19 de febrero 2025
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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, nombró al exprocurador general de la República, Joaquín Hernán Estrada Santamaría, como nuevo embajador ante el Gobierno de la República de la India.
A través de un acuerdo presidencial, Ortega designó a Estrada Santamaría en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de Nicaragua ante el Gobierno de la India, informó el Diario Oficial La Gaceta en su edición de este miércoles 19 de febrero de 2025.
Hernán Estrada era un abogado y notario de confianza de la pareja presidencial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo; tanto que fue quien los casó en 2005.
El nuevo diplomático renunció como procurador general de Nicaragua el 8 de mayo de 2019, alegando razones de salud, en medio de la crisis que estalló en abril de 2018.
En su carta de renuncia, Hernán Estrada explicó que había sufrido un “delicado accidente” camino a su casa, que se encontraba en recuperación. Sin embargo, su dimisión se dio en medio de una tanda de sanciones del Gobierno de Estados Unidos contra allegados de Ortega y Murillo.
La Procuraduría General es la representante legal ante el Estado, y Hernán Estrada ocupó ese cargo desde enero de 2007, cuando Ortega retornó al poder, hasta mayo de 2019.
Hernán Estrada quería la embajada en Washington
Aunque en su carta Estrada reiteró su fidelidad con Ortega, un cable diplomático emitido el 23 de noviembre de 2009 por el entonces embajador de Estados Unidos en Nicaragua, Robert Callahan, filtrado por Wikileaks mostraba el descontento del funcionario orteguista por no haber sido nombrado embajador en Washington.
“Al procurador Hernán Estrada le gustaría ser embajador en Estados Unidos (…) Durante una reciente reunión con el Embajador (Callahan), Estrada intentó demostrar su conocimiento de las cuestiones bilaterales y su dominio del inglés. Como exembajador en Alemania y Austria en la década de 1980, Estrada tiene la experiencia para dirigir una misión diplomática, pero sigue siendo un leal sandinista de la línea dura, que sigue las órdenes de Ortega y la primera dama Rosario Murillo”, detalló el documento.
“Aunque Estrada se enorgullece de ser de la élite intelectual del partido sandinista, es un descarado soldado de a pie del FSLN que aplica y defiende las políticas de Ortega”, escribió el diplomático estadounidense.
A Hernán Estrada también se le recuerda por ser quien legalizó la piñata de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP). Las operaciones de esta distribuidora de carburantes fueron compradas a sus antiguos arrendatarios, una empresa suiza llamada Glencore, usando fondos del acuerdo petrolero con Venezuela. En enero del 2012 descubrió que las operaciones de la DNP no pertenecían al Estado, sino que estaba bajo control de personeros y miembros de la familia presidencial.
El otrora procurador también fue señalado de legalizar despojos de propiedad a ciudadanos particulares, con tal de favorecer ya sea al Gobierno o a sus allegados.
“No quedaría piedra sobre piedra”
El ahora embajador en la India es el mismo funcionario que, en 2008, advirtió que “bastaría un llamado del jefe de Estado, del líder político del Frente Sandinista, comandante Daniel Ortega, a su militancia y no quedaría piedra sobre piedra sobre ningún medio de comunicación”.
“Si el comandante Daniel Ortega dispusiera llamar a las calles, no quedaría piedra sobre piedra sobre este país y sobre ninguna emisora y sobre ningún canal (de televisión), pero gracias a Dios no lo ha hecho por la sabiduría y la serenidad del gobernante que tenemos”, dijo entonces el exprocurador.
Según el gremio periodístico, Ortega ha cumplido con esa amenaza contra los medios de comunicación.
Entre 2018 y 2023 se han cerrado al menos 54 medios de comunicación, entre ellos cinco que fueron allanados y confiscadas sus propiedades, incluido CONFIDENCIAL, La Prensa, 100 % Noticias y la Trinchera de la Noticia, según la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), que forma parte de la red regional Voces del Sur.
Nicaragua cerró 2024 con tres periodistas nicaragüenses guardando prisión y otros 283 residiendo en el exilio por razones de seguridad o porque han sido desterrados de su país, según un informe de ese organismo.
*Con información de EFE.
