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Centroamérica se encuentra en un momento decisivo de su historia política. El experimento multilateral forjado de las cenizas de las guerras civiles y luego del proceso de Contadora mediante los acuerdos de Esquipulas, hoy agoniza. El fracaso de instituciones como el Parlacen, el SICA y otras tantas más, es evidente. La promoción de la integración centroamericana y su consolidación como una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, ha quedado tan sólo en eso, una aspiración.
La situación es tan crítica que podría tornarse en algo irreversible. El autoritarismo continúa ganando terreno, el cual, conjugado con las débiles instituciones democráticas, la corrupción rampante y un historial cuestionable en materia de derechos humanos, amenazan nuevamente la estabilidad de la región.
Los actores regionales y sus deficiencias son conocidas por todos. La dictadura nicaragüense pasa por un momento delicado pues busca cimentarse como un régimen dinástico ante un eventual deceso de Daniel Ortega. El Salvador y su deriva autoritaria con el presidente Bukele no puede eludirse por más “resultados positivos” que su gobierno ofrezca. Tampoco puede ignorarse la debilidad de las instituciones democráticas hondureñas luego del punto de inflexión que representó el golpe de Estado de 2009, conjugándose —a su vez— con la militarización, la corrupción y la inseguridad. Las elecciones de noviembre pondrán nuevamente a prueba este endeble sistema. En Guatemala, luego de la intentona golpista de 2023, el frágil modus vivendi entre el presidente Arévalo y el statu quo podría derivar en otra crisis democrática.
El elemento novedoso que agrava la peligrosa dinámica que atraviesa la región es que tanto Panamá como Costa Rica, que por los últimos 35 años de paz se habían caracterizado por ser dos pilares de estabilidad, hoy enfrentan coyunturas muy delicadas. En Panamá, en junio de 2025, se decretó un estado de urgencia —un equivalente al estado de sitio— en la provincia de Bocas del Toro. La última vez en que se había tomado una medida como esta fue en plena dictadura militar, hace casi 40 años. A lo anterior se suma el hecho de que el actual presidente José Raúl Mulino, quien ha dicho “si tengo que ser dictador, lo seré”, no cuenta con un vicepresidente, y llegó a la Presidencia de la mano de Ricardo Martinelli y con la embajada de la dictadura Ortega-Murillo en ciudad de Panamá como su centro de campaña. Tal acto, abiertamente injerencista de Nicaragua en el proceso democrático panameño no ha tenido, hasta el momento, consecuencias para el régimen de Ortega.
En Costa Rica, el panorama es igual de complejo. El presidente Rodrigo Chaves enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos relacionados al manejo de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. En ese sentido, la Asamblea Legislativa debe decidir si le suspende su inmunidad para ser juzgado por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Chaves es el primer presidente costarricense en enfrentar un proceso de esta naturaleza. Lo anterior es aún más grave si se considera que las elecciones presidenciales han de realizarse en febrero de 2026. De igual manera, el asesinato de Roberto Samcam, exmilitar crítico del régimen Ortega-Murillo y exiliado en San José junto al silencio del presidente Chaves respecto al mismo pone de manifiesto la falta de un compromiso real para hacer frente al autoritarismo criminal que emana desde Managua.
Los ejemplos de Panamá y Costa Rica son un reflejo de la regresión democrática que enfrenta Centroamérica. Y es que, ante la falta de acción colectiva de los Estados centroamericanos, la secretaría general del SICA permanece secuestrada por el régimen Ortega-Murillo. Tampoco existe un compromiso real de parte de estos Estados con la democracia. Un buen ejemplo de esto es el reciente restablecimiento de relaciones consulares entre Panamá y Venezuela, muy a pesar de que el Gobierno de Mulino es el custodio de las actas del proceso electoral que vieron a Edmundo González imponerse sobre Nicolás Maduro.
La realidad de los Estados centroamericanos no le es esquiva a los otros Estados del mundo, tampoco lo es su ambivalencia democrática. Para actores revisionistas como Rusia y China estas realidades constituyen más bien debilidades, las cuales bien merecen ser explotadas, lo cual convierte a los Estados centroamericanos en presa codiciada del intervencionismo foráneo. Lo anterior se debe analizar en conjunto con un Estados Unidos impredecible y en plena competencia estratégica con China, así como con el rol de la Unión Europea y su priorización de la guerra de agresión rusa en Ucrania. La admisión de China (2023) y Rusia (2024) como observadores al Parlacen es un aliciente más a la crisis, uno con componentes geopolíticos, ya que —al menos— el Parlamento regional parece estar tomando partida tanto en la competencia Estados Unidos-China como en la amenaza existencial que representa Rusia para la Europa libre.
La crisis política que actualmente atraviesa Centroamérica es, también, una de valores y principios. En el momento en los que más los hemos necesitado, es cuando más aún ha sido evidente su ausencia. Metafóricamente, Centroamérica está en un punto de inflexión: las crisis políticas a lo interno y en plano multilateral se han conjugado con la transformación del orden liberal internacional basado en reglas. Estamos en momento decisivo y hay mucho en juego, las consecuencias pueden ser la vuelta a esa época oscura marcada por el autoritarismo, la corrupción y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos. La respuesta dista de ser sencilla, pero amerita de un compromiso real con la democracia, la transparencia y los derechos humanos.
