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El informe mundial sobre derechos humanos en 2025 divulgado por Human Rights Watch el miércoles 4 de febrero de 2026, destaca el agravamiento de la deriva totalitaria de la dictadura de Nicaragua, y al mismo tiempo documenta “la peor situación en democracia y derechos humanos en Estados Unidos en las últimas décadas”, resume Juan Pappier, subdirector para las Américas de HRW.
En una conversación en el programaEsta Semana, que se transmite en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, Pappier analizó las implicaciones de la política del presidente norteamericano Donald Trump, en la promoción de los derechos humanos y la justicia internacional.
“Lamentablemente, Estados Unidos ha dejado de apoyar los esfuerzos de justicia internacional, eso va a tener un costo enorme para las víctimas nicaragüenses. En el informe de HRW pedimos que los países de tamaño medio, como Brasil, Japón, la Unión Europea, Canadá, cubran el espacio, ayuden a apoyar estos mecanismos de justicia internacional para que víctimas como las nicaragüenses, las venezolanas, como las de tantas dictaduras en el mundo, sigan teniendo acceso a la justicia”, afirmó el defensor de derechos humanos.
El Informe Mundial de Derechos Humanos de Human Rights Watch destaca una mayor concentración de poder en Nicaragua y una nueva ola de represión en 2025 bajo el mando de la copresidenta Rosario Murillo. ¿Cuáles son las consecuencias y las evidencias de esa represión?
Nicaragua sigue en una deriva totalitaria. Lo he dicho muchas veces y lo repito, hoy Nicaragua es la Corea del Norte de nuestro hemisferio, el país más represivo que hay en nuestra parte del mundo.
En 2025 se sumaron dos fenómenos nuevos a esta ola totalitaria. Primero, la Constitución que se aprobó en enero, que consagra en la ley la concentración absoluta del poder en la presidencia compartida entre los copresidentes y que condiciona los derechos humanos establecidos en la Constitución al antojo de los copresidentes Rosario Murillo y Daniel Ortega.
El otro fenómeno que se profundizó en 2025, fueron las denuncias de represión transnacional con la muerte de Roberto Samcam, en Costa Rica, su asesinato y los reportes muy graves del Grupo de Expertos de Naciones Unidas sobre Nicaragua, indicando hechos de represión, de acoso, incluso muertes de críticos disidentes del régimen de Nicaragua ocurridos fuera del territorio nicaragüense.
El informe también resalta una nueva ola de detenciones contra partidarios del régimen, entre ellos varios ex altos funcionarios que están en la cárcel. El régimen, que se basa en la corrupción, los acusa de delitos económicos, ¿Estos exfuncionarios son víctimas de violaciones a derechos humanos?
Es importante que denunciemos las violaciones de derechos humanos sin importar quién es la víctima y quién es el victimario. Eso es lo que da credibilidad al trabajo en materia de derechos humanos. En Nicaragua estamos viendo un régimen que se canibaliza, donde hay facciones y luchas internas, y donde por decisión de Rosario Murillo, que prepara su sucesión absoluta para intentar coronarse en Nicaragua, hay esfuerzos por detener de forma arbitraria, con violaciones al debido proceso, a veces con desapariciones forzadas, incluso a personas que trabajaron para el régimen de Daniel Ortega.
El informe menciona la renovación del mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU, que han investigado evidencias para que el Estado de Nicaragua y más de 50 altos funcionarios sean llevados ante los tribunales internacionales. Pero al mismo tiempo, se destaca que la política del presidente Donald Trump en Estados Unidos tiende a debilitar la ley a nivel internacional. ¿Pueden los nicaragüenses mantener expectativas de justicia a nivel internacional, hay condiciones políticas para ir a la justicia internacional?
El trabajo de la justicia internacional se ha hecho cuesta arriba. Estamos viendo que Estados Unidos ha desfinanciado la ONU y eso incluye a la Corte Internacional de Justicia, que sería un mecanismo fundamental para llevar a Nicaragua ante los tribunales. Estados Unidos le debe cerca de 40 millones de dólares a los tribunales internacionales, incluida la Corte Internacional de Justicia. Y además, se ha ido en contra de la Corte Penal Internacional, sancionando a su fiscal, y a algunos de sus jueces porque han tomado decisiones valientes de investigar al gobierno de Netanyahu en Israel por crímenes de lesa humanidad cometidos en Gaza.
