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El Ministerio de Salud (Minsa), dio quince días de plazo a los directores de hospitales y centros de nivel similar en Nicaragua (hasta el 25 de noviembre de 2025), para que le reporten información sensible de todos los trabajadores bajo su mando.
En una carta, José Humberto Murillo Aguilar, director general de Recursos Humanos del Ministerio, deja claro en la misiva que todos tienen que presentar su declaración patrimonial. A inicios de febrero de 2025, CONFIDENCIAL publicó sobre una circular similar en la que le indican que era “de carácter obligatorio” llenar una “declaración de inicio para el cargo actual en el sistema en línea” de la Contraloría General de la República (CGR).
Sin embargo, parece que no lograron que todos los trabajadores lo hicieran, pues muchos rechazaban tener que entregar su información a la dictadura.
“Es una forma de mantenernos a raya. Ya no basta con que nos amenacen con espiar nuestras comunicaciones, sino que ahora también quieren que les digamos qué tenemos, para que sepan qué pueden quitarnos el día que se decidan a actuar contra alguno de nosotros”, dijo Manuel, empleado de nivel medio que trabaja para esa entidad.
En esa ocasión, a los trabajadores se les entregó un usuario y contraseña para acceder a la página de la Contraloría, indicándoles la información que debían aportar, tanto de ellos como de sus cónyuges. También los bienes que estuvieran a nombre de sus hijos menores de edad.
En el caso de las propiedades, debía incluirse el número de registro, folio y tomo de los títulos donde estuvieran asentadas, así como los datos del o los vehículos que poseyeran. También había que presentar los números de todas las cuentas bancarias, incluyendo la de pago, y los números de referencia de los préstamos que tenían vigentes.
“Yo no tenía problemas con que me pidieran esa información, porque me gusta llevar las cosas en orden, pero ni yo ni mi esposa estábamos de acuerdo con la exigencia de incluir la información de ella”, explicó Dionisio, un profesional que desempeñó un cargo técnico dentro de otra entidad gubernamental.
“Mi esposa se preguntaba por qué tenía que presentar esa información, si ella no trabaja para el Estado. Yo acepto declarar los bienes en común, pero no los ahorros que ella logró acumular con su esfuerzo personal”, complementó.
Toda la información… previa y posterior
En su carta, Murillo Aguilar indica que el requerimiento presentado a los trabajadores se sustenta en el artículo 20 de la ley número 438, Ley de Probidad de los Servidores Públicos, que indica quiénes son sujetos a presentar su declaración patrimonial. Al respecto, citó que “todo servidor público del Estado debe rendir cuenta de sus bienes antes de asumir el cargo y después de entregarlo”.
Si bien históricamente, los que estaban obligados a presentar esa información eran los funcionarios de rango mayor, Murillo Aguilar aclara que “lo anterior es independientemente del cargo que ocupe el servidor público o jerarquía que desempeñe”. Por si quedaba duda, reitera que eso cubre a todo funcionario, empleado público y trabajador. Todos están obligados a presentar su declaración patrimonial.
A continuación, indica a los administradores de entidades de salud que deben presentar un listado con todo el personal, incluyendo una dirección de correo electrónico “personal no institucional”. Con esa información, procederán a hacer el registro de los trabajadores en el Módulo de Acceso de Usuarios (MAU), del Sistema de Control de Declaraciones Patrimoniales (Siscodep).
Lo siguiente será que el sistema enviará un correo electrónico individual a cada trabajador, conteniendo su usuario y contraseña para que procedan a realizar su declaración patrimonial. Aunque la carta hace referencia al personal del MINSA, Manuel refirió que a colegas suyos que trabajan en los Juzgados, el Ministerio de Hacienda y en el del Trabajo, también se les exigió hacer esa declaración patrimonial.
“Hasta ahora, solo se lo estaban exigiendo a las personas que tuvieran un cargo alto, pero ahora es parejo: van contra todos”, describió. Manuel opina que la imposición presentada “es para cobrarnos más impuestos, y ver que más nos quitan. Yo diría que están en plan repela, calificó. Adicionalmente, opina que la razón para exigirles entregar esa información es porque “estos son paranoicos y como viven viendo enemigos en todas partes, quieren ver si los gringos están financiando a alguien”.
Dionisio observa que la declaración patrimonial se impone como un requisito, tanto para escalar de puesto en la jerarquía gubernamental, como para gestionar la liquidación al momento de renunciar o ser despedido. Al final, ni siquiera sirve para eso, porque “de todos modos, nunca te pagan esa liquidación”.
