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La mañana del 19 de junio de 2025, Roberto Samcam fue asesinado de ocho disparos a corta distancia por un sicario que se hizo pasar por mensajero de entregas en su condominio en San José, Costa Rica. Samcam era un exoficial del Ejército de Nicaragua que, tras huir de una ola de represión violenta que dejó más de 300 manifestantes opositores muertos en 2018, se había convertido en un crítico destacado del gobierno del presidente Daniel Ortega. A inicios de 2023, Ortega le despojó ilegalmente de su ciudadanía nicaragüense. A pesar de las numerosas amenazas contra su vida, Samcam decidió permanecer en Costa Rica, viviendo entre la comunidad de exiliados nicaragüenses allí, en lugar de mudarse a España, donde se le había concedido la nacionalidad.
El director de la Oficina de Investigación Judicial de Costa Rica, Randall Zúñiga López, ya declaró que las pruebas demuestran que el ataque contra Samcam fue claramente premeditado. Según reportajes de Confidencial—un medio nicaragüense de investigación que opera en el exilio y que ha realizado algunas de las mejores coberturas sobre el caso—, Zúñiga López añadió que es posible que el régimen de Ortega esté operando células clandestinas en países vecinos para hostigar y atacar a críticos que viven en el exilio.
Un asesinato en territorio extranjero es algo tan inusual en América Latina que resulta impactante, pero no carece de precedentes. En 1976, el régimen del entonces dictador chileno Augusto Pinochet asesinó con un coche bomba en Washington a Orlando Letelier, un exdiplomático disidente. Más recientemente, en 2023, se alega que el régimen del presidente venezolano Nicolás Maduro contrató sicarios para secuestrar y asesinar a Ronald Ojeda, exoficial del Ejército venezolano y crítico del gobierno, en Santiago de Chile, donde vivía exiliado.
Esos asesinatos de alto perfil reconfiguraron la política hemisférica y demostraron la brutalidad de las dictaduras que los perpetraron. Pero también fueron hechos aislados.
Lo que hace diferente al régimen nicaragüense actual es que ahora mantiene un patrón sostenido durante años de ataques contra opositores políticos en el exilio, muchos de los cuales viven en Costa Rica. Entre los más de 150 000 refugiados nicaragüenses que viven en ese país hay varios disidentes destacados a quienes Ortega asegura haber despojado de su ciudadanía nicaragüense, pese a que eso viola el Artículo 15 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El líder estudiantil Joao Maldonado ha sido atacado dos veces en Costa Rica, en 2021 y en 2024; el segundo ataque lo dejó brevemente en coma y a su esposa paralizada.
En 2022, el cuerpo de Rodolfo Rojas Cordero, un exmilitante sandinista que se volvió opositor a Ortega, fue hallado sin vida en Honduras, cerca de la frontera con Nicaragua. Su familia afirma que probablemente fue secuestrado y luego asesinado.
En 2023, sicarios mataron al expreso político nicaragüense Erick Antonio Castillo cerca de la frontera norte de Costa Rica con Nicaragua, después de que Castillo siguiera denunciando la tortura que sufrió durante su encarcelamiento.
A finales de 2024, Jaime Luis Ortega Chavarría fue asesinado a tiros en la localidad costarricense de Upala, donde vivía como refugiado político. Tras su muerte, se supo que Chavarría había sido miembro de la Contra antisandinista en la década de 1980, lo que sugiere que el régimen de Ortega ahora incluso persigue a enemigos del pasado remoto en pueblos apartados fuera de las fronteras de Nicaragua.
Cada uno de esos asesinatos fue espantoso a su manera, pero la intención detrás de ellos no era solo eliminar a un crítico individual del gobierno de Ortega. También buscaban sembrar el miedo entre los miles de exiliados, para que lo piensen dos veces antes de alzar la voz contra el régimen y sus abusos. En conjunto, los ataques también sugieren que el gobierno nicaragüense ha construido una infraestructura fuera de sus fronteras para localizar y atacar a sus opositores políticos.
Además, al aliarse con bandas criminales en Costa Rica para ejecutar algunos de estos ataques, el gobierno de Nicaragua ahora está vinculado a una de las principales amenazas de seguridad interna que enfrenta el gobierno costarricense y su población. En otras palabras, Ortega ha convertido su brutal persecución extraterritorial contra críticos de su régimen en una forma de violencia interestatal que también pone en la mira a los países vecinos de Nicaragua y a sus socios comerciales.
El asesinato de Samcam ha atraído más atención que los ataques anteriores, ya que las circunstancias del crimen apuntan claramente a un asesinato político dirigido, dejando menos margen para que los defensores de Ortega intenten sembrar dudas o relacionarlo con otros tipos de delitos. La Fiscalía de Costa Rica ya anunció que no existía ninguna investigación abierta contra Samcam, descartando de antemano cualquier vínculo con el crimen organizado como posible línea de ataque del régimen de Ortega para difamarlo. Autoridades clave, incluida la expresidenta costarricense Laura Chinchilla, se han pronunciado públicamente. La Asamblea Legislativa de Costa Rica votó a favor de exigir una investigación exhaustiva.
Todo esto ejerce presión sobre el actual presidente Rodrigo Chaves, quien aún no ha condenado el asesinato, para que responda. En realidad, es un tema complicado para él. Costa Rica no tiene ejército, por lo que su capacidad para contrarrestar una amenaza interestatal de esta magnitud es algo limitada, y cualquier escalada del conflicto conlleva riesgos para la población costarricense. Si bien la policía y otras fuerzas e instituciones de seguridad no militares del país son sólidas y capaces de llevar a cabo investigaciones y procesar homicidios, han tenido dificultades para enfrentar la creciente violencia provocada por los cárteles transnacionales que han empezado a operar en Costa Rica. Además, Chaves enfrenta sus propios problemas políticos en este momento: como parte de una investigación por corrupción contra su gobierno, la Fiscalía ha solicitado el levantamiento de su inmunidad con miras a un posible enjuiciamiento.
La respuesta internacional ha sido condenar el asesinato de Samcam, pero es poco probable que veamos acciones que respalden esas palabras contundentes. Nicaragua está lejos de ser una prioridad, tanto a nivel global como en el hemisferio occidental. Además, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y muchos de los países vecinos de Nicaragua ya han impuesto sanciones y restricciones comerciales para castigar al régimen de Ortega por sus abusos y su represión. Sin embargo, esas medidas no han logrado cambiar el comportamiento del gobierno nicaragüense.
La acción más importante que esos países pueden tomar a corto plazo para apoyar a Costa Rica es articular una respuesta regional ante lo que se ha convertido en una amenaza regional. Los países vecinos de Nicaragua deberían cooperar para investigar y enjuiciar este asesinato, así como para localizar y desmantelar cualquier otra célula criminal vinculada a Ortega que busque hostigar o asesinar personas fuera de Nicaragua. El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump debería ordenar a sus agencias de inteligencia compartir toda la información disponible para exponer la amenaza y frenar futuros atentados.
El riesgo es que la comunidad internacional considere que un asesinato no justifica una reacción de tal magnitud. Pero el asesinato de Samcam no es un hecho aislado. Es, más bien, el incidente de mayor perfil hasta ahora, y es probable que haya más ataques en el futuro cercano. Sin una respuesta más contundente, Ortega seguirá asesinando a más políticos y críticos de su régimen fuera de las fronteras de Nicaragua. Y eso representa una amenaza no solo para la comunidad nicaragüense en el exilio, sino para la estabilidad regional.
*Artículo publicado originalmente en World Politics Review
