25 de abril 2024
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La cárcel, la desnacionalización, el destierro y la criminalización de religiosos, así como la ilegalización de oenegés cristianas, figuran entre los principales ataques a la libertad religiosa en Nicaragua por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según un informe divulgado por el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
"El destierro, encarcelamiento y criminalización contra la libertad de religión fue uno de los principales hechos represivos durante 2023", señaló esta organización en el tercer boletín sobre Libertad Religiosa en Nicaragua.
Según esta organización, en 2023 se incrementaron las detenciones a religiosos, la persecución y detención contra la feligresía, el impedimento de realización de actividades masivas o públicas de índole religiosa, el congelamiento de activos a diócesis católicas y el aumento de los discursos de odio y estigmatización principalmente contra miembros de la Iglesia católica de parte de las autoridades.
De al menos 317 nicaragüenses que han sido desnacionalizados de enero de 2023 a marzo de 2024, 22 son religiosos católicos, entre ellos los obispos Rolando Álvarez -que guardó prisión 17 meses y fue expulsado al Vaticano- y Silvio Báez, precisó el Colectivo.
22 religiosos desnacionalizados y declarados "traidores a la patria"
Según el informe, un primer grupo de ocho religiosos y tres laicos que colaboraban con la Diócesis de Matagalpa, que preside el obispo Álvarez, formaron parte de las 222 personas excarceladas el 9 de febrero de 2023 y expulsadas a Estados Unidos, y posteriormente privados de su nacionalidad, en el marco de la crisis que vive el país desde abril de 2018.
A esos once religiosos, el Ministerio Público los acusó por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, en perjuicio de la sociedad y Estado de Nicaragua, considerados traición a la patria, de acuerdo con el informe.
El informe remarcó el caso de monseñor Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y beneficiario de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y medidas provisionales por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y quien fue privado de libertad en condiciones de "incomunicación y aislamiento".
"Un día después del destierro de Nicaragua de los 222 presos políticos por el régimen de Daniel Ortega, el obispo Álvarez recibió una condena judicial a 26 años y 4 meses de prisión", anotó el Colectivo, que recordó que el jerarca fue desterrado al Vaticano el 14 de enero de 2024, junto a otros 17 sacerdotes y religiosos de la Iglesia católica que permanecían ilegalmente en prisión.
Un segundo grupo, de 10 sacerdotes, fueron declarados "traidores a la patria", junto a otro 84 nicaragüenses y también fueron desnacionalizados y se les despojó de sus derechos políticos, de todas sus propiedades, y se les calificó como personas “prófugas de la justicia” el 15 de febrero de 2023, de acuerdo al informe.
Informe: religiosos han sido víctimas de delitos de lesa humanidad
Asimismo, el Colectivo precisó que durante el período de enero de 2023 a marzo de 2024 se han desterrado a 35 sacerdotes u obispos, a cuatro seminaristas y a tres laicos, "quienes fueron detenidos arbitrariamente por su participación religiosa".
Los religiosos han sido expulsados a la Santa Sede (31) y a Estados Unidos (11), principalmente, puntualizó esa oenegé, que sostuvo que un “destierro” es considerado un crimen de lesa humanidad, "sobre el cual, las autoridades implicadas, tanto judiciales, legislativas y administrativas, deben ser juzgadas".
Además de esa política de destierro y desnacionalización, se ha impedido el ingreso a Nicaragua de decenas de religiosos, tanto nicaragüenses como extranjeros, y se han expulsado al menos a 76 monjas del país, según el informe, que menciona como otro de los ataques el cierre de 300 oenegés de corte religiosa cristiana.
El estudio concluye que las personas religiosas en Nicaragua han sido víctimas de al menos cuatro crímenes de lesa humanidad contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, como la deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física, tortura, y persecución de un grupo o colectividad.
