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La nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes en Nicaragua entra formalmente en vigencia el 6 de noviembre de 2025, un año después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. La Ley 1223, o “nueva Ley Mordaza” pone en riesgo la seguridad y privacidad de las telecomunicaciones y el internet, bajo la dictadura bicéfala de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En CONFIDENCIAL analizamos los cambios y peligros que introduce la legislación, el nuevo rol del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y las nuevas obligaciones y riesgos para los consumidores y usuarios de internet, los operadores y proveedores de servicios, productores de contenidos, e importadores.
Para aprobar la nueva ley, la dictadura alegó la necesidad de modernizar el marco regulatorio, porque la última legislación se había aprobado en 1995. Pero Ley 1223 esconde un objetivo político: establecer una superestructura de control absoluto sobre el sector de las telecomunicaciones y el ciberespacio en Nicaragua.
La ley fue aprobada por la aplanadora oficialista de la Asamblea Nacional en octubre de 2024, y se publicó días más tarde en La Gaceta. Su objetivo, sin embargo, tiene origen en el intento de controlar las redes sociales tras las protestas ciudadanas que estallaron en el país en abril de 2018.
Sus consecuencias son la subordinación de la infraestructura de las telecomunicaciones, los contenidos digitales y la privacidad del usuario al control totalitario de la dictadura. Especialistas en derecho y telecomunicaciones han alertado que la nueva ley transforma la regulación técnica en una herramienta política, bajo el Estado policial de facto en Nicaragua.
La privacidad de los usuarios en riesgo
La ley tiene un impacto directo y severo en los derechos digitales y la privacidad de los usuarios de los servicios de telecomunicaciones.
El artículo 110 de la “nueva Ley Mordaza” obliga a los operadores de servicios públicos y proveedores audiovisuales a suministrar a TELCOR información georeferenciada y estadística, facilitando al Estado la implementación de sistemas de vigilancia masiva. Esta obligación incluye la posibilidad de monitorear comunicaciones, como llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos, y supervisar actividades en línea, como la navegación en internet y el uso de aplicaciones móviles.
Un análisis de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia alertó en 2024 que la recolección y análisis de esta información (incluyendo metadatos de comunicaciones como duración, ubicación y hora) permite la elaboración de perfiles detallados de individuos o grupos para identificar patrones de comportamiento y posibles disidencias. Esta se considera una de las amenazas más severas en un contexto de falta de libertades.
La ley establece el derecho a la inviolabilidad del contenido de las comunicaciones y datos asociados, pero lo anula ante el requerimiento de las autoridades, dejando la privacidad a merced de la discrecionalidad estatal.
Creadores de contenido y medios de comunicación bajo lupa
Los creadores de contenido en internet y medios de comunicación independientes quedan expuestos bajo la nueva ley de telecomunicaciones.
La ley define el “contenido” en internet como toda información generada bajo cualquier forma de expresión distribuida por medio electrónico. Este es un concepto que expertos consideran ajeno al marco tecnológico que una ley de telecomunicaciones debería normar.
El riesgo se profundiza por la Ley Especial de Ciberdelitos (Ley 1042), aprobada por la dictadura en octubre de 2020 y bautizada como la primera “Ley Mordaza”. Su redacción ambigua sobre la difusión de “información falsa y/o tergiversada” la convirtió en una herramienta inmediata de represión política. Desde su vigencia, la ley ha sido utilizada sistemáticamente para criminalizar y procesar a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, sirviendo como base legal para acusaciones arbitrarias que han llevado a la cárcel a numerosos presos políticos.
En septiembre de 2024, la Asamblea Nacional reformó la Ley Especial de Ciberdelitos para ampliar de 10 a 15 años de cárcel el castigo por ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”. Según la reforma, esos delitos serán castigados aunque sean cometidos fuera del territorio nacional por personas naturales o jurídicas.
Otro aspecto de la “nueva Ley Mordaza” es que obliga a canales locales y creadores audiovisuales que operan por internet a solicitar una licencia de TELCOR para poder funcionar.
Este requisito es percibido como un mecanismo político diseñado para sacar del juego a cualquier actor que disienta o no comulgue con el régimen. Por ello, se teme que estas restricciones resulten en un bloqueo digital de facto para medios independientes que operan desde el exilio.