Lamentablemente, Estados Unidos ha dejado de apoyar los esfuerzos de justicia internacional. Eso va a tener un costo enorme para las víctimas nicaragüenses. Nosotros pedimos en el informe que los países de tamaño medio, como Brasil, Japón, la Unión Europea, Canadá, cubran el espacio, ayuden a apoyar estos mecanismos de justicia internacional para que víctimas como las nicaragüenses, las venezolanas, como las de tantas dictaduras en el mundo, sigan teniendo acceso a la justicia.
¿Qué posibilidades hay en torno a la justicia basada en la jurisdicción universal? En el caso de Nicaragua se abrió un proceso en Argentina, ¿pueden abrirse casos en otros países? En Costa Rica se ejecutó el asesinato de Roberto Samcam, pero también ha habido víctimas costarricenses, víctimas de Brasil y de otros países.
Es muy importante que la investigación sobre el asesinato de Roberto Samcam avance de forma decisiva y que las autoridades costarricenses reporten públicamente los avances. En cuanto a la jurisdicción universal, hay que hacer esfuerzos por llevar el caso de Nicaragua a otros tribunales domésticos, no solamente a los tribunales argentinos. Lamentablemente, los tribunales federales argentinos no tienen la mejor reputación, son tribunales influidos altamente por la política. Son tribunales con jueces que están pensando más en el calendario electoral argentino que en la justicia, esa es la realidad. Es importante llevarlo también a otros tribunales en América Latina, en Europa, para que haya una rendición de cuentas por las graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
Esta semana la OEA emitió una resolución de condena al régimen de Nicaragua por la represión, demanda la liberación de todos los presos políticos y también pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que siga monitoreando las violaciones en Nicaragua, a pesar de que la dictadura se retiró de la OEA. ¿Con el clima de polarización que hay en América Latina, tiene la voz de la OEA y de los gobiernos latinoamericanos incidencia en la crisis de Nicaragua?
El voto de la OEA es útil por dos motivos: primero porque es un recordatorio de que la OEA, los países de la región, no se olvidan de lo que está ocurriendo en Nicaragua, de que no lo normalizan, y es importante que haya un recordatorio periódico de que hay graves violaciones de derechos humanos en Nicaragua, de que allí existe una dictadura. Las declaraciones de la comisionada Rosa María Payá, que está a cargo de Nicaragua, fueron muy contundentes, claras y muy importantes.
Por otra parte, la resolución tuvo apoyo prácticamente de todos los países de la región. Eso es una demostración de las posiciones en América Latina y Estados Unidos sobre lo que ocurre en Nicaragua. Es importante que esos países avancen con mecanismos serios de justicia internacional, incluyendo llevar el caso de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.
Este informe de Human Rights Watch abunda en señalamientos sobre violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos y el deterioro democrático que se vive en ese país. ¿Cómo responde la administración Trump a estos señalamientos?
Hasta ahora no hemos tenido respuesta del Gobierno de Estados Unidos. Lanzamos el informe ayer (miércoles 4 de febrero) en Washington y fuimos muy claros sobre las violaciones de derechos humanos que ocurren en Estados Unidos, sobre el deterioro de la democracia americana, sobre la campaña de persecución en contra de migrantes y solicitantes de asilo en el país. No es el único informe que hemos publicado y, lamentablemente, la respuesta de la administración Trump suele ser evasiva, suelen ser respuestas en que no hay reconocimiento de las graves violaciones de derechos humanos que ocurren, ni se comprometen a tomar medidas serias para prevenir estos abusos. Pero seguimos trabajando para que nuestros hallazgos lleguen a tribunales nacionales en los Estados Unidos que frenen estas decisiones, también para influir en las decisiones que toma el Congreso, y para que se vayan tomando medidas para mitigar o frenar estas violaciones de derechos humanos que comete la Administración.
