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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio un nuevo paso en su alianza política y estratégica con Rusia al autorizar la firma de un tratado de extradición entre ambos países. A través del Acuerdo Presidencial 72-2026, publicado en La Gaceta el 18 de mayo de 2026, los “codictadores” otorgaron “plenos poderes” a su hijo Laureano Ortega Murillo para suscribir el convenio en representación del Estado nicaragüense.
El acuerdo, firmado el 14 de mayo de 2026 en Managua, designó a Laureano —representante especial para asuntos con Rusia y asesor presidencial para inversiones, comercio y cooperación internacional— y establece que es “suficiente para acreditar” su participación para concretar el “Tratado de Extradición entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia”.
La decisión del régimen se da cinco meses después de que el mandatario ruso, Vladímir Putin, autorizó formalmente, el 8 de diciembre de 2025, la firma del mismo tratado desde Moscú.
“Aceptar la propuesta del Gobierno de la Federación de Rusia sobre la firma del Tratado entre la Federación de Rusia y la República de Nicaragua sobre extradición”, establecía la orden que autorizó Putin en diciembre de 2025 y que dejó preparado el marco legal para avanzar en el acuerdo bilateral.
Aunque el contenido completo del tratado aún no ha sido divulgado, la firma de un acuerdo de extradición representa un nuevo nivel de cooperación jurídica y política entre ambos regímenes que mantienen un acercamiento militar, diplomático y de seguridad.
Asistencia legal mutua con Rusia
El régimen también publicó el Acuerdo Presidencial 71-2026 en el que se faculta a Laureano Ortega Murillo para suscribir el “Tratado sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal entre la República de Nicaragua y la Federación de Rusia”, un mecanismo que permitirá intercambio de colaboración entre ambos Estados en investigaciones y procesos penales.
En julio de 2025, la dictadura de Nicaragua había ratificado un acuerdo de “protección recíproca” con Rusia, que según organizaciones de derechos humanos prentende bloquear la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) y garantizar impunidad para los dictadores y sus allegados.
Expertos consultados por CONFIDENCIAL advirtieron, en ese momento, que “podría ser el plan b” de Ortega y Murillo, ante un eventual cambio de gobierno en Nicaragua y evitar la justicia internacional.
El acuerdo de “protección recíproca” entre Nicaragua y Rusia otorga “inmunidad absoluta” al copresidente, la copresidenta y el ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua. De igual forma, al presidente de la Federación Rusa, el presidente del Gobierno de la Federación Rusa y el ministro de Asuntos Exteriores.
Rusia un “problema agudo”
Con estos acuerdos, Laureano Ortega continúa ampliando funciones diplomáticas claves en la relación con Moscú y se ha convertido en el hombre de los “plenos poderes”, desde el 31 de agosto de 2023.
Su papel ya no se limita a temas comerciales o de inversiones. También participa directamente en convenios políticos, estratégicos y de cooperación estatal con gobiernos aliados del régimen Ortega Murillo.
La cooperación entre ambos países se ha expandido de manera sostenida en los últimos años. En diciembre de 2024, Rusia ya había aprobado un acuerdo de cooperación militar con Nicaragua por un período de cinco años.
Durante un foro del Diálogo Interamericano, realizado el 5 de mayo de 2026 en Washington D.C., el exencargado de negocios de Estados Unidos, Kevin O’Reilly, advirtió que Rusia es para Nicaragua un “problema agudo”. Moscú respalda al régimen en Managua porque considera que “tienen un cierto margen de acción, porque el acuerdo es que defenderán la seguridad del sistema político orteguista si las cosas se ponen difíciles”, afirmó O’Reilly.
A través del reportaje Centro de espionaje ruso opera en base militar de Mokorón en Managua, CONFIDENCIAL expuso cómo una base del Ejército de Nicaragua ubicada al sur de Managua, se ha convertido en los últimos años en uno de los principales centros de espionaje de Rusia en el país.
