11 de febrero 2022
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Los ejecutores de las órdenes políticas emanadas de El Carmen para condenar a los presos políticos de Nicaragua son un grupo selecto de 15 jueces y fiscales leales al gobernante Frente Sandinista, que se ensañan en los reos de conciencia que el mismo Daniel Ortega tildó de “criminales” e “hijos de perra del imperialismo” en noviembre de 2021.
El juez Luden Martín Quiroz García, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, impuso el 7 de febrero una condena de diez años de cárcel por el supuesto delito de “menoscabo contra la integridad nacional” a Ana Margarita Vijil, líder de la Unión Democrática Renovadora (Unamos).
Vijil fue detenida en junio de 2021 en medio de la escalada represiva con la que el régimen eliminó la competencia electoral, arrestando a más de 40 personas, entre líderes de la oposición, académicos, campesinos, estudiantes, empresarios y periodistas. Para llevar a cabo estas detenciones se valió de leyes represivas creadas a finales de 2020, entre ellas una que persigue las supuestas “noticias falsas” y otra que castiga la “traición a la patria”.
Después de la sentencia a Vijil, Quiroz declaró culpable este 8 de febrero al cronista deportivo Miguel Mendoza, conocido no solamente por su desempeño como profesional, sino por las opiniones críticas al régimen de Ortega.
El juez Quiroz, sin embargo, era un desconocido entre penalistas familiarizados con el sistema de justicia. Dos meses antes del discurso virulento de Ortega, se desempeñaba en un cargo con menos atención pública en el área civil. Era juez de ejecución de embargos del que fue sacado a la luz pública cuando se ejecutó uno contra la televisora Nicavision Canal 12.
El propietario de ese canal, Mariano Valle, calificó entonces el reparo interpuesto por la Dirección General de Ingresos como ilegal, y observó en el mismo un instrumento con el cual el régimen intentaba quitarles la televisora.
Seis jueces a cargo de asegurar las condenas
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Martín Quiroz es uno de los seis jueces que ahora están a cargo de condenar a reos de conciencia. Los otros son Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, del Juzgado Segundo del Distrito Penal de Juicio; Ángel Jancarlos Fernández González, del Juzgado Cuarto; Félix Ernesto Salmerón Moreno, del Quinto Distrito Penal de Juicio; Nancy Aguirre Gudiel, del Juzgado Décimo, y Ulisa Yahoska Tapia Silva, del Juzgado Décimo Tercero.
Fuentes judiciales indicaron que Tardencilla Rodríguez fue nombrada en el cargo en febrero de 2021, después de asumir la vacante cuando el sistema de justicia controlado por el FSLN ascendió a Adela Cardoza a magistrada de Apelaciones, precisamente por su papel destacado como verdugo de presos políticos de la Rebelión de Abril de 2018.
Nadia Tardencilla es hija del exdiputado Orlando Tardencilla, exguerrillero en los años 80 en El Salvador y embajador de Nicaragua ante la Organización de Naciones Unidas en Suiza, recientemente propuesto como parte de una terna para que ocupara el cargo de secretario general del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), que fue rechazada por el organismo regional.
El juez Ángel Jeancarlos Fernández es parte de la red de egresados de la Universidad Católica Redemptoris Mater (UNICA), fundada por el fallecido cardenal Miguel Obando y Bravo, y dirigida por la familia del exmagistrado Roberto Rivas —aliado del régimen y expresidente del Consejo Supremo Electoral—. En abril de 2018, días antes que estallaran las protestas opositoras, su casa de estudios lo felicitó en su cuenta de Facebook por su desempeño como juez primero local penal de Managua.
Félix Salmerón se graduó como licenciado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, en León, en 2007, con una monografía sobre cómo “excepcionar la acusación penal”. Antes de ocupar este cargo, fue juez suplente tercero de Distrito, especializado en violencia en Managua y también estuvo en el cargo de jefe de la tramitación de secretarios de los juzgados especializados en violencia. Además, tuvo experiencia como jefe de la oficina de tramitación local penal de los Juzgados capitalinos.
La jueza Nancy Aguirre ha estado en el cargo desde el 20 de octubre de 2010, según una nota escueta publicada en el sitio oficial del Poder Judicial. Desde 2018, se ha destacado también condenando a presos políticos.
En enero de 2021, Aguirre encontró culpables a dos nicaragüenses que estuvieron exiliados y fueron atrapados cuando regresaban al país por el Ejército de Nicaragua en la frontera con Costa Rica, acusándolos de asesinato, crimen organizado y tráfico de drogas, delitos rechazados por sus abogados defensores Julio Montenegro y Yonarqui Martínez. Sin embargo, la Fiscalía pidió para ellos 92 años de prisión. Aguirre condenó en febrero de 2021 a los presos políticos, Danny García y William Caldera, originarios de Masaya.