Paradójicamente, se considera una infracción grave bloquear contenidos y aplicaciones sin la previa autorización de TELCOR, blindado el control absoluto del Estado sobre qué debe o no circular.
Los operadores y proveedores ante cooptación estatal
Los Operadores de Servicios Públicos de Telecomunicaciones y los Proveedores de Servicios Audiovisuales son la infraestructura crítica sujeta a la vigilancia y cooptación estatal. Ambos deben obtener una licencia de TELCOR y están bajo un control regulatorio y técnico exhaustivo.
Los proveedores de servicios audiovisuales incluyen la televisión abierta, por suscripción, radiodifusión y cualquier otro servicio de difusión de contenido audiovisual por cualquier medio, incluyendo internet.
La ley los obliga a unirse a las transmisiones nacionales de radio y televisión cuando TELCOR convoque, especialmente en casos de emergencia o cuando se transmitan mensajes de “interés nacional”. Igualmente, los obliga a poner sus instalaciones y servicios a disposición del Gobierno de manera gratuita en situaciones de emergencia.
En esencia, TELCOR cooptará la infraestructura de comunicación privada para asegurar la continuidad del flujo de información que favorezca al Estado, reprimiendo simultáneamente cualquier flujo informativo independiente o crítico.
Según cifras oficiales, en Nicaragua hay 7.5 millones de líneas de telefonía celular, de las cuales la telefónica Claro controla el 50.43% y la telefónica Tigo el 49.57%.
TELCOR: El brazo ejecutor del control estatal
TELCOR emerge en la nueva ley como el actor central, con un fortalecimiento de poder sin precedentes y una peligrosa centralización. El ente regulador es dirigido por Nahima Janett Díaz Flores, hija del jefe de la Policía, Francisco Díaz, consuegro de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ella está sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea desde enero de 2022.
Bajo el pretexto de planificar y desarrollar el sector, TELCOR recibe facultades amplias y discrecionales que amenazan directamente los derechos digitales y la libertad de expresión, en un contexto de violaciones a las libertades públicas.
A través de TELCOR, la ley consolida el control gubernamental sobre las telecomunicaciones, con facultades para normar, regular, planificar, supervisar y fiscalizar el sector de las telecomunicaciones.
El peligro —según los especialistas— es que las ambigüedades y vacíos en sus definiciones facilitan la aplicación arbitraria de la ley.
Además, la legislación faculta a TELCOR a auxiliarse de la fuerza pública para ejecutar inspecciones, fiscalizaciones o el retiro de equipos por razones de supuesta “seguridad nacional” o incumplimiento normativo.
TELCOR también tiene la capacidad de intervenir en operaciones de empresas privadas, imponer sanciones o revocar licencias, basándose en criterios amplios o poco definidos. Incluso, podrá restringir o prohibir la internación y uso de equipos que, a juicio de la dictadura, pongan en riesgo la seguridad del país.
La ley también le permite emitir todas las normativas posteriores que sean necesarias a la aprobación de la ley, sin que estas pasen por la Asamblea Nacional. Esto deja la definición de muchos detalles a discreción del ente regulador, entre ellos los costos de las licencias y la regulación de los contenidos.
Requisitos para fabricantes e importadores
Los fabricantes e importadores de equipos de telecomunicaciones también están sujetos a un control estricto sobre el hardware que ingresa al país.
La fabricación, importación, distribución y comercialización de equipos requiere la previa homologación ante TELCOR.
Según la ley, el objetivo es comprobar que sus características técnicas no afectarán o dañarán las redes y garantizar la seguridad de los usuarios.
Ante esto, TELCOR podrá establecer la restricción o prohibición del ingreso y uso de equipos que, a su juicio, pongan en riesgo la seguridad nacional.
En noviembre de 2024, la dictadura publicó una circular para obligar a los ministerios e instituciones del Estado en Nicaragua a favorecer a los fabricantes de tecnología de información y comunicación de origen chino en las licitaciones públicas. “Todas las entidades y organismos del sector público en general, deberán priorizar la adquisición de soluciones de tecnología de la información y las comunicaciones, cuyo país de origen del fabricante sea la República Popular China”, indicó la circular administrativa DGCE-SP-10-2024, firmada por el director general de contrataciones del Estado, Nasser Silwany González.
