30 de marzo 2023
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El miedo a expresarse carcome a la población nicaragüense, que vive bajo la amenaza de ser “percibidos como opositores” al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Si eso ocurriera “habrá llegado la hora de sufrir y padecer los más atroces crímenes que conozca la humanidad”, advierten los integrantes del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, Ángela Buitrago y Jan Simon, en un artículo de opinión titulado “La persecución política: el motor de los crímenes atroces cometidos en Nicaragua”, publicado en el diario español El País, este jueves 30 de marzo.
Los expertos concluyeron que, tras un año de investigar las violaciones de DD. HH. en Nicaragua, Ortega y Murillo han cometido crímenes de lesa humanidad durante los últimos cinco años en el país.
“¿Hasta dónde es capaz de llegar un régimen que busca controlarlo todo?”, se preguntan los expertos. Y responden: “Hoy tenemos una respuesta a esa pregunta. Desde abril de 2018 se están cometiendo graves y sistemáticas violaciones y abusos a los derechos humanos, entre las que se incluyen ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, privación arbitraria de la nacionalidad y del derecho a permanecer en el propio país, tal como hemos expuesto en nuestro reciente informe”, se lee.
Tras los abusos constatados, los especialistas cuestionan “¿Hasta qué punto es capaz de llegar la persecución por motivos políticos para constituirse en un crimen de lesa humanidad?”. En Nicaragua, “Hasta límites inimaginables, sobre todo cuando se alimenta y es base de violaciones tales como la privación arbitraria de la nacionalidad, y crímenes como el asesinato, la encarcelación, la tortura, incluyendo violencia sexual, y la deportación forzada.
Ortega y Murillo, los superpoderosos
El régimen de Ortega mantiene el control del país a través del desmantelamiento de la separación de poderes, las garantías democráticas, y una fuerte concentración del poder en ellos mismos (la pareja presidencial), apuntan los expertos.
“En la persona de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el partido y el Estado son lo mismo. El nivel de concentración de poder hace que el Estado y el Partido sean parte de una misma entelequia capaz de administrar los designios del país de manera arbitraria y fuera de todo tipo de legalidad vinculada al derecho internacional”, expresan.
Nicaragua, dicen los especialistas, es “un claro ejemplo de cómo las revoluciones terminan devorando a sus hijos”, en alusión a que Ortega fue parte de los miles de nicaragüenses que lucharon para derrocar a la dictadura somocista.
La pareja ha instrumentalizado todos los poderes del Estado y creado un marco jurídico para “reprimir el ejercicio de las libertades fundamentales y perseguir a las personas opositoras. El objetivo es suprimir, por distintas vías, cualquier tipo de oposición en el país”, alertan.
En un Estado absoluto, como Nicaragua, la ciudadanía no tiene garantías y se “fomenta el desarrollo de crímenes atroces”.
Aseguran los especialistas que “es un Estado descarnado que se vuelve un instrumento bruto de dominación, que desconoce el concepto de ciudadanía. En este Estado, la condena, la acusación, y el proceso contra opositores o percibidos como tales, son lo mismo”. “(...) Utiliza el “destierro” como forma de tratar de borrar del concepto de nación a sus propios ciudadanos”.
Los simpatizantes del Frente Sandinista no están a salvo
La persecución política de Ortega inicia por los opositores, ya sean reales o percibidos, luego con los cómplices y posterior, con simpatizantes y con esa voracidad llega hasta sus familias y “todo aquel que sea percibido como indiferente o tibio frente a las propuestas de la dictadura. Nadie está a salvo”.
El pasado 9 de febrero, el régimen desterró y despojó de su nacionalidad a 222 presos políticos, entre estos, trabajadores del Poder Judicial, considerados leales a la pareja presidencial. Sin embargo, habían sido encarcelados y acusados por “traición a la patria”.
El terror de los nicaragüenses es comprensible, confirman los expertos. “En Nicaragua se constata la existencia de ejecuciones extrajudiciales, como un patrón de conducta llevado adelante por agentes de la Policía Nacional e integrantes de grupos armados progobierno que actuaron de manera conjunta y coordinada”. También se constató tortura, incluida la violencia sexual.
“La comunidad internacional tiene un importante rol a jugar y así ha quedado expuesto en el Informe recientemente publicado”, advierten los especialistas, que han llamado incansablemente a activar la justicia universal para evitar que los crímenes de lesa humanidad continúen ejecutándose en Nicaragua y que los responsables enfrenten responsabilidad penales.
“La situación de violación a los derechos humanos en Nicaragua afecta a la humanidad entera. Si bien aún hay muchas aristas de investigación sobre las que se puede profundizar, hoy hay información para tomar acción, y esto urge”.
