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La resolución de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, con 15 votos a favor y 7 en contra, de solicitarle a la Asamblea Legislativa que decida si suspende o no la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que enfrente una acusación promovida por la Fiscalía por el presunto delito de “concusión”, en el manejo de un préstamo con el Banco Centroamericamo de Integración Económica, plantea una situación inédita en la historia política de una de las democracias más sólidas del continente.
Por primera vez, existe la posibilidad de que un presidente en funciones sea sometido a un juicio, cuando el país está a las puertas de nuevas elecciones en febrero de 2026. Chaves, además, enfrenta otra acusación por delitos derivados de irregularidades en el financiamiento electoral, en las elecciones que ganó en segunda vuelta en abril de 2022, sobre la que aun no se ha pronunciado la Corte Suprema, y está siendo investigado en al menos otros 30 casos por la Fiscalía.
El politólogo Constantino Urcuyo Fournier, investigador de la Universidad de Costa Rica, considera que el presidente tiene una “minoría flagrante” en la Asamblea Legislativa que decidirá sobre su futuro político, pero también tiene algunos aliados, y estima que los parlamentarios podrían decidir en septiembre de 2025 si le retiran su inmunidad para que sea procesado en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en la víspera de una campaña electoral en la que Chaves está contemplando postularse como candidato a diputado.
En una conversación en el programa Esta Semana que se transmite el domingo seis de abril a las 8.00 p. m. en el canal de YouTube de CONFIDENCIAL, debido a la censura televisiva en Nicaragua, Urcuyo explicó que se prevé una “bronca” en el Poder Legislativo, una de las palabras favoritas de Chaves, que goza de una popularidad cercana al 50% e intentará defenderse “como gato patas para arriba de las acusaciones, tratando de politizar lo que es un proceso jurídico, pero de ese proceso jurídico no se escapa”.
Urcuyo advirtió que los diputados están contemplando tomar una decisión “reposada”, probablemente “a mediados de septiembre ya casi con la campaña por empezar, que inicia el 1 de octubre. Entonces, ahí se va a mezclar la acusación contra el presidente con el proceso electoral”.
Un caso judicial sin precedentes en Costa Rica
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica resolvió con 15 votos a favor y 7 en contra , que la Asamblea Legislativa decida si suspende o no la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves, quien está siendo señalado por la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con el manejo de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica ¿Qué implicaciones tiene la posibilidad de que se suspenda la inmunidad a un presidente en funciones en Costa Rica para que sea juzgado?
La Corte decidió, de acuerdo con lo que estipula la Constitución, que cuando la Fiscalía decide que hay causa para acusar un Presidente, la Corte Plena, constitucionalmente, está obligada a decidir si envía o no la acusación de la Fiscalía a la Asamblea Legislativa con la petitoria de levantar la inmunidad del Presidente para que este sea juzgado por los delitos de los cuales lo acusa la Fiscalía.
La Asamblea recibe dicha comunicación de la Corte y tiene que nombrar una comisión de tres diputados que sesiona y rinde un informe al plenario de la Asamblea Legislativa pidiéndole que no levante la inmunidad o que levante la inmunidad. Con ese informe, la Asamblea se reúne y decide si levanta o no. Si no levanta, el presidente conserva la inmunidad. Si lo levanta, devuelve el expediente a la Corte Plena, que se lo pasa a la Sala Tercera de lo Penal, que es la que va a juzgar al presidente, siguiendo todos los procedimientos del debido proceso: acusación, defensa, recusatoria, eventualmente podrían presentarse ahí.Y esto afecta, obviamente, al funcionamiento del sistema político, la discusión que eso va a tener en la Asamblea Legislativa, porque necesita 38 votos para levantar la inmunidad.
En Costa Rica, nunca ha sido juzgado un presidente en funciones. Los expresidentes Miguel Ángel Rodríguez y Rafael Ángel Calderón fueron procesados y condenados, pero cuando ya habían dejado la presidencia. Es decir, esto no tiene precedente en la historia política de Costa Rica.
