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Nicaragua es uno de los principales países en el hemisferio occidental que junto a Venezuela va contra todas las prioridades de política exterior y seguridad nacional que estableció la Administración Trump.
Es un país exportador de migración, aliado de las fuerzas malignas, un modelo contagioso de corrupción y un actor económicamente oportunista de la riqueza de Estados Unidos que se aprovecha de una mano de obra mal pagada e indefensa para mantener un superávit comercial con ese país. Y como si fuera poco, es un Estado que ataca el interés nacional de este país.
Una política exterior que dirigida a frenar estas transgresiones dictatoriales puede mitigar el daño contra Estados Unidos e inevitablemente encausar al país al entorno democrático. En las democracias hay menos migración, menos codependencia con China, y mayor cooperación con Estados Unidos.
Para la administración Trump el riesgo moral (decisiones apoyadas en suposiciones sobre daños a terceros) no es una variable confiable en la formulación de políticas o en la respuesta a las percepciones de amenaza al interés nacional, y lo que hace Ortega-Murillo en Nicaragua en contra de Estados Unidos y los nicaragüenses, requiere de golpes que superen el riesgo moral.
La probabilidad del retorno migratorio
El efecto de la represión en Nicaragua incluye un resurgimiento de una nueva ola migratoria en el futuro cercano. En 2026 se estará conformando un deterioro económico y político que empujará a la gente hacia afuera —los datos macroeconómicos de 2025 ya muestran un desaceleramiento en el primer semestre. La probabilidad de que surja esta ola migratoria es alta, a menos que la dictadura vuelva a la práctica de los años ochenta de negarle salida a la gente.
Desde fines de 2023 la migración a Estados Unidos empezó a bajar, en parte por el alivio humanitario y por el factor demográfico, que incidió sobre la disminución tanto en la intención de migrar como en que la gente saliera. El número de adultos que salieron de Nicaragua entre 2018 y 2024 asciende a más de 700 000 personas, de las cuales más de 500 000 llegaron a Estados Unidos —prácticamente en uno de cada tres hogares se fue un familiar—, reduciendo el tamaño de la fuerza laboral y para los que se quedaron se les dificultó emigrar sin poder dejar de cuidar a su familia. Para 2025, la migración a Estados Unidos llega a no más de 2000 personas. El crecimiento que ocurre en 2025 no se repetirá en los próximos dos años, situación que generará una contracción económica.
Esta contracción coincidirá con un aumento de la represión durante todo el año para montar una nueva farsa electoral para encumbrar a Rosario Murillo para meter ‘normalidad’ en las elecciones presidenciales de 2027. Ella ha venido despejando el terreno político encarcelando a potenciales disidentes y a todo aquel, dentro de las filas del FSLN, que considera desleal. Al llegar a 2027, entre escasez económica y miedo, estos dos factores renovarán la intención de migrar por encima del 25% —el promedio desde 2018 en que uno de cinco termina migrando.
Hay una fuerte correlación entre la intención de migrar y el deterioro económico del país y con la intensificación represiva de un estado policial. En 2021 y 2022 el principal factor de emigrar fue la represión política, mientras que en 2023 lo económico prevaleció. Como resultado del impacto de las remesas, en 2024 la intención había decaído a 15%. En este sentido existe una alta probabilidad de que para 2027 la gente se quiera ir en mayor número al actual, y estadísticamente cuando la represión política es mayor, el número de personas con intención de migrar que terminan emigrando también aumenta.
Un socio comercial desleal aliado a fuerzas malignas
La Nicaragua que existía antes de 2018 es muy diferente en 2025 y será más diferente aún en el futuro cercano. El aislamiento de la dictadura del mundo democrático para reconfigurar sus alianzas con las fuerzas más antidemocráticas del mundo, como Irán, Rusia y China en particular, es completamente intencional y anti-Estados Unidos. Para 2026 China se convertirá en el principal socio comercial de Nicaragua en materia de importación. Además, es el país que ha otorgado el 90% de préstamos (mil millones de dólares) en los últimos años. Dentro del contexto estratégico chino de echar raíces en países en donde pueda anclar sus intereses económicos y geopolíticos, China ha obtenido varias concesiones mineras para explotar y producir oro. En tres años el tamaño de esas concesiones asciende a cerca de 1100 km2, o un quinto de las concesiones de Calibre Mining que llevan más de 15 años en el país. La apuesta es que a diez años China sea el principal exportador de oro de Nicaragua.
Mientras tanto, Nicaragua mantiene un superávit comercial con Estados Unidos, aprovechando los bajos ingresos de los trabajadores en la zona franca y exportando más de lo que le compra a este país.
