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Nicaragua es el único país en el mundo donde los ministerios, instituciones estatales o entes colegiados son dirigidos por dos funcionarios. Las “cojefaturas” se han convertido en una norma dentro del Ejecutivo nicaragüense y un mecanismo que, según analistas políticos en el exilio, la “copresidenta” Rosario Murillo instaura para desplazar a los “leales” de su esposo y “copresidente” Daniel Ortega, y asegurarse una sucesión dinástica “ordenada” y “segura”.
El nombramiento de dos “codirectores” o “copresidentes” en entidades estatales se comenzó a implementar en 2016, cuando la pareja presidencial nombró a Guillermo González y Xóchitl Cortez, como “codirectores” del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (Sinapred). Luego, la designación de “cojefaturas” avanzó hacia otras instituciones, bajo una supuesta política de igualdad de género.
“Cojefaturas” impuestas en 13 instituciones
El régimen ha impuesto “cojefaturas” en 13 instituciones estatales entre 2016 y 2025, pero no en todas se repartió el poder entre hombres y mujeres. Muestra de ello es el Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur), donde fueron nombradas Anasha Campbell, esposa del canciller Valdrack Jaentschke, y Mara Vanessa Stotti, esposa de Daniel Edmundo Ortega Murillo y nuera de la pareja de dictadores.
Otras entidades donde se han nombrado jefaturas compartidas entre hombres y mujeres son:
- El Instituto de las Culturas de Pueblos y Juventudes
- El Instituto Nicaragüense de Deportes (IND)
- La Empresa de dragado en Río San Juan
- La Cinemateca Nacional
- La Contraloría General de la República, que a pesar de ser un órgano colegiado tiene a dos copresidentes: Luis Alberto Rodríguez Jiménez y María Eliette Esquivel Tinoco.
Las últimas instituciones donde se nombraron jefaturas compartidas fueron el Ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Valdrack Jaentschke y Denis Moncada, y la Policía Nacional, bajo la dirección del comisionado general Francisco Díaz, que es consuegro de la pareja dictatorial, y el comisionado general Victoriano Ruiz.
Mientras tanto, en el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR), el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) y el Instituto Nacional Forestal (Inafor), este último trasladado al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (Marena) en octubre de 2024, se hicieron reformas legales para institucionalizar la “jefatura compartida”, pero no se materializó el nombramiento de dos codirectores.
Para la institucionalización de las “cojefaturas”, el régimen orteguista reformó leyes como la de Turismo y de la Policía Nacional, creando una “legalidad de fachada”. Debido a que “se cumplen formas jurídicas para vaciar de contenido las garantías democráticas”, sostiene Félix Maradiaga, politólogo y excarcelado nicaragüense.
Agrega que el nombramiento de “cojefaturas” tiene el fin de “blindar la sucesión dinástica, elevando a Rosario Murillo a paridad formal con Daniel Ortega”.
En febrero de 2025, mediante una reforma que modificó el 93% de los artículos de la Constitución Política, el régimen estableció la figura de la “copresidencia” de la República y automáticamente Rosario Murillo se proclamó “copresidenta”, sin que ningún nicaragüense la eligiera para ese cargo.
Desplazando a funcionarios leales a Ortega
Para el politólogo nicaragüense, José Antonio Peraza, este proceso de sucesión dinástica de Rosario Murillo se está llevando a cabo de una forma “chabacana” y generando “un caos en la administración pública”, con el nombramiento de dos personas para un mismo cargo.
“Como Daniel Ortega no ha fallecido todavía, ella (Murillo) va sustituyendo o equiparando poder en cada una de las instituciones del Estado donde considera que necesita tener un apalancamiento. Entonces, lo que está sucediendo básicamente es un desplazamiento de la gente que es fiel a Daniel por la gente que es fiel a doña Rosario”, subraya Peraza.
En este proceso de sucesión, advierte Peraza, “lo interesante es cómo ella (Murillo) ha venido sustituyendo desde hace mucho tiempo a la vieja guardia (sandinista) y a la gente que tiene alguna fidelidad con Ortega, para que cuando llegue el momento del deceso de Ortega, la transición sea lo más ordenada y segura posible para ella”.
Con este desplazamiento de funcionarios leales a Ortega, Murillo ha creado “un proceso de fidelización perruna”, remarca Peraza.
Control, gasto y clientelismo político
El abogado y exdiputado liberal, Eliseo Núñez, valora que este modelo de “cojefaturas”, diseñado por Murillo, “persigue un control cruzado de las instituciones”. De tal manera que, al colocar dos personas en un mismo cargo, “uno controla al otro y así, ella, tiene dos vías de información que le permiten validar si alguien le está mintiendo”.
Una valoración similar hace Maradiaga, quien describe las “cojefaturas” como una “vigilancia cruzada”, ya que “dos jefes se neutralizan entre sí y reportan hacia arriba, nadie acumula poder propio”.
Por otro lado, Núñez señala que el nombramiento de dos “copresidentes” o “codirectores” en las instituciones públicas también representa un aumento del gasto administrativo del Estado. Al tener dos funcionarios en cargos de dirección, los costos alrededor de ellos tienden a aumentar.
“Es un despropósito realmente lo que ha hecho Rosario (Murillo)”, alerta.
En ese mismo orden, Maradiaga enfatiza que la teoría organizacional muestra que duplicar jefaturas eleva los costos de coordinación y diluye responsabilidades. “En la práctica nicaragüense, la ‘doble firma’ no fortalece controles; los destruye, porque la decisión real no se toma en la entidad, sino en El Carmen”, subraya.
Además, Núñez advierte que al haber jefaturas compartidas “aumenta el espacio para el clientelismo político”.
Maradiaga señala que la duplicación de mandos también es una forma de “pagos de lealtad”, en los que incluyen hasta “familiares”, como es el caso del Intur.
Murillo es quien ejerce el poder en las instituciones
Los tres analistas coinciden en que al haber dos jefes en una institución pública es “difícil” saber quién toma las decisiones. Pero, apuntan que los funcionarios leales a la “copresidenta” tienen un mayor control institucional y son quienes permanecerán una vez concluido el proceso de sucesión dinástica.
Núñez señala que este modelo de gobierno “no se rige por una lógica de políticas públicas, una lógica gubernamental, sino por lo que Rosario cree que le funciona a ella”.
El poder real en las instituciones lo ejerce “la pareja presidencial”, advierte Maradiaga, quien señala que “las jefaturas compartidas no reparten poder sino que multiplican la dependencia… la línea estratégica la fija el binomio Ortega-Murillo y su círculo familiar”.
En ese mismo sentido, Peraza enfatiza que el nombramiento de dos cojefes en una institución genera “mucha tensión al interno”. Porque en estos casos no hay un manual que indique la forma de proceder. “Es una improvisación para ir sacando manteca, para sacar al que se tenga que exiliar de las instituciones. ¿Y quiénes van a ser los exiliados? La gente de Daniel Ortega, que es la que viene retrocediendo en el control del poder”.
De tal manera que, advierte Peraza, “los que están poniendo de segundo (cojefes) son porque obedecen a doña Rosario, no porque obedecen a Daniel. Entonces, al final de cuentas, esos son los que van a mandar. Los otros están ahí, mientras Daniel Ortega esté para ir a poner quejas”.
