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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intensificó su deriva autoritaria en Nicaragua a través de la aprobación de la Constitución “Chamuca”, la persecución sistemática de opositores, la privación arbitraria de la nacionalidad y la represión transnacional, denuncia el Informe Mundial 2026 de Human Rights Watch (HRW), en un capítulo sobre las violaciones a los derechos humanos en Nicaragua, publicado el miércoles 4 de febrero de 2026.
El organismo destaca que la reforma constitucional, aprobada en enero de 2025, concentró aún más el poder en el Ejecutivo, nombrando a Murillo como “copresidenta” y otorgándole la facultad de “coordinar” los poderes Judicial y Legislativo. Mientras, Ortega se mantiene en el poder desde 2007 y puede reelegirse indefinidamente.
La persecución sistemática a opositores continuó en 2025, “extendiéndose incluso a algunos partidarios del gobierno”, advierte HRW. Hasta enero de 2026, se reportaron al menos 87 presos políticos.
Se registraron las muertes bajo custodia del Estado del abogado Carlos Cárdenas y el opositor Mauricio Alonso, en agosto de 2025, tras semanas de desaparición forzada. Al menos seis presos políticos han muerto desde 2019.
El documento también señala que la Constitución “Chamuca” permite al régimen revocar la nacionalidad nicaragüense a personas consideradas “traidores a la patria”. Hecho que valoran como la “consolidación en el ordenamiento jurídico interno de una práctica que comenzó en 2023”.
Al menos 452 nicaragüenses han sido privados arbitrariamente de su nacionalidad y sus bienes fueron confiscados.
Represión transnacional
Human Rights Watch también recoge la denuncia sobre represión transnacional realizada por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos para Nicaragua de la ONU (GHREN), debido a que los nicaragüenses en el exilio enfrentan vigilancia, acoso por parte de las autoridades nicaragüenses y, en ocasiones, han sufrido ataques violentos.
Destacan que al menos siete opositores nicaragüenses en el exilio han sido asesinados o atacados desde 2018. El último de ellos, fue el mayor retirado del Ejército de Nicaragua Roberto Samcam, asesinado en junio de 2025, en San José, Costa Rica.
En septiembre de 2025, el GHREN pidió “mecanismos de protección para las poblaciones exiliadas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre la dimensión transnacional de las amenazas que enfrentan”.
Desmantelamiento de la sociedad civil
El informe, además, describe que el régimen ha “desmantelado sistemáticamente la sociedad civil”, cancelando la personería jurídica de más de 5500 oenegés desde 2018. Esto representa cerca del 80% de las organizaciones que operaban en Nicaragua. También se clausuraron al menos 58 medios de comunicación.
La nueva ley de telecomunicaciones, que entró en vigencia en noviembre de 2025, exige a los proveedores de servicios audiovisuales suministrar “toda la información que le sea requerida”, incluyendo datos georreferenciados. “Esta disposición representa una amenaza para la privacidad, la protección de datos personales y la libertad de expresión”, remarca HRW.
Entre 2018 y 2025, 293 periodistas huyeron del país, “la segunda cifra más alta de la región”, enfatiza el organismo.
Más de 342 000 nicaragüenses solicitaron asilo en el extranjero entre 2018 y mediados de 2025, principalmente en Costa Rica, Estados Unidos, México y España. Otras 31 000 personas fueron reconocidas como refugiados.
Líderes indígenas y afrodescendientes también han sido objeto de persecución. En 2023, la policía detuvo a los líderes del partido indígena YATAMA, Brooklyn Rivera y Nancy Henríquez. Henríquez fue condenada a ocho años de prisión y el paradero de Rivera es desconocido.
Aislamiento internacional y sanciones
El organismo enfatiza que el régimen nicaragüense profundizó en 2025 su aislamiento internacional. Solo ese año anunció su retirada de varios organismos de la ONU, incluyendo el Consejo de Derechos Humanos, la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la UNESCO y la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Previamente, se retiró de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en 2023. Ningún organismo internacional de monitoreo de derechos humanos ingresó al país desde 2018.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU prorrogó el mandato del GHREN. El grupo concluyó que existen motivos razonables para creer que las autoridades han cometido crímenes de lesa humanidad. Instó a los Estados a demandar a Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia.
Estados Unidos impuso restricciones de visa a más de 250 funcionarios por socavar libertades fundamentales, sumando más de 2000 prohibiciones. También mantiene sanciones financieras contra altos funcionarios y entidades vinculadas al Estado.
En octubre, la Unión Europea renovó las sanciones contra 21 individuos y tres entidades por violaciones de derechos humanos y socavar la democracia. El Reino Unido y Canadá también han sancionado a 17 y 35 individuos, respectivamente, por graves violaciones de derechos humanos.
El aborto sigue siendo un delito
Nicaragua mantiene una prohibición total del aborto desde 2006, bajo cualquier circunstancia. Las personas que abortan enfrentan penas de hasta dos años de prisión. Los profesionales de salud que lo practican pueden ser condenados a hasta seis años.
Esta prohibición obliga a mujeres y niñas a continuar embarazos no deseados, poniendo en riesgo su salud y vida.
En enero, el Comité de Derechos Humanos de la ONU dictaminó que Nicaragua violó los derechos de dos niñas de 12 y 13 años, sobrevivientes de violación. Al obligarlas a continuar con el embarazo, las sometió a situaciones que constituyen tortura, vulnerando sus derechos a la vida y la dignidad. El comité instó al país a garantizar el acceso efectivo a servicios de aborto para las víctimas de violencia sexual.