La dictadura tiene una intención expresa de desplazar a Estados Unidos y aumentar su vinculación con China. De hecho, si no fuera por las remesas que provienen de ese país, la injerencia económica china ya sería gigantesca. Tampoco se deben ignorar las operaciones de espionaje rusas en el país y la fuerte lealtad de Ortega y Murillo, Laureano Ortega Murillo, y el jefe del Ejército, general Avilés, con Vladímir Putin.
La captura de Estado como modelo replicable
Daniel Ortega y Rosario Murillo han adoptado un modelo autocrático de cooptación del Estado que les ha permitido enriquecerse junto a cómplices clientelares, especialmente a militares retirados o con licencia, y empresarios que negocian lealtad por negocios, contratos o permisos a su favor, mientras que a las empresas que no son cómplices se les confisca, extorsiona o intimida.
Los ejes o pilares del sistema dictatorial (criminalización [violenta] de la democracia, captura de Estado, aislamiento internacional, y propaganda) se han constituido en modelos replicables para líderes en otros países. Tanto Honduras como El Salvador han aumentado su dependencia financiera en el BCIE, sus relaciones con la República Popular China, sus ataques a los medios, y han impuesto leyes como la de Agentes Extranjeros para controlar a la sociedad civil cerrar algunas organizaciones. Lo que la dictadura ha hecho es demostrar el rango de posibilidades para abusar del poder y no quedar sujeto a las reglas del Estado de derecho. Es muy iluso pensar que Xiomara Castro y Nayib Bukele no se fijaron en lo que ha hecho Daniel Ortega con impunidad.
Las opciones de política exterior en la relación bilateral EE. UU.-Nicaragua
La llegada del presidente Trump ha cambiado los términos de referencia del entorno global, introduciendo un enfoque punitivo, y de distanciamiento con normas internacionales que se habían adoptado en muchos ámbitos —muchos que no encajan con la visión de la Administración (como temas ambientales), o que no son prioridad fuera de los sus ámbitos claves.
De hecho, es muy difícil decir que existe una política hacia América Latina y el Caribe, más bien hay orientaciones claras hacia la contención migratoria, el narcotráfico y fuerzas malignas, que incluyen alinear a los vecinos de la región para cooperar con este país.
Dejar que las cosas sigan su curso en Nicaragua sin ejercer gran presión ha sido hasta cierto punto un patrón desde 2020 porque los componentes en las leyes de Nica Act y RENACER no fueron implementadas en su totalidad (solo en el ámbito de algunas sanciones), tampoco ha habido algún tipo de acción proporcional al tipo de acciones que ha adoptado la dictadura Ortega Murillo. Lo que cabe reconocer es que el status quo no ha ido en favor de Estados Unidos ya que la radicalización de la dictadura ha causado daños a los nicaragüenses, a sus vecinos y a Estados Unidos.
El menú de opciones, o como decían algunos el Policy toolbox sobre Nicaragua, está a mano. Una respuesta consistente con la Doctrina Trump es aplicar mano dura, pasar de las denuncias, condenas, y políticas de tweet, a implementar medidas proporcionales que le corresponden a un Estado forajido, incluyendo: a) penalidades en materia comercial por abusar de los derechos laborales para aumentar su superávit comercial, b) sanciones a los socios comerciales que importan bienes chinos y compiten adversamente contra microempresarios locales, c) restricciones a funcionarios cómplices del régimen que se han enriquecido a través del endeudamiento externo, fomentado la represión a través del espionaje y entrenamiento ruso a la policía, o facilitando el movimiento en vuelos charters de cientos de miles de extranjeros para llegar a la frontera con México-Estados Unidos.
Las opciones están ahí, desde una presión graduada y sostenida a una presión inmediata y determinada frente a leyes que protegen a los sancionados que han tornado a Nicaragua en un albergue de protección a criminales, fomentando el riesgo financiero o aislando a Nicaragua en el marco de la revisión actual del CAFTA-DR por sus violaciones al tratado.
Estas no son opciones para imponer un “cambio de régimen” por la fuerza, sino para modificar el balance de poder de manera que los grupos cívicos y patrióticos (los que no alardean de sus visitas a Washington o se golpean en el pecho de ser los “demócratas auténticos”), que están activos asumiendo el riesgo político de aumentar la resistencia interna, puedan aprovechar estas presiones contra la dictadura. La pérdida de apoyo político del régimen, y el malestar dentro de sus propias filas provocado por las purgas de la sucesión dinástica de Rosario Murillo, demanda más presión internacional contra los pilares de la represión, para fortalecer el espacio político de la resistencia cívica.
Aunque por su tamaño económico y político Nicaragua no es una amenaza militar, el régimen Ortega-Murillo mantiene una estrategia activa contra de Estados Unidos como su “enemigo principal”, no solo son los insultos de los discursos de Daniel Ortega, sino las acciones que realiza la dictadura son actos provocadores y agresivos motivadas por el odio contra Estados Unidos. La mano dura hacia Nicaragua no es cuestión de riesgo moral.
