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Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Co. Ltd., una entidad constituida en la República Popular China, creará una empresa de telecomunicaciones en Nicaragua, según dos contratos por casi 107 millones de dólares, firmados con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP). El plan es operar una red 4G, con equipos de la marca Huawei.
Los contratos, en poder de CONFIDENCIAL, no señalan al dueño de la empresa china. Sin embargo, dado que es el Ministerio de Hacienda, con fondos del Tesoro de la República quien se obliga a pagar el primer 20%, y que la estatal Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (Enatrel) aparece como administradora del contrato, resulta razonable concluir que el Estado tendrá participación en la nueva empresa que competirá con las dos compañías de telefonía celular con presencia en el país desde los años 90.
CONFIDENCIAL consultó a los dos operadores, que trabajan bajo las marcas Tigo y Claro. Una fuente de la empresa de capital mexicano se limitó a decir que no había ninguna reacción ante la noticia, y Tigo no ha respondido las solicitudes de hacer un comentario.
Casi 500 estaciones en Managua y otros departamentos
Las obras a ejecutar contemplan la construcción de una red LTE (Long Term Evolution) con 190 estaciones base inalámbricas para cubrir los municipios de Managua y Ciudad Sandino, conforme al primer contrato.
El segundo contrato prevé una red menos densa, con 276 estaciones ubicadas en varios departamentos de la franja del Pacífico, centro y norte del país, según un mapa poco preciso incluido en el documento.
“El objetivo de la implementación es proporcionar una experiencia de usuario de banda ancha móvil, mediante la implementación de LTE”, señalan los documentos firmados. Del mismo modo, especifican que para realizar el diseño de alto nivel (HLD por sus siglas en inglés), se requiere, entre otros procesos, elaborar un levantamiento de la red actual. Esto incluye recopilar estadísticas y comprender los recursos disponibles. El enfoque del HLD estará puesto entre otros, en los servicios de emergencia, las redes existentes, los servicios de videovigilancia y la infraestructura básica y el entorno.
Los intentos fallidos con Yota y Xinwei
La marca Huawei ha sido vetada en muchos países de Occidente como alternativa para construir redes públicas de datos, como precaución ante la posibilidad de que el Gobierno chino requiera que la empresa les dé acceso a esa información. En Nicaragua no existe esa reticencia, ante las relaciones que trata de cultivar el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, con el gigante asiático.
Crear una empresa que compita con las dos marcas establecidas en el país, es un viejo sueño del régimen. Un primer intento se saldó con la creación de Yota, empresa de capital ruso que tiene una presencia limitada en el mercado de acceso a Internet. En abril de 2016 le siguió Xinwei, empresa de capital chino que comenzó a operar con la marca CooTel, ofreciendo Internet inalámbrico y telefonía celular.
El mercado habló, y CooTel nunca pudo despegar lo suficiente como para competir contra las dos operadoras de telefonía celular.
Ahora, el régimen vuelve a intentarlo. En el proceso, la nación asume una deuda inmediata por 21.4 millones de dólares (782 millones de córdobas), equivalentes al 20% que el país debe aportar para que Zhengzhou comience a cumplir con su parte.
Empresa china libre de impuestos
El 17 de junio de 2025, la Asamblea Nacional, copada por el orteguismo, aprobó dos ‘acuerdos de facilidad de crédito’ (los contratos), por un monto de 612.1 millones de renminbis (85.4 millones de dólares o 3128.1 millones de córdobas), que constituyen nueva deuda.
Las sumas equivalen al 80% del costo del proyecto que deberá aportar la empresa china para ejecutar las obras en un plazo de 18 meses a partir del momento en que reciban el desembolso del 20% que debe aportar Nicaragua.
La publicación en el diario oficial La Gaceta número 109 del 18 de junio de 2025, muestra que los préstamos fueron pactados a una tasa de interés del 4% para pagarse a nueve años, con un período de gracia de 18 meses de duración. Exactamente el tiempo que la empresa pide para culminar las obras.
Según la cláusula 4.2, la empresa china está exenta de pagar las ganancias de capital, así como el IVA. De forma específica, se señala que “no tiene la obligación de pagar ninguno de los impuestos exentos por las transacciones incluidas en este Contrato o relacionadas con este Contrato de conformidad a la legislación nicaragüense. En caso de que dichos pagos sean requeridos, serán asumidos por el Comprador”, o sea, Nicaragua.
“Eximir de impuestos a una empresa es una violación a las normas básicas de competencia. Además de las ventajas que ya tienen las instituciones del Estado, se le suman estas exoneraciones onerosas”, consideró el economista Juan Sebastián Chamorro, exviceministro de Hacienda.
Los contratos, firmados el diez de octubre de 2024, llevan la rúbrica de Carlos José Selva Hernández, en su calidad de asesor de Mercado de Capitales en el Ministerio de Hacienda. El cargo se estableció a principios del año pasado, para tener opciones ante una eventual sanción en contra del ministro Bruno Gallardo Palaviccine, nombrado en junio de 2024.
Contratos contemplan la posibilidad de sanciones
Aunque es de manual incluir los casos de fuerza mayor y riesgos fortuitos, los contratos detallan la posibilidad de que ocurra un fenómeno natural. También “motines, guerras (declaradas o no), disturbios civiles o autoridad usurpada, accidentes, actos terroristas, sabotaje, incidentes nucleares, epidemias y pandemias (declaradas o no por autoridades nacionales o internacionales), huelgas, congestiones portuarias, embargo, resolución o requisición”, y “sanciones gubernamentales”.
Según la cláusula 16.3, si se vieran afectados como consecuencia de “medidas coercitivas unilaterales impuestas al Comprador o al Proveedor”, “las Partes negociarán y acordarán las acciones necesarias tendientes a garantizar el cumplimiento de las obligaciones… sin que esto se impute como un incumplimiento a los términos del Contrato, por tratarse de situaciones fuera del control de las Partes”.
De ocurrir una desavenencia, esta será sometida a mediación ante la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), conforme con lo establecido en la ley No. 540 “Ley de Mediación y Arbitraje”. Si eso no resuelve la controversia, cualquiera de las partes podrá acudir ante una autoridad judicial nicaragüense. Se establece de manera especial que el proceso de arbitraje se llevará a cabo en la ciudad de Managua.
