13 de marzo 2025
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Los trabajadores de la Asamblea Nacional, dominada por la dictadura orteguista, tienen una nueva asignación: estudiar y aprender la Constitución “Chamuca”. Desde la primera semana de marzo de 2015, los empleados del Poder Legislativo son obligados a asistir a unas capacitaciones que forman parte de la campaña “Nuestra Constitución Política: revolución, unidad y soberanía”.
Las capacitaciones son semanales y se extenderán hasta septiembre próximo, aunque en algunas de las dependencias del Legislativo continuarán hasta noviembre de 2025, según fuentes de ese poder del Estado.
Hasta mediados de marzo, estas capacitaciones sobre la Constitución “Chamuca” son exclusivas para el personal de la Asamblea Nacional y no se ha extendido a otras instituciones públicas, según consultas hechas por CONFIDENCIAL.
El 19 de febrero de 2025, un día después que entró en vigencia la nueva Carta Magna, los diputados de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos acordaron que cada miércoles “estudiarán artículo por artículo” la nueva Ley Fundamental.
En las primeras dos capacitaciones, los trabajadores han sido adoctrinados sobre el “legado” del general Augusto Calderón Sandino y lo que representa la bandera rojinegra del Frente Sandinista.
“Se constitucionaliza el reconocimiento de la lucha de Sandino y de la revolución Sandinista, que es reconocida como símbolo nacional junto a la bandera azul y blanco”, señalan las instrucciones que reciben los trabajadores durante las sesiones de estudio.
Preámbulo de la Constitución “Chamuca”
Además, las lecciones de adoctrinamiento incluyen el estudio del preámbulo de la Constitución “Chamuca”, que exalta a 45 personajes históricos y políticos de Nicaragua y Latinoamérica, alegando una supuesta reivindicación por “omisión histórica”, de acuerdo con la dictadura.
Estos personajes van desde los caciques Diriangén, Nicarao y Adiact hasta los grandes aliados ya fallecidos del dictador Daniel Ortega: Hugo Chávez, de Venezuela, y Fidel Castro, de Cuba.
Según los legisladores esos personajes “son guías que los nicaragüenses debemos de seguir por su esfuerzo y valentía”.
La Comisión de Asuntos Exteriores recopiló, inclusive, las biografías de cada uno de estos personajes que aparecen en el preámbulo de la Carta Magna para realizar una sesión de estudio sobre lo que consideran sus “acciones heroicas”.
En el nuevo preámbulo, que supera las 1000 palabras, se impone el lenguaje y narrativa “poética” y de “remembranza política” característica de la primera dama, vocera y vicepresidenta Rosario Murillo.
Aspectos sobre la “soberanía, autodeterminación e independencia y los derechos irrenunciables del pueblo nicaragüense” que tanto proclaman en sus discursos Ortega y Murillo, también serán estudiados en esta serie de capacitaciones.
Diputados supervisarán las “capacitaciones”
Los primeros en ser sometidos a esta formación ideológica fueron los trabajadores del área financiera de la Asamblea Nacional.
Según la legisladora María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, darán “seguimiento” a estas capacitaciones que se impartirán en las comisiones permanentes y las denominadas Unidades de Victorias del Órgano Legislativo.
De acuerdo con el Presupuesto General de la República de 2025, la Asamblea Nacional tiene 773 trabajadores distribuidos en diversas áreas:
- 230 empleados en servicios administrativos
- 34 en servicios a la producción
- 219 en el área de técnicos-científicos
- 177 en cargos de dirección
- 113 en servicios generales
La Constitución “Chamuca” fue aprobada por los diputados en dos legislaciones. Los cambios hechos en la Carta Magna suprimieron el principio de separación de poderes del Estado y crearon la figura de “copresidencia”. Además, extendió a seis años el período presidencial, lo que garantiza una dinastía familiar.
Analistas políticos y abogados constitucionalistas han afirmado que la nueva Constitución nicaragüense otorgó un “poder absoluto” al dictador Ortega y a su esposa, quienes definieron una “copresidencia” por un periodo de seis años. La reforma, además, anuló las libertades individuales y públicas de los nicaragüenses y subordinó totalmente al Ejército y la Policía.
