurece, porque ahora tiene una sanción penal. Ahora es un delito. Antes, te echaban preso una semana o 15 días. Ahora vas a juicio, te entablan un proceso penal y vas a la cárcel dos o tres años”, afirmó.
“Lo delicado de este asunto es cómo van a manejar el caso de los policías que sean condenados y vayan a la cárcel. En el sistema penitenciario, los policías tendrían que tener una cárcel independiente o exclusiva, porque ahí hasta los pueden matar”, subrayó.
Abren puertas a la discrecionalidad política
Un abogado penalista —quien también solicitó anonimato para evitar represalias de la dictadura— explicó que las reformas aprobadas son ambiguas y deja abierta las puertas para que las sanciones sean decididas discrecionalmente por la autoridad policial o judicial a cargo del caso.
Desde su punto de vista, esta ambigüedad fue establecida para que sea el criterio político y no el técnico, el que impere cuando se tome una decisión sobre las acciones de un policía.
“Evidentemente está redactada de forma tal, que sin importar la forma en que te hayas ido de la Policía, pueda ser interpretado de forma subjetiva y de la forma que quieran las autoridades policiales”, explicó.
“Si las autoridades sospechan tan solo que el policía se retira porque no quiere seguir cumpliendo órdenes, inmediatamente va a ser sujeto de un eventual proceso legal”, agregó.
El especialista subrayó que, aunque la reforma hubiese venido acompañada de una normativa clara sobre su aplicación, es evidente que la represión política hubiese imperado, dado el contexto de ausencia de libertades civiles y democráticas que impera en Nicaragua.
“La van a interpretar en el sentido que más convenga a las autoridades policiales y en que más pueda afectar a los policías que pidan su baja. La toma de decisiones será discrecional, lo que al final termina siendo arbitrario”, resaltó.
“Todo quedará sujeto a la voluntad de la autoridad que las va aplicar y ya sabemos bajo que régimen vive el país. Al momento de aplicarse este tipo de sanciones, lo que prevalecerán son criterios políticos por encima de los criterios técnicos”, afirmó.
El tiempo dirá si estas reformas frenan o agravan el flujo de deserciones en la Policía, pero es un hecho que las mismas fueron impuestas por el régimen debido al alto grado de inconformismo en sus filas.
En ese sentido, el exantimotín Espinoza Gallegos lo deja claro, cuando se le preguntó sobre sus sentimientos al abandonar la Policía: “El desprestigio de la Policía es nacional como internacional. De ser una Policía galardonada a nivel centroamericano, hoy es una vergüenza al juramento que haces cuando entras a la Policía”, reflexiona.
