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La suspensión arbitraria de los títulos de abogados y notarios públicos a miles de nicaragüenses dentro y fuera del país representa una nueva escalada en el desmantelamiento del Estado de derecho, advirtió el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). El organismo de Naciones Unidas denunció que la medida privó “de un día para otro a una parte esencial de la profesión jurídica” del país y dejó a la población sin “derecho a la defensa”.
El GHREN —en una nota publicada el 13 de julio de 2026— afirma que reunió testimonios de profesionales suspendidos y en la mayoría de los casos, “no hubo notificación previa, no se proporcionó fundamento jurídico y no se emitió ninguna explicación oficial”.
“La mayoría solo tuvo conocimiento de la medida cuando intentó ingresar a un tribunal, presentar escritos judiciales o introducir su nombre en el registro digital de la Corte Suprema de Justicia y comprobó que ya no figuraba en él”, subrayó el GHREN.
Los abogados comenzaron a enterarse de la medida a inicios de julio de 2026. Sin embargo, no existe un pronunciamiento oficial del Poder Judicial que explique el alcance de la decisión, los criterios utilizados para cancelar las credenciales o el total de afectados.
“Toda injerencia injustificada en las credenciales profesionales socava gravemente las instituciones de justicia y crea importantes obstáculos para la prestación de servicios jurídicos (…) La injerencia en el ejercicio de la profesión jurídica en Nicaragua no es nueva”, recordó el Grupo de Expertos.
La CSJ también ha “rechazado arbitrariamente” renovar los quinquenios notariales obligatorios de otros abogados, “impidiéndoles continuar ejerciendo funciones notariales”, denunció el Grupo de Expertos.
Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos señaló que con la evidencia se corrobora que existen “motivos razonables” para creer que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “está privando de manera sistemática a numerosos abogados de sus licencias para ejercer la profesión”.
“Depuración silenciosa”, según el GHREN
El Grupo de Expertos afirmó que las medidas recientes se producen tras una “amplia depuración del sistema judicial que está en marcha desde octubre de 2023”, cuando la Policía tomó el control de la Corte Suprema de Justicia y varios altos funcionarios fueron destituidos.
En 2023, la CSJ suspendió de “manera arbitraria y permanente” —según el Grupo de Expertos— a por lo menos 28 abogados. Además, ocho magistrados y magistradas, según el GHREN, “han renunciado o han sido obligados a dejar sus cargos, y más de un millar de funcionarios judiciales han sido despedidos”.
La reforma constitucional de 2025 —subrayan— “despojó al Poder Judicial de su condición de poder independiente del Estado, redefiniéndolo como un órgano que la Presidencia coordina”.
“Esta depuración silenciosa de la profesión jurídica es un clavo más en el ataúd de la independencia de la justicia en Nicaragua: primero fueron los jueces; ahora son los abogados y las abogadas (…) Las normas internacionales son inequívocas: nadie puede ser privado del ejercicio de la abogacía sin una audiencia imparcial ante un órgano independiente”, afirmó Reed Brody, miembro del Grupo de Expertos.
Ariela Peralta, también integrante del Grupo, señaló que los abogados han sido víctimas de “amenazas, hostigamiento, detenciones y exilio” desde 2018. Inclusive, han denunciado “restricciones para acceder a sus clientes”.
“Ahora también se les priva del ejercicio mismo de su profesión”, advirtió Peralta.
“Golpe” al Estado de derecho en Nicaragua
En una publicación en X, la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, calificó la cancelación masiva de títulos como “un duro golpe” para el acceso a la justicia en el país.
“La reciente remoción del registro CSJ de miles de abogados y la cancelación de sus credenciales para ejercer, supuestamente sin notificación o debido proceso, representa un duro golpe para el acceso a la justicia, la independencia de la profesión legal y el Estado de derecho”, denunció Satterthwaite.
La académica y especialista en derechos humanos —nombrada relatora especial sobre la independencia de los magistrados y abogados en octubre de 2022 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU—, recordó que los Principios Básicos sobre la Función de los Abogados establecen que los profesionales deben “ser capaces de desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidación, obstáculos, acoso o interferencia indebida”.
“Cualquier restricción al ejercicio de la abogacía debe respetar las garantías del debido proceso y las normas internacionales”, enfatizó la relatora.
Comunidad internacional debe pronunciarse
El Movimiento de Abogados Gremialistas de Panamá (MAG), emitió el 12 de julio de 2026 una resolución en la que condena la suspensión arbitraria de miles de abogados que afecta juicios y escrituras en Nicaragua.
La medida “constituye una violación flagrante al debido proceso, a la libertad de ejercicio profesional y a las garantías fundamentales consagradas en instrumentos internacionales de derechos humanos”, señalaron en la resolución firmada por su presidente, Raúl E. Rodríguez Araúz.
En su pronunciamiento, el MAG instó a la comunidad jurídica internacional, a los organismos de derechos humanos y a los colegios de abogados de la región a manifestarse frente a la situación que enfrenta la profesión jurídica en Nicaragua y a respaldar a los abogados afectados.
“Nos solidarizamos con la lucha de los colegas nicaragüenses por el respeto a la independencia de la abogacía y el libre ejercicio de la profesión”, señaló la organización con más de 47 años de trayectoria gremial.
