AA
Share
Las denuncias de agresiones contra la Iglesia católica en Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han disminuido en 2025, según recoge un informe divulgado el miércoles 27 de agosto que atribuye esta caída a que “los religiosos guardan silencio por temor a represalias contra sus familias”.
La séptima entrega del estudio ‘Nicaragua: Una Iglesia perseguida’, de la investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina, indica que hasta julio de 2025 se registraron en el país 32 hostilidades “de la dictadura Ortega-Murillo en contra de la Iglesia Católica”, frente a las 183 de 2024 o las 321 de 2023.
Sin embargo, Molina aclaró que este descenso no significa que la “dictadura” haya dejado de cometer arbitrariedades contra la Iglesia católica, “sino que actualmente se presentan otras formas” de represión.
“Este descenso se debe a que los clérigos y religiosos omiten hacer las denuncias por la amenaza latente de los militares y la policía, y por temor a que si denuncian serán desterrados o que sus familiares sufran represalias”, explicó la autora durante la presentación virtual del estudio.
La falta de denuncias también obedece, según Molina, a la “no presencia de medios imparciales” dentro de Nicaragua, lo que impide documentar e informar de manera constante sobre las nuevas agresiones.
El informe detalla que entre abril de 2018 y julio de 2025 se documentaron 1010 agresiones.
Entre estas se contabilizaron 362 represiones directas contra religiosos, 244 ataques a templos, 103 robos y profanaciones, 98 agresiones a laicos, 92 mensajes de odio, 75 ataques contra medios y organizaciones sin fines de lucro vinculados a la Iglesia católica y 36 confiscaciones.
Además, entre 2018 y 2025 se produjeron los cierres arbitrarios de 13 universidades, institutos y centros educativos, 24 medios de comunicación y 75 organizaciones sin fines de lucro.
“Actualmente no se ha hecho un inventario de cuánto ha sido en dinero las confiscaciones de edificios, pero el número de robos es mayor, aunque no se tiene información precisa”, comentó la también profesora.
La investigadora destacó que la Policía Nacional prohibió 16 564 procesiones y actividades religiosas entre 2019 y 2025, mientras que además 302 religiosos y religiosas (170 hombres y 132 mujeres) han dejado de ejercer misión pastoral dentro del país.
Señaló que muchos de ellos realizan su labor pastoral en el extranjero y que, en un estudio aparte, se abordará la situación de sacerdotes y religiosas que “están quedando sin pasaportes y los consulados no les extienden este documento para que puedan viajar”.
Molina aseguró que toda esta información “está llegando al Vaticano”, que sigue de cerca la situación en Nicaragua, y adelantó que “en septiembre próximo llegará una copia física del informe al papa León XIV”.
Las relaciones entre el Gobierno de Ortega y la Iglesia católica atraviesan un momento tenso desde la suspensión de relaciones diplomáticas con el Vaticano en 2023.
El papa Francisco llegó a calificar al Gobierno sandinista como una “dictadura grosera” en una entrevista con Infobae, en la que también señaló “un desequilibrio de la persona que dirige” el país centroamericano.