No, por lo menos en el marco de la constitución del 49, que es donde yo recuerdo. Puede que existiera algún proceso de impeachment en las constituciones anteriores, pero no recuerdo tampoco en ese contexto que se hubiera dado un caso como este.
La batalla en el Legislativo
¿Cuál es la correlación de fuerza en la Asamblea Legislativa, que le va a tocar decidir sobre el tema de la inmunidad del presidente? El partido del presidente Chaves entiendo que tiene solamente ocho diputados en un plenario de 57. ¿Tiene otros aliados el presidente Chaves en el Legislativo o está en minoría en relación a este tema del posible despojo de su inmunidad?
Está en una minoría flagrante, pero tiene algunos aliados. Por ejemplo, está todavía por verse cuál va a ser la actitud del Partido Nueva República, los diputados cristianos, que tienen siete diputados. Eso lo llevaría a 15. Pero podría ser que algún diputado resentido de las otras coaliciones o con temores a reacciones gubernamentales se apartara del asunto. Yo ayer hablaba con un asesor legislativo y le preguntaba: –¿Cuántos están contando ustedes a favor de los 38 votos? Y me decía: –Seguros están 35 y los diputados están trabajando los tres votos que faltan para tener los 38, que levantarían la inmunidad.
Si la Asamblea, supongamos que suspende la inmunidad, y se inicia ese proceso que estaba describiendo para llegar a esta Sala Tercera, este es un juicio que estaría amparado por la Constitución, como has dicho, pero tiene implicaciones políticas. Hemos visto casos en otros países, el propio presidente Trump fue condenado jurídicamente y ganó una batalla política. ¿Cómo se ubica el presidente Chaves, que es muy popular en Costa Rica, frente a esta situación?
Él es popular. En las últimas encuestas está entre el 48 y el 50% del apoyo, no es Donald Trump, no controla la Corte Suprema de Justicia, como la controla Trump, no controla la Asamblea Legislativa, como controla Trump el Congreso. Entonces, aunque tenga ese grado de apoyo, que habría que ver si en las próximas encuestas del mes de agosto se confirma, o se confirma la tendencia a la baja que viene desde el 60 y pico, hasta el 48 y 50%.
Va a ser una batalla política ruda en el Congreso por lograr eso. Y él se va a defender como gato patas para arriba de las acusaciones, tratando de politizar lo que es un proceso jurídico. Pero de ese proceso jurídico no se escapa.
¿Qué pasa si lo juzga la Sala?: La Sala no lo va a juzgar en una semana, porque tiene que oír la acusación de la Fiscalía, tiene que escuchar la defensa a la cual tiene derecho el presidente Chaves y después recibir pruebas y contrapruebas del asunto. El presidente y sus abogados tratarán de alargar ese proceso al máximo e inscribirlo en el contexto de la campaña electoral, políticamente hablando.
No sé qué rumbo pueda tomar más allá de unos dos meses. La campaña electoral, formalmente, empieza en octubre, se abre y se abren las inscripciones, hay tiempo y hay mucho que observar en el camino.
Estás hablando de una posible inscripción del presidente Chaves como candidato a diputado, que es lo que se ha sugerido dentro del oficialismo. En ese caso, ¿él podría ser candidato a diputado aún despojado de la inmunidad y enfrentando un proceso político y ser electo, incluso bajo esas condiciones?
Eso es una probabilidad. ¿Qué tan probable? Es otra discusión. Lo que ocurriría con el proceso penal es que sale de la consideración de la Sala Tercera y pasa a la consideración de un juez ordinario. En la jurisdicción ordinaria, él la podría prolongar un poco, pero pierde el poder político que da el dominio sobre el Poder Ejecutivo.
Ahí hay una discusión que no es ni jurídica ni política, sino sociológica. Él tiene un apoyo, ¿ese apoyo se transmite, el carisma personal de un líder se puede transmitir automáticamente?. Mi tesis es que no. El carisma es algo muy personal, que se puede rutinizar, como le llamaba el gran sociólogo Max Weber, y transmitir, pero requiere de mucho tiempo y sobre todo de una organización de base y de seguidores muy bien organizados, cosa que este Gobierno no tiene.
