21 de noviembre 2024
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La Organización de los Estados Americanos (OEA) acusó a Daniel Ortega de intentar incrementar su control en Nicaragua y perpetuarse en el poder con una nueva reforma constitucional, enviada a la Asamblea Nacional.
"La OEA rechaza y repudia la iniciativa de 'ley de reforma' de la Constitución presentada por el dictador nicaragüense Daniel Ortega. A través de estas modificaciones a la norma fundamental, Ortega y sus aliados buscan incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder", apuntó en un comunicado la institución.
En la reforma constitucional número 12 desde su llegada al poder en 2007, Ortega propone, entre otras medidas, ampliar de cinco a seis años el período presidencial, establecer la figura de "copresidenta" y que el Ejecutivo coordine los demás poderes del Estado.
La propuesta de reforma constitucional, enviada a la Asamblea Nacional, donde los sandinistas tienen mayoría absoluta, también propone incluir como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007.
Comunicado de la Secretaría General de la OEA sobre propuesta de "reforma" constitucional en Nicaragua: https://t.co/5KqriQFR4A pic.twitter.com/17TbecEsW0
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) November 21, 2024
Según la OEA, el documento de la reforma es "ilegítimo en la forma y el contenido", "constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático".
"El Pueblo de Nicaragua necesita paz, democracia y respeto a los Derechos Humanos, necesita elecciones auténticas, legítimas, universales y libres. El Pueblo Nicaragüense necesita el fin de la dictadura", apuntó la institución con sede en Washington.
La presión diplomática sobre "el régimen dictatorial conyugal" formado por Ortega y su esposa, Rosario Murillo, "debe redoblarse", apuntó el organismo, "para que haya justicia para el pueblo y sanción para quienes han perpetrado este atentado".
Vigilancia a medios de comunicación independientes
El Estado de Nicaragua vigilará que los medios de comunicación social no sean "sometidos" а intereses extranjeros ni divulguen noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses, según la iniciativa de reforma constitucional.
La propuesta establece que una Ley ordinaria regulará esa materia. El 11 de septiembre de 2024, los diputados nicaragüenses reformaron la Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor o zozobra en la población, y que ahora también es aplicable a los delitos cometidos dentro o fuera del territorio nacional por personas naturales o jurídicas.
Esa ley, que desató una polémica en Nicaragua, donde el gremio periodístico independiente, en su mayoría ahora en el exilio, considera que amenaza la libertad de prensa, "criminaliza" al periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.
La ley amplió de 10 a 15 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la "seguridad del Estado".
La norma, compuesta por 48 artículos, contiene 25 definiciones; sin embargo, según han advertido sus críticos que la han bautizado como "Ley Mordaza" o "Ley Bozal", no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) e información tergiversada.
Es decir, es el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que tienen la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra, según alertó la asociación Periodistas y Comunicadores Independientes de Nicaragua (PCIN).
La Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), que forma parte de la red regional Voces del Sur, advirtió que esa ley tendrá un impacto "devastador" para los periodistas que ejercen la profesión dentro o fuera del país, incluso para la ciudadanía en general.
En la propuesta de reforma constitucional, el Ejecutivo plantea que los nicaragüenses tendrán derecho a la información veraz, y que ese derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir ideas e información por cualquier medio, sin atentar contra los principios fundamentales contemplados en la Constitución.
En su artículo 67 dice: "El derecho de informar es responsabilidad social y se ejerce con estricto respeto a los principios fundamentales establecidos en la Constitución".
