23 de enero 2024
AA
Los familiares de presos políticos en Nicaragua temen hablar. Hacerlo supondría arriesgar aún más la seguridad de su pariente o la de ellos mismos por las constantes amenazas de atentar contra su libertad y someterlos a torturas. El miedo genera que el silencio se imponga en las cárceles nicaragüenses, donde permanecen unos 105 reos de conciencia, tras el destierro de 19 religiosos, el 13 de enero de 2024.
El riesgo de ser encarcelado “incrementa el temor en los familiares que ya enfrentan una situación angustiante debido a la detención de sus seres queridos”, advierte en su informe de diciembre 2023, el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, que ha quedado como la única fuente informativa en el país.
“Estas prácticas coercitivas —continúa— de las autoridades penitenciarias generan un ambiente de silencio forzado y miedo, dificultando aún más el acceso a la verdad y a la justicia para estas personas detenidas por razones políticas”.
Con la excarcelación de los 19 religiosos, y de los cuales 14 ya figuraban en la lista del Mecanismo, quedaron 105 presos políticos confirmados por esta organización, que sumados a los 60 ciudadanos en casa por cárcel de facto completan una registro de 165 personas privadas de libertad en Nicaragua.
El Mecanismo alerta que “fácilmente” pueden ser más presos políticos, pero que la represión ha provocado que las familias no denuncien los casos, lo que ha agrandado el subregistro de detenciones.
“Tras la liberación de los 17 sacerdotes y dos seminaristas, el sentimiento de los familiares de presos y presas políticas es agridulce. Por una parte, están alegres porque una persona menos en esa lista, es una alegría para todos. Pero, por otro lado, también sienten desesperanza, mucha preocupación, ya que esperaban ver a todos salir juntos”, comenta la activista y exrea política, Ivania Álvarez.
Quedan 105 presos políticos, pero hay casi cero denuncias
Entre los presos políticos del régimen están líderes estudiantiles como las jóvenes Adela Espinoza Tercero, Gabriela Morales, Mayela Campos, Jasson Salazar, vicepresidente del Movimiento Universitario 19 de Abril; el periodista Víctor Ticay; el catedrático Freddy Quezada; colaboradores de la Iglesia católica como la excarcelada Olesia Muñoz, originaria de Niquinohomo; jóvenes emprendedores como Anielka García; familiares de víctimas de abril como Nelly López y otros opositores. Todas esas historias permanecen en completo anonimato porque sus familiares temen relatar sus casos o denunciar las torturas de las que son víctimas.
“Hay un sentimiento de impotencia, de angustia y mucha preocupación por el secuestro y las torturas que viven sus familiares”, expresa Álvarez.
Añade que “el silencio agrava la situación de los presos políticos porque sufren un martirio del que nadie se entera. Los parientes saben, pero no hablan para evitar que el horror que padecen sea peor”.
La activista detalla que, ante las amenazas, los familiares ya no denuncian situaciones como la falta de medicamento, la negativa de comida, los castigos y los traslados hacia celdas de máxima seguridad.
Los reos de conciencia han intentado, mediante huelgas de hambre, protestar por los malos tratos, pero sus demandas son acalladas con golpizas, traslado a celdas de máxima seguridad y prohibición de visitas.
130 nuevos presos políticos en menos de un año
El 9 de febrero de 2023, el régimen orteguista desterró a 222 presos políticos, muchos de ellos encarcelados desde 2019. Arribaron a Estados Unidos en un viaje financiado por USAID, como parte de la “Operación Nica Bienvenidos”. Sin embargo, las cárceles no quedaron vacías: 35 nicaragüenses —incluidos diez encarcelados antes de 2018— se quedaron en prisión.
Jonathan Snayder López Guzmán es el preso político de la Rebelión de Abril con mayor tiempo en la cárcel. Fue detenido el 22 de junio de 2018 y acumula 2042 días en prisión, hasta este martes 23 de enero de 2024. Los opositores Fanor Alejandro Ramos, Jaime Enrique Navarrete Blandón y Eliseo de Jesús Castro Baltodano —hospitalizado desde 2021 por un derrame cerebral— son los otros reos de conciencia con más tiempo detenidos, desde sus capturas en 2019.
El régimen no tardó en empezar a llenar sus bartolinas con nuevos reos de conciencia. Unas redadas policiales en abril de 2023 —en el contexto del quinto aniversario de las protestas cívicas de 2018 y enfocadas contra la feligresía católica— dejaron una treintena de presos políticos, entre ellos feligreses, que han sido procesados y condenados bajo un completo hermetismo.
El Mecanismo denunció que el régimen no frena las detenciones exprés o definitivas. Al menos 60 personas están en “casa por cárcel” después que fueron llevadas, en mayo de 2023, a los juzgados en Managua y acusadas de “menoscabo” y “propagación de noticias falsas”. Otra decena se ha sumado a ellos, con la diferencia que no existe una causa judicial en su contra, pero de igual forma, asisten a firmar a las delegaciones policiales de sus localidades.
La más reciente redada fue en diciembre de 2023, cuando la dictadura capturó a 18 religiosos para desterrarlos este domingo 14 de enero. Según el Mecanismo, entre noviembre y diciembre 2023, se registraron 43 detenciones arbitrarias, de estas, al menos 13 personas fueron liberadas en diferentes momentos.
“El resto de personas se suma a los casos que se encuentran en procesos de análisis y verificación, los cuales suman más de 25 al momento del cierre de este informe”, indica.
