23 de noviembre 2023
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La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el régimen de Daniel Ortega, reformó en primera legislatura el artículo 159 de la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial, para eliminar el porcentaje mínimo del 4% del Presupuesto General de la República que por ley le correspondía al Poder Judicial. Abriendo así la brecha para disminuir el presupuesto asignado a este poder del Estado.
La reforma constitucional fue aprobada este jueves 23 de noviembre por los 91 legisladores nicaragüenses, quienes argumentan que el cambio persigue "homologar la disposición sobre la asignación de recursos de los Poderes del Estado y suprimir la rigidez presupuestaria".
En la reforma se establece que el Poder Judicial recibirá una partida del Presupuesto General de la República para el cumplimiento de sus funciones. Esa partida ahora estará sujeta a la voluntad del Poder Ejecutivo.
En 2023 el Poder Judicial recibió 154,21 millones de dólares (4210.52 millones de córdobas), equivalentes al 4% del Presupuesto General de la República. Un porcentaje igual tiene proyectado en el proyecto de presupuesto 2024, que para entonces ascenderá a 196,03 millones de dólares (5,352.2 millones de córdobas). Un monto que podría variar luego de la aprobación de la reforma constitucional.
Minutos después de reformar la Constitución en primera legislatura, los diputados aprobaron la reforma a la Ley orgánica del Poder Judicial para agregar los cambios realizados. Situación que va en contra del procedimiento legal, ya que los cambios a la Constitución deben ser aprobados en dos legislaturas.
Los cambios a la Ley orgánica del Poder Judicial están contenidos en el Título IV, Capítulo Único, Del Régimen Financiero del Poder Judicial y donde se elimina el 4% por ciento del Presupuesto General de la República.
También se reformó el artículo 86 de la misma Ley que señalaba que la modificación de las partidas presupuestarias se origina únicamente por solicitud de la Corte Suprema de Justicia y se aprueban por la Asamblea Nacional.
Además se le quitó la facultad a la Comisión de Administración del Poder Judicial de supervisar la ejecución del presupuesto, y se trasladó al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial del Poder Judicial.
Los cambios en las leyes que regulan el presupuesto del Poder Judicial ocurren en un momento en que ese Poder del Estado se encuentra paralizado, con dos magistrados en funciones: Marvin Aguilar, secretario político del FSLN, y Juana Méndez.
La barrida en el Poder Judicial –que dejó más de 900 despidos en menos de quince días– continúa contra empleados que están abajo en la jerarquía judicial, aunque el régimen se vio obligado a reintegrar a algunos funcionarios despedidos de áreas administrativas.
Un Poder Judicial a la medida del régimen
El abogado y activista político, Juan Diego Barberena, estima la reforma constitucional evidencia que existe una “disputa política” a lo interno del régimen y una “sustracción de funciones" del Poder Judicial.
“Al Poder Judicial únicamente le han dejado vigente la facultad que más le es funcional al grupo en el poder, que es la facultad de judicializar la política, es decir, de perseguir a la disidencia política”, explicó Barberena.
Recordó que, semanas atrás, el régimen orteguista traspasó a la Procuraduría el control absoluto de los Registros Públicos, que era otra fuente de financiación del Poder Judicial.
"El objetivo es dejar casi inoperante al Poder Judicial en cuanto en tanto su principal facultad de juzgar, ejecutar los juzgados y administrar correctamente la Justicia en perjuicio de los ciudadanos, no en perjuicio políticamente del Frente Sandinista ni de la dictadura Ortega-Murillo, que van a continuar utilizando el Poder Judicial como un órgano de persecución política”, agregó el abogado.
A lo que se refiere Barberena es que una menor disponibilidad de recursos en el Poder Judicial no afectaría a los magistrados de la Corte Suprema, ni a los magistrados del Tribunal de Apelaciones, ni a los jueces de distrito ni a los jueces locales, sino a los usuarios del sistema de justicia.
Además, advierte que ante esta situación "más dependencia va a tener el Poder Judicial del Poder Ejecutivo", que es quien asigna el Presupuesto General de la República. Tiene como fin, señala Barberena, "generar mayor sujeción, mayor subordinación y mayor control en el Poder Judicial".
Están acabando con el mínimo de independencia
Para el abogado y exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, las reformas aprobadas este jueves “no son poca cosa” sino que representan “un retroceso de más de cincuenta años de institucionalidad”. De tal manera que “están acabando con el mínimo de independencia y autonomía” que le quedaba al Poder Judicial.
Señaló que el presupuesto del Poder Judicial había sido parte de convenios, procesos de fortalecimiento y modernización en los que intervinieron los cooperantes y comunidad internacional postguerra.
Todo ello, “para que al menos como punto de partida se gozará de algo de independencia y autonomía financiera y no depender de las migajas y control económico y político del Poder Ejecutivo como será ahora”, agregó Morazán.
