12 de febrero 2025
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El Parlamento Europeo (PE) condenó este jueves 13 de febrero de 2025 la última reforma constitucional del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, urgió a la Unión Europea (UE) a que active la "cláusula democrática" de su Acuerdo de Asociación, que permitiría suspender el pacto si no se respetan los derechos humanos, y llamó a los Estados miembros a denunciar al régimen ante la Corte Penal Internacional.
En una resolución aprobada a mano alzada, la Eurocámara instó a Ortega y a Murillo a que revoquen la última reforma a la Constitución de Nicaragua, mediante la que transformaron el Estado, y "todas las leyes represivas que institucionalizan el totalitarismo", así como la liberación inmediata de todas las personas presas políticas.
"Estas son condiciones previas esenciales para cualquier perspectiva de diálogo significativo", señalan los eurodiputados, que volvieron a pedir a la UE que active la cláusula democrática de sus acuerdos con la región centroamericana y suspenda esta asociación si Nicaragua no respeta los derechos humanos y sus obligaciones internacionales.
El Parlamento Europeo subrayó que la UE debe incluir "garantías específicas de respeto de los derechos humanos a la hora de asignar sus fondos, incluso a través de instituciones multilaterales y financieras", y vigilar que el dinero que desembolse no contribuya a reforzar al régimen.
Denunciar al régimen ante la Corte Penal Internacional
Los eurodiputados, además, urgieron a los países de la Unión Europea a que inicien investigaciones a través de la Corte Penal Internacional sobre el régimen de Ortega y Murillo por crímenes contra la humanidad y a que amplíen la lista de personas sancionadas por la UE en Nicaragua para incluir a Ortega, a Rosario Murillo y a su círculo de allegados.
El pleno de la Eurocámara también condenó "las violaciones sistémicas y generalizadas de los derechos humanos contra la población, la oposición democrática, los estudiantes y las organizaciones de la sociedad civil, así como la persecución de líderes religiosos".
Además, denunciaron el uso del exilio y la revocación de la nacionalidad "como arma contra las voces disidentes", pidieron que se permita el retorno seguro de los exiliados e insistieron en la importancia de respetar el derecho a la disidencia política.
La persecución política "nunca será aceptable"
Un día antes, los eurodiputados debatieron sobre la represión en Nicaragua y señalaron que la última reforma constitucional aprobada por la dictadura no es más que “otra vuelta de tuerca” a la democracia, al pluralismo político y al Estado de Derecho. Y un paso más hacia “el control de todas las instituciones” dado por Ortega y Murillo.
La eurodiputada, Leire Pajín, del grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, advirtió al régimen que “por muchas reformas que hagan no será nunca aceptable la persecución política y la limitación de los derechos fundamentales” en ninguna nación del mundo.
En ese mismo orden, el eurodiputado Carlo Fidanza, del grupo de Conservadores y Reformistas Europeos, señaló que la reforma constitucional aprobada en Nicaragua en enero pasado, “básicamente afianza a esos dos esposos en la cumbre de ese régimen que pisotea desde hace años el Estado de Derecho”.
“La única libertad garantizada (en Nicaragua) es la de Alessio Casimirri, ese terrorista comunista que tenemos que extraditar a Italia”, agregó Fidanza.
Violaciones sistemáticas
La eurodiputada, Željana Zovko, del grupo del Partido Popular Europeo, recordó que desde 2018 el régimen nicaragüense persigue sistemáticamente a activistas de derechos humanos, la sociedad civil y la Iglesia. Además, ha confiscado activos, retirado la nacionalidad a los nicaragüenses y les ha privado de derechos políticos. Por lo cual, solicitó que se active la cláusula de derechos humanos del Acuerdo de Asociación.
“Como negociadora de esta resolución estoy contenta de que los conegociadores hayan entendido que hay que activar el Acuerdo de Asociación y hay que dejar de enviar dinero del contribuyente a Nicaragua… La resolución lo que quiere es boicotear al régimen y no negociar con nadie de esa Asamblea, no queremos más excusas”, expresó Zovko.
El debate sobre la represión en Nicaragua, con énfasis en la persecución contra activistas de derechos humanos, opositores políticos y organizaciones religiosas, se llevó a cabo este miércoles 12 de febrero de 2025 en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.
Se espera que el jueves 13 de febrero de 2025, los eurodiputados adopten una nueva resolución contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Será el primer pronunciamiento del PE sobre la situación en Nicaragua en la actual legislatura, que inició en julio de 2024.
Este también es el primer debate internacional sobre la crisis sociopolítica de Nicaragua después que el régimen orteguista reformó totalmente la Constitución Política para instaurar la sucesión dinástica, desaparecer los poderes del Estado y liquidar la autonomía municipal y de la Costa Caribe.
Ocho resoluciones y 21 sancionados
Esta es la octava ocasión desde 2019 que los eurodiputados aprueban una resolución en denuncia de la deriva autoritaria del régimen de Ortega y Murillo. En la legislatura anterior (2019-2024), el Parlamento Europeo adoptó siete resoluciones, en las que además señaló la persecución de la disidencia política. Dichos pronunciamientos han contribuido en gran medida a visibilizar la crisis sociopolítica que se vive en Nicaragua desde hace siete años.
La última resolución del PE sobre Nicaragua fue aprobada el 15 de junio de 2023, en la que los eurodiputados exhortaron a los países miembros de la Unión Europea (UE) a activar el mecanismo de la “jurisdicción universal”, para investigar y castigar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura nicaragüense.
En octubre de 2024, el Consejo de la Unión Europea (UE) prorrogó hasta el 15 de octubre de 2025 sus sanciones contra 21 funcionarios y tres instituciones de la dictadura ante las violaciones de derechos humanos en Nicaragua.
Entre los sancionados destacan la vicepresidenta Rosario Murillo y tres de sus hijos: Juan Carlos, Laureano y Camila Ortega Murillo; su consuegro y director de la Policía Nacional, Francisco Díaz; y el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras. Las tres instituciones sancionadas son la Policía Nacional, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor).
