29 de octubre 2018
Max Cruz Gutiérrez recibió seis balazos el ocho de octubre. “La Policía, los antimotines y los paramilitares lo rafaguearon en su casa”, delante de su esposa Marvis Salazar, y de sus dos hijos. “Lo hicieron porque él era uno de los que organizaba las marchas en la Isla de Ometepe”, dice un familiar de la víctima, que pide le llamen Ignacio, para proteger su identidad.
La explosión de la crisis en Nicaragua, el 18 de abril, motivó a Max a sumarse a las protestas que los isleños organizaron, exigiendo la salida del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo. Pero el ocho de octubre, cinco patrullas, cargadas de antimotines, policías y paramilitares, llegaron a su vivienda, bloquearon los accesos e intimidaron a los ciudadanos que se asomaban para observar.
Los armados ordenaron a Max que saliera con las manos en alto, pero dentro de la casa, nadie respondió. Inconformes, los armados dispararon al portón y forzaron la entrada.
“Nosotros nunca habíamos visto algo parecido. Vimos como vinieron las patrullas, se bajaron, se ubicaron en cada esquina y entraron con fuerza, con violencia. Max salió arrodillado con las manos en alto, pero uno de esos hombres agarró a su hijo y le puso la bota en la cara. Y a su esposa la bajaron al suelo. Entonces, él se enojó y agarró su machete y le dio a ese que estaba golpeando a la esposa”, relató un vecino que pidió el anonimato.
Los oficiales le dispararon, y Max quedó en el piso. No se movía y sangraba mucho. Sus niños gritaron y su esposa lloró. La escena de terror no conmovió a los armados. Capturaron a su esposa y Max fue arrastrado por todo el porche de su casa, luego por un tramo de la calle, y a la vista de los vecinos, lo lanzaron en la tina de la camioneta. Para todos Max estaba muerto.
Días después, Max apareció hospitalizado en el Lenín Fonseca. Su condición es estable, pero será sometido a una cirugía para corregir los daños en su pierna derecha, y retirar las balas que tiene en el resto de su cuerpo. Si responde bien a la operación, será trasladado a la sala de recuperación y después sería remitido a la orden del Ministerio Público.
La esposa de Max fue llevada a “El Chipote”. Una hermana de Max la visitó y comprobó que tenía dos heridas en el pecho, al parecer de balín. Luego, la trasladaron a La Esperanza, el penal de mujeres, ubicado en Tipitapa, y no la han vuelto a ver.
Alcaldesa rompió tregua
Las manifestaciones contra el régimen en Ometepe, empezaron poco después del 18 de abril. Igual que en todo el territorio nacional, los isleños estaban en contra de las fallidas reformas al Seguro Social, y luego se siguieron movilizando para exigir justicia por los asesinatos de la represión oficial.
Guillermo tiene 60 años y participó en la lucha contra la dictadura somocista. Ahora, dice, Nicaragua está bajo otra dinastía familiar. “Este hombre no se quiere ir por la vía cívica, y por eso no hace caso al Diálogo. No es un tipo que vaya a salir por las buenas”, critica.
En la isla, los simpatizantes sandinistas se enfrentaron a los autoconvocados. Durante abril y mayo, hubo ataques de ambos, con piedras y morteros. Los turistas se marcharon de la Ometepe, y el enfrentamiento continuó hasta quemar la casa del Frente Sandinista en el municipio de Altagracia, cerca de la casa de Max.
“En las redes sociales, toda la gente decía que iban a linchar a la alcaldesa Aurora Álvarez. Y fue cuando ella corrió a buscar al sacerdote y a los líderes de los azul y blanco, para llegar a una tregua. Eso fue a inicios de junio”, recuerda Guillermo.
Las partes acordaron una tregua, sin marchas ni persecución. “Al inicio todo iba bien. Ningún mortero se escuchó. No había marcha y el turismo de nacionales empezó a entrar. Pero vino la traición. La alcaldesa rompió la tregua a inicios de agosto y dijo en una reunión que todos los que quemaron la casa de los sandinistas estaban identificados en un video y que iban a caer presos, que ya iban a venir los policías”, relata Jorge, otro isleño.
CONFIDENCIAL buscó la versión de la alcaldesa de Altagracia. Pero en su oficina aseguraron que no estaba atendiendo.
Con la tregua rota, los autoconvocados volvieron a las calles y el seis de octubre el “Movimiento 19 de Abril” organizó un “cicletón” por la libertad de los presos políticos. La actividad se registró sin incidentes, pero a la mañana siguiente, varios policías entraron a la isla y capturaron a cuatro ciudadanos: Luis Miguel Díaz, Evert Barrios, Miguel Ángel Rosales Cruz y José María González.
“Desde ese día, aquí en la isla no se respira paz. Si antes le llamábamos a la Isla Ometepe oasis de paz, puedo decirte que esto se convirtió en un oasis del diablo”, asegura Jorge, de 48 años.
Cero turismo
Duval Briceño es propietario del hotel Venecia, en Altagracia. Desde mayo cerró operaciones y redujo su personal de 15 a dos empleados, con los cuales se limita a dar mantenimiento a las instalaciones.
“Desde que comenzó la crisis, la Isla ha estado mal económicamente. Yo tengo dos hoteles más, y todos están cerrados. Ningún trabajador ha regresado porque la situación está mal y no se mira cambio”, lamenta Briceño.
El propietario del hotel Venecia creyó que la situación mejoraría en junio o julio, pero incluso las reservaciones de agosto y septiembre fueron canceladas.
“Nosotros trabajamos con las turoperadoras. Ellos traen grupos grandes para el hotel. Son gente de Holanda, Francia, Bélgica, Alemania, de muchos países europeos, pero todos nos han cancelado. Me ha afectado económicamente porque uno mantenía muchos trabajadores. Estaba construyendo, mejorando, pero al pasar esto, ya no lo he podido hacer. Me ha salvado que tengo un ganadito y otras cositas”, relata.
En la isla las calles se ven desoladas. Los centros turísticos están vacíos. El famoso Charco Verde, destino favorito dentro de la isla, también está cerrado. Los guías turísticos no tienen clientes, y los locales que continúan abiertos no reciben gente ni ofreciendo precios más bajos.
En Ojo de Agua, los turistas también son escasos. De 60 visitas diarias, el sitio ahora recibe cinco o diez por semana.
Filomena Cabrera, copropietaria del centro turístico, cuenta que en una ocasión diez policías armados con fusiles de guerra entraron a su propiedad para “una revisión de rutina”. Los únicos visitantes que aún quedaban se marcharon de inmediato.