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La Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó por unanimidad una nueva Ley de Territorio Fronterizo, que declaró como “territorio fronterizo” el área comprendida desde el límite internacional hasta 15 kilómetros hacia el interior del país. La nueva legislación, según analistas nicaragüenses, tiene un “carácter confiscatorio” porque adjudica el control total de las zonas fronterizas al régimen.
La nueva delimitación crea una zona de control especial, bajo el resguardo del Ejército de Nicaragua.
En su artículo 2 establece que “para salvaguardar la soberanía y seguridad nacional, la integridad territorial, la independencia del país y la paz, el territorio fronterizo es propiedad del Estado nicaragüense”.
El abogado y exdiputado liberal, Eliseo Núñez, valora que la nueva Ley de Territorio Fronterizo es “confiscatoria” y que su propósito es “dar más bienes al Ejército de Nicaragua”.
Sugiere que la definición de propiedad estatal deja en “incertidumbre” las propiedades privadas que, por su ubicación o función, podrían ser reclamadas bajo esta categoría.
Derogan legislación de 2010
La nueva normativa también deroga la Ley de Régimen Jurídico de Fronteras, aprobada en diciembre de 2010 y que establecía un régimen especial para el territorio fronterizo, tanto terrestre, marítimo como aéreo, con el objetivo de garantizar la soberanía, seguridad e integridad territorial, así como promover el desarrollo sostenible en esas zonas.
De acuerdo con Eliseo Núñez, con la nueva legislación, compañías de telecomunicaciones, energía y agricultores podrían ver sus terrenos reclamados.
Esto genera “dudas sobre la seguridad jurídica de sus derechos de propiedad ante posibles intervenciones estatales”, subraya.
Sin embargo, durante la sesión parlamentaria, el diputado sandinista Edwin Castro justificó que “la nueva ley define con claridad el resguardo de nuestra frontera para evitar las transacciones ilícitas que internacionalmente comete el crimen organizado”, y que “no afecta a los nicaragüenses que habitan ahí”.
Territorio del Estado pasó de 5 a 15 kilómetros
Los 15 kilómetros del territorio fronterizo ya estaban contemplados en la legislación anterior, pero solamente los primeros 5 —desde el límite fronterizo hacia el interior del territorio nacional— eran considerados “área inalienable del Estado de Nicaragua”.
Anteriormente, el territorio fronterizo estaba clasificado en: Zona de Desarrollo e Integración Fronteriza, Zona de Seguridad Fronteriza y Zona Especial de Protección Fronteriza. Clasificación que delimitaba las áreas habitadas donde se requiere un tratamiento especial por las instituciones del Estado, las áreas protegidas y pueblos indígenas, y el área inalienable del Estado de Nicaragua.
La legislación anterior, también, prohibía los establecimientos humanos en áreas protegidas, sin perjuicio de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, y reconocía las propiedades privadas en el territorio fronterizo. Todo esto fue borrado en la nueva ley.
¿Territorios fronterizos para chinos?
El ambientalista Amaru Ruiz, presidente de la cancelada Fundación del Río, sostiene que la nueva ley pretende legitimar la entrega de concesiones mineras en áreas protegidas ubicadas cerca del límite fronterizo entre Nicaragua y Costa Rica.
Recordó que, entre finales de julio e inicio de agosto de 2025, el régimen entregó tres concesiones mineras a la empresa china Thomas Metal, un hecho que entraba en contradicción con la legislación anterior.
Ruiz señala que el régimen inaugurará cuatro nuevos puntos fronterizos con Costa Rica. Estos se ubicarán en San Juan de Nicaragua, El Delta, Sarapiquí y Papaturro. Estas aperturas beneficiarían intereses chinos y otros.
