4 de noviembre 2022
A escasos dos días de las votaciones municipales de este 6 de noviembre, el Frente Sandinista mantiene en las calles a su militancia, verificando casa a casa a la población, “invitándole” a participar en un proceso electoral sin garantías políticas. A la par, exige a los trabajadores del Estado que garanticen su voto temprano este domingo y que envíen una ‘selfie’ de su dedo machado con tinta indeleble a sus grupos de WhatsApp.
Unos 3.7 millones de nicaragüenses están convocados a estas votaciones, en las que solo participan el Frente Sandinista y otras cinco agrupaciones políticas consideradas colaboracionistas de la dictadura orteguista.
“(Votar) es exigido completamente. Es un requisito y nos van a estar llamando”, confirma “Carla”, una trabajadora del Estado que accedió a hablar bajo anonimato.
En su entorno laboral hay mucho temor. Los trabajadores sospechan que sus conversaciones pueden ser interceptadas, por lo que persiste una opinión generalizada de no decir nada. “(Hay) pánico de que de repente te quiten el teléfono y te lo revisen”, confesó.
Sobre las votaciones únicamente sabe que serán monitoreados a través de grupos de Whatsapp. Les consultarán si votaron y corroborarán los datos de su residencia, el Centro de Votación y la Junta Receptora de Votos (JRV).
“Carmen”, funcionaria del Poder Judicial, asegura que el control es más estricto para los colaboradores que estarán en las Juntas Receptoras de Votos. La orientación es que se presenten a las 6:00 A. M. para votar y mandar la foto de su dedo manchado junto con los datos de la JRV en la que ejercieron el sufragio.
Jueces a cargo de capacitaciones políticas
Desde la “farsa electoral” de 2021 varios trabajadores del Estado fueron obligados a participar en los tendidos electorales por orden de los responsables políticos de cada institución, comenta “Carmen”. Eso no cambió en 2022 y este año asistieron a dos capacitaciones; una política y otra institucional, por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE).
Sin embargo, ambos talleres, en el caso de “Carmen”, fueron dirigidos por jueces y no por funcionarios del CSE. El mensaje político de las funcionarias fue claro: “se tenían que ganar las elecciones” y de los trabajadores del Estado esperaban que cumplieran con cada caminata, caravana, cierre de campaña y verificación en los barrios.
“Carmen” siente que hace el “ridículo” porque reconoce que un verdadero proceso electoral implica una contienda entre partidos y debe ser transparente, pero “aquí no hay nada de eso”.
“Desde las elecciones presidenciales es el mismo sentir: que ya están ganadas por el FSLN”, apostilla la funcionaria.
“Carlos”, empleado público del sector salud, indica que la orden para quienes estén de turno el 6 de noviembre es que viajen a sus respectivas ciudades de origen para votar y regresen a su jornada laboral.
En la escuela secundaria donde trabaja la maestra “Lucía” están a la espera de las orientaciones sobre las votaciones. Sin embargo, señala que desde hace semanas les solicitaron sus números de cédulas. “Es probable que el objetivo sea rastrearnos en las juntas receptoras”.
“Esta es una forma de presión para el que no vote, queda verificado que no asistió a su junta, una estrategia para obligar a votar por temor a perder su plaza de trabajo”, comenta la profesora.