Un probable juicio en la Sala Tercera Penal
El presidente Chaves también está siendo investigado por la Fiscalía, por otros presuntos delitos que pudieran ser incluso hasta más graves que el relacionado con el Banco Centroamericano de Integración Económica, como es el financiamiento electoral. ¿Cada una de esas acusaciones es un proceso independiente?, ¿podría estar enfrentando simultáneamente varios procesos al mismo tiempo?.
Definitivamente. Cada uno de esos procesos, si él continuara en el cargo y no renuncia para ser diputado, porque para ser diputado tendría que renunciar y ahí pierde la inmunidad, cada uno de esos procesos requeriría, que en cada caso la Corte le levantara la inmunidad para ese proceso.
Está llegando a los 60 procesos en contra de él. Yo he hablado con gente cercana a la Fiscalía y ellos me dicen: –Ya han desestimado algunas acusaciones de esas. Pero –si se desestiman las que hay que desestimar, porque no todo de lo que se le acusa aparentemente es cierto, le quedarían 30 procesos a incoar por parte de la Fiscalía. Difícil defenderse en 30 frentes a la vez.
¿Debilitaría esto la incidencia política de liderazgo del presidente Chaves en esas elecciones del 2026?. Está por verse quién sería el candidato de su partido, si él va a promover una coalición, pero no hay duda de que él tiene un peso político importante. Con estos juicios que está promoviendo la Fiscalía, ¿cuál sería su verdadera incidencia política?
Él continuará teniendo incidencia política. Yo creo que él tiene un apoyo cercano al 30% duro. Y de ahí tiene apoyos más débiles en un 20, 15%. Él continuará teniendo influencia, pero no puede pronunciarse públicamente, hay una resolución reciente del Tribunal Supremo de Elecciones llamándolo a que tenga prudencia con lo que dice, porque existe la posibilidad de que el Tribunal lo acuse de “beligerancia política”, y eso es un delito.
Él tendrá que mostrar su simpatía con alguna candidatura muy prudentemente, no podrá hacer campaña. Esa es la Constitución, ese es el Código Electoral y tendrá que seguir ese camino y eso le limita la posibilidad de transmitir el apoyo.
Juicio político y elecciones 2026
Todavía está muy verde ese proceso electoral costarricense para delimitar cómo se proyecta la competencia que posiblemente podría ir a una segunda vuelta. ¿Cuál es el futuro del presidente Chaves hoy, como imputado por esos delitos? ¿Podría ser eventualmente destituido del cargo? ¿Podría ser condenado a la cárcel?
Podría ser condenado a la cárcel. Lo que pasa es que no existe en ese proceso la posibilidad de destituirlo del cargo, aunque el juez podría tomar una decisión y decir –lo condeno a cinco años de y le prohíbo ejercer cargos públicos. Y entonces, si tiene que salir, tiene que entrar el primer vicepresidente, que también está acusado en el caso de financiamiento de la campaña anterior, y ahí se le abre la posibilidad a la segunda vicepresidenta, que yo no sé si tiene acusaciones. Pero en todo caso, ellos están peleando en varios frentes a la vez, lo que hace muy difícil la batalla jurídica y también la batalla política.
A final de cuentas, la llave de todo este proceso la tiene la Asamblea Legislativa. ¿Cuánto tiempo le puede tomar a la Asamblea Legislativa esa decisión sobre la suspensión o no de la inmunidad?
A la Asamblea no le han comunicado todavía la cuestión de la decisión de la Corte, tienen que conocer eso en la Secretaría de la Asamblea, pasarlo al presidente de la Asamblea tener una votación en el plenario para nombrar los tres miembros de la Comisión. La Comisión tiene un plazo y de por medio creo que está un receso parlamentario de las vacaciones de medio año. Yo no creo que pueda la Comisión rendir su informe antes del mes de agosto.
Eso significa que tiene que empezar la discusión del informe en la segunda semana de agosto, también los diputados van a hablar muchísimo en el plenario, va a haber, como dice el presidente Chaves, en una de sus palabras favoritas, bronca, legislativa y eso se va a ir para lejos.