Pero ¿alguna vez se había presentado otro informe con críticas más fuertes o exhaustivas a la violación de derechos humanos en Estados Unidos que éste?
Nosotros hemos condenado los abusos en Guantánamo, la tortura que ocurrió durante la guerra contra el terrorismo, hemos condenado operaciones militares cometidas durante el gobierno de (Barack) Obama, las inconsistencias de la administración (de Joe) Biden, pero la situación hoy de los Estados Unidos en cuanto a democracia y derechos humanos es claramente la peor en las últimas décadas. El deterioro del último año ha sido brutal y por eso, reflejo de ello es que este informe sea tan duro y crítico sobre lo que ocurre hoy en el país.
¿Qué rol puede jugar en estos tiempos Estados Unidos en la promoción de democracia y derechos humanos en otros países, si en su propia nación se están violando sistemáticamente y debilitando a las instituciones democráticas de Estados Unidos?.
Lamentablemente, la tendencia hacia el autoritarismo en los Estados Unidos se refleja en la política exterior. Hemos visto que apoyan a gobiernos autoritarios, como es el caso de Nayib Bukele en El Salvador, e incluso aquellas dictaduras que critican como la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, las medidas que toman no ayudan a una transición a la democracia, sino que corren el riesgo de ayudar a consolidar la dictadura en Venezuela a cambio de que esa dictadura trabaje por los intereses comerciales, económicos, políticos de los Estados Unidos. Eso es una pésima situación para la lucha por la democracia y los derechos humanos en todo nuestro hemisferio, pero también es una señal de que los gobiernos de la región México, Brasil y otros, deberían fortalecer en su política exterior la promoción de los derechos humanos y la democracia para cubrir el vacío que hoy deja la ausencia de los Estados Unidos en esta tarea tan importante.
Los mensajes que publica la Oficina del Hemisferio Occidental de Estados Unidos sobre Nicaragua, demandando liberación de los presos políticos o cuestionando este sistema de la copresidencia, ¿responden a una presión política de la administración Trump contra el régimen de Nicaragua, o es solo una acción burocrática de una oficina del Departamento de Estado?
Hay distintas vertientes dentro del gobierno norteamericano. La que lidera el secretario de Estado, Marco Rubio, ha tenido históricamente una crítica y un compromiso por la situación que ocurre en las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua, y el subsecretario Landau está comprometido con esa posición. En las reuniones que he tenido con algunas de las embajadas en Centroamérica y en otras partes de la región, queda claro que hay una crítica honesta, genuina a las violaciones de derechos humanos que ocurren en esos países.
Por otra parte, hay otro sector de la administración Trump que no tiene ningún interés en la democracia y que solamente está pensando en la cooperación en materia de migrantes para lograr mayores deportaciones, en cooperación económica, y que quiere que el tema de la democracia no juegue ningún rol en la política exterior de los Estados Unidos. Al presidente Trump, el tema de la democracia y los derechos humanos no le interesa. Esas son las tensiones que hay dentro de la Administración, que a veces reflejan mensajes mixtos difíciles de entender, y esperemos que haya un trabajo más contundente, más serio, para promover la democracia que hasta ahora no hemos visto.
Mencionabas que algunos países o potencias medianas como Canadá, Japón, la Unión Europea, Brasil, podrían jugar algún papel de contrapeso a esta ola de regresión democrática y de violaciones a los derechos humanos. ¿Es posible un nuevo orden democrático internacional?
El orden actual está en crisis, está en un punto de quiebre y la única esperanza que nos queda es que los países de tamaño medio se comprometan con esos valores que fueron el consenso luego de la Segunda Guerra Mundial en la Carta de las Naciones Unidas y en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esa es la única esperanza que queda para proteger esta arquitectura de derecho internacional, que ha permitido el trabajo de la ONU y la consagración y promoción de los derechos humanos, que no son solamente esfuerzos burocráticos a nivel internacional, sino que tienen implicancia en los derechos humanos de todas las personas. Nosotros estamos trabajando para que estas potencias medias tomen posiciones más firmes al respecto, trabajen de forma mancomunada y promuevan el respeto del derecho internacional de los derechos humanos. Es la única esperanza que nos queda.