El espionaje de las comunicaciones en Nicaragua
La nueva ley está precedida por los antecedentes de espionaje de las comunicaciones de la dictadura. En agosto de 2024, una investigación de CONFIDENCIAL reveló que una base del Ejército de Nicaragua ubicada en el Cerro Mokorón, al sur de Managua, se ha convertido en uno de los principales centros de espionaje de Rusia, según fuentes vinculadas a la institución castrense. El reportaje, titulado “Centro de espionaje ruso opera en base militar de Mokorón en Managua” detalló que los funcionarios rusos son los únicos que controlan y manipulan los equipos y la información obtenida, mientras los oficiales nicaragüenses se limitan a brindar “seguridad” en la base, de acuerdo con fuentes que tuvieron acceso a la instalación militar.
Las antenas y equipos de espionaje de Rusia se instalaron en varias bases militares nicaragüenses, a mediados de 2017. Desde entonces, la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar del Ejército ha procesado la información recibida con el sistema de radiogoniometría, que localiza geográficamente señales telefónicas, televisivas o de radios que se generan en el espectro radioeléctrico. Se trata, supuestamente, de una estrategia de defensa nacional.
El sistema de radiogoniometría cuenta con ocho puntos en el país, distribuidos en Chinandega, Nueva Segovia, Chontales, Rivas, el Caribe Norte y puntos cercanos a las fronteras con Honduras y Costa Rica.
La investigación detalló que a ese sistema que monitorea la actividad de supuestos grupos subversivos y del narcotráfico y las comunicaciones de los ejércitos vecinos, los rusos le han agregado el software SORM-3 para espiar y escuchar las comunicaciones de sus “objetivos”, así como a los llamados “enemigos internos” de la dictadura.
Las antenas falsas para interceptar celulares
Previamente, en octubre de 2022, un análisis publicado por CONFIDENCIAL también reveló la existencia de 39 antenas falsas que vigilan celulares en Nicaragua. El análisis de la organización South Lighthouse –dedicada a investigar tecnologías al servicio de los derechos humanos– y el estudio Fake Antenna Detection Project (FADe Project) detalló irregularidades en antenas de Managua, Matagalpa, Jinotega y Estelí, que permiten capturar información de celulares de la población, a través del uso de dispositivos IMSI-Catcher, utilizados para la vigilancia electrónica.
CONFIDENCIAL consultó a especialistas en temas de seguridad informática sobre cómo evitar que su teléfono sea capturado por las “antenas falsas” en Nicaragua. Uno de los especialistas explicó que el problema para evadir la vigilancia de las antenas falsas es que el teléfono no avisa en qué momento se conecta de una antena a otra, por lo que cualquier ciudadano puede ser alcanzado por la cobertura de un IMSI Catcher sin percatarse.
La entrada de China en la telefonía celular
La presencia de China en el sector también se ha afianzado en los últimos años. En julio de 2025 se publicó que la empresa Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd., constituida en China, creará una nueva empresa de telecomunicaciones en Nicaragua, según dos contratos por casi 107 millones de dólares, firmados con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). El plan es operar una red 4G, con equipos de la marca Huawei.
Las obras a ejecutar contemplan la construcción de una red LTE (Long Term Evolution) con 190 estaciones base inalámbricas para cubrir los municipios de Managua y Ciudad Sandino, conforme al primer contrato.
El segundo contrato prevé una red menos densa, con 276 estaciones ubicadas en varios departamentos de la franja del Pacífico, centro y norte del país, según un mapa poco preciso incluido en el documento.
En una entrevista en el oficialista Canal 8, el 4 de noviembre de 2025, la directora general de TELCOR, Nahima Díaz, confirmó que Nicaragua tendrá “en el corto plazo” un nuevo operador de telefonía, aunque prefirió no dar una fecha específica.
Díaz destacó que la Ley de Telecomunicaciones Convergentes permitirá el derecho a la portabilidad numérica, que permite que una persona mantenga su mismo número de teléfono aunque se cambie de operador.
Sin embargo, aclaró que el cambio no es automático con la nueva ley. “Se tienen que ver temas administrativos, técnicos y legales de los operadores. Ya tenemos avances con los operadores, muy colaborativos —destacó—, y están preparando parte de su presupuesto”.