Ayer hablaba con un diputado, que me decía: –Es mejor bajarle el calor al asunto y tomar la decisión reposada, no acelerarse. Y eso me hizo pensar que probablemente ellos estarán decidiendo a mediados de septiembre y ya casi con la campaña por empezar, que empieza el 1 de octubre. Entonces, ahí se va a mezclar la acusación contra el presidente con el proceso electoral.
El exmagistrado Gamboa y el narcotráfico
Hay otros dos procesos judiciales que tienen mucha resonancia política en el tema de la crisis de seguridad ciudadana y también en la presidencia de Costa Rica. Uno es la solicitud de extradición del ex magistrado y exministro Celso Gamboa, quien está siendo señalado por la DEA de narcotráfico. ¿Cómo incide esto en el clima de seguridad ciudadana que se vive hoy en Costa Rica?
Celso Gamboa es acusado y no condenado, ese es el punto de partida. La acusación es muy seria porque en un juzgado de Texas, no es la DEA, sino es el juez de Texas el que solicita a las autoridades costarricenses de que extraditen a Celso
El impacto político de esto es fenomenal: un juez norteamericano pide que se extradite por narcotráfico a un exministro de Seguridad, a un exjefe de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, a un exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y a la vez fue también fiscal adjunto.
El impacto político y social es tremendo, expone el tema de la trayectoria política de Celso, sus contactos. Y además, en la discusión pública ha tomado otro rumbo, porque Celso visitó a quién era ministro de Seguridad, Jorge Torres, solicitó un encuentro para prometerle que ahí llevaba dos informantes, que al final resultaron informantes de la DEA, que estaban dispuestos a darle información al ministro de Seguridad a cambio de que dejaran transitar la cocaína por Costa Rica,
El ministro dice que eso no se le propuso, pero eso ha trascendido y es parte de la discusión que trata de vincular en esa discusión el nexo político de Celso y el narcotráfico.
Y sobre todo otra discusión porque en algún momento el gobierno desarticuló la base de guardacostas en el Pacífico, que no permitía el tráfico de estupefacientes provenientes de Colombia hacia la de la Costa Caribe de Costa Rica. Estaba una base en la bahía de Drake, que era por donde entraba el grueso de la cocaína, y la trasladaron esa base a Golfito y a Quepos, a dos horas en lancha de la bahía de Drake.
Entonces, dejaron el campo libre y después pasan toda la base de Guardacostas a tierra firme. Y el viceministro dice: –Ahí se van a poder entrenar los guardacostas en una piscina de 25 metros. ¿Cómo va a entrenar usted a gente que a veces tiene que realizar acciones en mar picado en una piscina de 25 metros y a 100 kms de las costas. Entonces, eso ha desatado mucha suspicacia de que podría haber un vínculo entre el narco tráfico y algunos elementos en el gobierno.
El asesinato político de Roberto Samcam
El otro caso es el asesinato político del exmayor del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, quien era un refugiado en Costa Rica y un abierto opositor a la dictadura de Daniel Ortega. Hay una presunción de que estamos ante un crimen de Estado promovido desde Nicaragua, sobre lo cual hasta hoy el presidente Chaves guarda silencio.
Comparto tu punto de vista, tengo una presunción de hecho. A mí me huele exactamente a que es el Gobierno de la pareja dinástica Ortega-Murillo los que ordenaron el asesinato de este señor (Samcam), en suelo costarricense. Eso sería un atentado a la soberanía de Costa Rica por parte de un régimen dictatorial.
El presidente Chaves probablemente ve esto con una prudencia excesiva, y es que no quiere tener conflictos inmediatos con ese régimen. Pero creo que el Gobierno falló en no otorgarle la protección y vigilancia a este señor, que había recibido ya amenazas. Nosotros, como Gobierno, fallamos en no proteger la vida de una persona que tenía seis años de vivir en Costa Rica, que no estaba violando nuestra legislación y que estaba siendo perseguido políticamente por la pareja dinástica Ortega y Murillo.