La jueza Yahoska Tapia también condenó este 7 de febrero a la dirigente de Unamos, Suyen Barahona. Es originaria de Masaya, y fue titular del juzgado local único de Ticuantepe. En 2014, fue candidata a secretaria de la junta directiva de la Asociación de Jueces y Magistrados de Nicaragua (AJUMANIC) en la plancha encabezada por el exjuez Julio César Arias, reconocido en el pasado por su papel como represor de presos políticos.
La Fiscalía rota sus fichas según la etapa del proceso
Del lado de la Fiscalía, que desempeña el papel de acusar a las víctimas de la represión de Ortega, los miembros del Ministerio Público rotan sus equipos, según la etapa procesal en la que se encuentren. Los principales fiscales son: Perla de los Ángeles Baca, Martha Ileana Morales, Jean Dylan Rivas Falcón, Jorge Luis Arias Jarquín, Marling de Jesús Castro Rodríguez, Andrea del Carmen Salas, Yubelka Pérez Alvarado, Carlos Rafael Espinoza Castilla y Manuel de Jesús Rugama, entre otros.
“Los viven cambiando. Porque una cosa es el nombre de la persona que aparece registrado interponiendo la acusación, otra la persona que llega entre audiencia y audiencia. Nunca es la misma persona”, aseguraron tres abogados defensores consultados por CONFIDENCIAL.
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En los últimos años, la Fiscalía además experimentó cambios en su personal, sobre todo a partir de 2018, cuando una parte renunció o fue echada para hacer una institución a la medida de los intereses del FSLN, representados por la fiscal general Ana Julia Guido, explicaron fuentes de la institución. Con esos nuevos miembros, que alcanzaron el 90% de todo el aparato de fiscales, garantizaron el cumplimiento de órdenes partidarias, sin importar la violación a granel de las leyes nicaragüenses.
El representante de la Fiscalía mandó a callar el 3 de febrero, por ejemplo, al líder estudiantil y preso político, Lesther Alemán, cuando fue declarado culpable, y pidió a la jueza que no le diera la palabra, pese a tener derecho.
Para imponer a sus fiscales, el régimen tampoco toma en cuenta la preparación profesional. Dos fuentes vinculadas a la Fiscalía confirmaron que la fiscal Martha Ileana Morales fue directora del Departamento de Planificación y Estadísticas del Ministerio Público y no tiene experiencia destacable desde el punto de vista procesal. “Es más bien una fiscal de escritorio”, dijeron.
La fiscal Perla de los Ángeles Baca es originaria de Nagarote, trabajó como asistente de fiscal en Jinotega, también como fiscal titular en Chinandega y fue subordinada del fiscal Manuel de Jesús Rugama, quien a su vez se destacó en la persecución a periodistas en el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro y antes fue policía, vinculado a las estructuras del FSLN.
La suerte de la fiscal Marling de Jesús Castro Rodríguez ha estado atada a la fiscal general Ana Julia Guido, de quien fue su asistente desde que era adjunta de la institución. Mientras, la fiscal Andrea del Carmen Salas es quien interpuso la acusación contra el preso político Miguel Mora, propietario de 100% Noticias, condenado a 13 años de cárcel.
Las fuentes consultadas por CONFIDENCIAL refieren que Yubelka Pérez Alvarado —la última de esta lista de fiscales— fue miembro de la Juventud Sandinista, estuvo en el área de la Unidad de Delitos contra la Violencia de Género, y en 2021 pasó a la Unidad Especializada contra la Delincuencia Organizada, el grupo élite formado para fabricar casos políticos bajo el mando del fiscal Javier Morazán.
“Todos estos funcionarios son leales al FSLN”, afirma una fuente que conoce el trabajo del Ministerio Público. Como otro ejemplo, cita el caso del fiscal Carlos Rafael Espinoza Castilla, originario de Chontales, ex fiscal de Jinotega y quien a partir de 2019 comenzó a perseguir con entusiasmo a los presos políticos, ganándose toda una reputación.
“El juicio se le hace a una persona que cometió delito y ni Miguel (Mora) ni el resto de presos políticos han cometido delito alguno. Lo que yo espero es su liberación inmediata. Hemos depositado nuestra confianza en Dios y que el Señor hará justicia”, dijo Verónica Chávez, esposa del exaspirante a la Presidencia y propietario del confiscado 100% Noticias.
Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), publicado en octubre de 2020, indicó que, desde el inicio de las manifestaciones, “las detenciones arbitrarias y la privación de la libertad han sido empleadas con la intención principal de reprimir cualquier postura de oposición al actual régimen y transmitir un mensaje de temor y control a la población nicaragüense”.
Para lograrlo, ha sido clave un engranaje de represión desplegado por la Policía, con el fin de asediar a objetivos precisos en sus casas, e impedir cualquier manifestación opositora, junto con la campaña de represión sostenida por el sistema de justicia, en la que participan jueces y fiscales para concretar las condenas a los críticos del régimen.
