28 de abril 2024
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recomendó al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que propicie y sostenga un diálogo con la sociedad civil para superar la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril de 2018. Al mismo tiempo, hizo un llamado al cese de la represión contra la sociedad civil nicaragüense.
En su informe anual 2023 sobre Nicaragua, el organismo señaló que para superar la crisis es necesario "el restablecimiento de la institucionalidad democrática, la plena vigencia del Estado de derecho y las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de expresión".
En ese sentido, la CIDH sugirió a Ortega propiciar y sostener un diálogo efectivo, legítimo e inclusivo con la sociedad civil.
"Para ello, el Estado debe propiciar las condiciones necesarias que contribuyan a fomentar la confianza de la población mediante el cese de la represión, el reconocimiento de los hechos ocurridos y el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de verdad, justicia y reparación", indicó.
Además, liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis iniciada en 2018; iniciar procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas; y poner fin a la impunidad por las violaciones a los derechos humanos desde hace seis años.
Asimismo, pidió al régimen dejar sin efectos todos los decretos y leyes relativas a la cancelación de la personalidad jurídica de organizaciones de la sociedad civil que han sido aprobadas sin garantizar el debido proceso, y devolver a sus integrantes las instalaciones y todos los bienes confiscados "en las mismas condiciones en las que se encontraban al momento del allanamiento".
También demandan cesar inmediatamente la persecución judicial, la represión, la estigmatización, los ataques, las amenazas e intimidaciones contra los diferentes actores de la sociedad civil, tanto en el entorno físico como digital, incluyendo periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, artistas, académicos, personas opositoras políticas e integrantes de comunidades religiosas y la Iglesia católica.
Ortega afianza su poder
La CIDH también constató la persistencia de una fase represiva en Nicaragua que busca afianzar el régimen de concentración del poder en el Ejecutivo, basada en la instauración de un estado policial y la suspensión efectiva de los derechos y libertades fundamentales que hace parte del espacio cívico.
En ese sentido, el organismo advirtió que en Nicaragua no existen condiciones propicias para que la sociedad civil pueda participar de manera libre y segura en la vida social, política y religiosa, debido a que "el espacio cívico y democrático se encuentra cerrado".
En 2023, la CIDH observó la persistencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Nicaragua, incluso bajo nuevos patrones de represión como la expulsión del país y la privación arbitraria de la nacionalidad.
Dichas violaciones a los derechos humanos son posibles en un contexto marcado por el quebrantamiento del principio de separación de poderes y la instrumentalización del aparato estatal para la represión y persecución política, religiosa y de cualquier persona considerada opositora, señaló.
Asimismo, la CIDH corroboró la persistencia de una práctica de detenciones arbitrarias y el empleo de la privación de la libertad para mantener un clima de miedo en la población, censurar cualquier expresión de disenso, tanto en el espacio físico como digital e, inclusive, para perseguir las expresiones de fe y prácticas de la religión católica.
"La falta de independencia del sistema de administración de justicia posibilita procesos judiciales y la imposición de sanciones penales incompatibles con un régimen democrático", indicó.
Represión contra pueblos indígenas y afrodescendientes
Además, la represión contra los pueblos indígenas y afrodescendientes en Nicaragua se agudizó en el marco de la estrategia para afianzar la concentración de poder de cara a las votaciones regionales en la Costa Caribe, celebradas en marzo pasado.
La CIDH registró nuevos ataques de personas armadas, asesinatos, la cancelación del histórico partido indígena Yatama y el cierre de radios indígenas comunitarias, "hechos que enmarcan en un patrón sistemático que han afectado gravemente el derecho a la vida e integridad personal, así como el derecho a la tierra, al territorio y a la supervivencia de las comunidades".
Asimismo, el organismo alertó que en 2023 la censura y la represión alcanzaron niveles alarmantes.
"Los periodistas que intentan informar sobre asuntos de interés general se enfrentan al riesgo inminente de ser arrestados", advirtió.
Según el informe, los distintos mecanismos de control y censura desplegados por el Gobierno han contribuido al cierre del espacio cívico y democrático en Nicaragua, y han socavado las condiciones básicas para el ejercicio de la libertad de expresión.
Finalmente, la CIDH aseguró que "frente al persistente contexto de impunidad generalizada y estructural respecto de las graves violaciones a derechos humanos cometidas desde 2018", refrendaba "una vez más su acompañamiento a las y los nicaragüenses para alcanzar un efectivo acceso a la justicia, reparación, la reconstrucción de su democracia y el derecho a la memoria y a la verdad de las graves violaciones los derechos humanos cometidas".
Con información de Efe.
