14 de mayo 2023
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A “Carmen” le advirtieron que no puede retrasarse ni cinco minutos de la hora programada para su firma, de lo contrario, agentes policiales irán por ella. La amenaza ocurrió un día que llegó un poco tarde y la castigaron con cuatro horas retenida en la delegación, sin justificación. Ella es una de las 30 personas que la vida le cambió por completo, después que en menos de 24 horas las apresaron y acusaron en audiencias secretas por “menoscabo contra la integridad nacional” y “propagación de noticias falsas”, obligándolas a firmar en las oficinas de Policía de sus municipios de origen.
En su caso, el horario de asistencia ha sido variable. El jueves 4 de mayo firmó a las 10:00 a. m., pero los días siguientes lo ha hecho entre las 7:00 a. m. y 9:00 a. m. Ella, al igual que el resto de acusados el 3 de mayo de 2023, vive con la incertidumbre de ser secuestrados por las autoridades otra vez. Ese día, después de las 6:00 p. m, agentes desplegados en 13 de 15 departamentos, y dos regiones autónomas del país, realizaron operativos. Capturaron 57 personas, según el Monitoreo Azul y Blanco, de los cuales 30 fueron procesados. De los restantes 27 no se tiene información oficial y las organizaciones defensoras de DD. HH. asumen que “solo fueron detenidos y luego liberados”.
“No podés hacer nada con los horarios que te presentás a firmar y tenés (que hacerlo) de lunes a domingo, ¿quién va a trabajar así?”, cuestiona “Carmen” sobre el sofisticado método de represión de la dictadura. En su zona, al norte del país, existen puestos de vigilancia policial, con sujetos de civil, que están alertas noche y día. Esto, asegura, se suma al constante patrullaje que existe en la ciudad y que hacen en especial en torno a su vivienda.
En otra ciudad del norte de Nicaragua vive “Rocío”. A ella no le han cambiado el horario de la firma, por lo que aún conserva su trabajo, que prefiere se mantenga en reserva para que no la identifiquen. Asegura que tiene mucho miedo y casi no habla con nadie sobre lo que está viviendo.
“Claudia” está al tanto de varios casos de procesados, que prefieren mantenerse en silencio. El sentimiento es generalizado, dice la fuente: “tienen temor de lo que vaya a suceder, desconocen el proceso en sí”. Lo único que les dijeron los jueces orteguistas, encargados de admitir las acusaciones presentadas por el Ministerio Público la noche del miércoles 3 de mayo, es que les notificarían la siguiente audiencia a través de sus juzgados locales. Sin embargo, a algunos les han indicado que será el 31 de mayo de 2023, sin mayores detalles.
En general, el trámite de la firma es similar en todas las delegaciones. Los procesados en libertad condicional firman un libro de actas, les toman una fotografía y se van. No tienen restricciones de movilidad en sus ciudades, pero unos han optado por no pasar mucho tiempo fuera de casa, por prudencia. “Carmen” no sale porque teme que la capturen en la calle y le planten droga, como ha pasado con otros reos políticos.
Ella considera que la dictadura teme que se vayan del país. Hasta ahora, se conocen dos casos en los que los acusados se exiliaron para evitar la cárcel, pero la Policía, como represalia, detuvo por horas a sus familiares.
Desde su experiencia, “Carmen” sí se siente en “una casa por cárcel”, y cuestiona el estricto control contra los 30. Es mucho peor que el que aplican contra verdaderos criminales, que salen en libertad condicional y solamente deben firmar una vez al mes en los juzgados. “Nosotros diario, de lunes a domingo”, se queja. Esta medida también representa un gasto económico importante para las familias. En el caso de “Carmen” ha gastado 800 córdobas durante diez días para movilizarse desde su casa a la delegación.
En espera de audiencia inicial
Según un abogado penalista consultado por CONFIDENCIAL, los 30 procesados enfrentaron una audiencia preliminar, cuyo fin fue dar a conocer al detenido la acusación, definir sus medidas cautelares y garantizar el derecho a la defensa, que no fue respetado porque a todos los acusados les impusieron defensores públicos alineados al régimen orteguista. Y hasta ahora, tampoco han permitido que cuenten con un abogado de confianza.
Según el artículo 264 del Código Penal, los judiciales tienen nueve días para fijar la fecha de la audiencia inicial. Sin embargo, dice el abogado penalista, “como administradores de justicia deben de tratar de hacerlo lo antes posible debido a que la duración del proceso, en este caso, es de seis meses”.
Dos tipos de presos políticos
El régimen orteguista mantiene más de 50 reos políticos en prisión; 35 hasta el 9 de febrero de 2023, cuando desterró y convirtió en apátridas a 222 exreos de conciencia. Luego, las redadas en Nicaragua continuaron, siendo la más intensa la de abril, en el contexto del quinto aniversario de la Rebelión Cívica de 2018. Más de una treintena de nuevos presos políticos (entre opositores, activistas y un periodista) se sumaron como rehenes de Daniel Ortega. A ellos se agregan las 30 personas, según el Monitoreo Azul y Blanco, que están siendo procesados, pero que no están en prisión.
Para el abogado Danny Ramírez-Ayérdiz, miembro del Centro de Asistencia Legal Interamericano de Derechos Humanos (Calidh), la situación de los acusados el 3 de mayo no es diferente a la de los presos políticos, porque viven “bajo la amenaza permanente del Poder Judicial de que esas medidas cautelares se reviertan”. Y además, aunque la vigilancia policial no sea al interior de las viviendas, se mantiene el patrullaje en torno a los hogares.
“Sabemos que están (los procesados) prácticamente en calidad de condenados porque el Poder Judicial, en algún momento, en sus mamarrachadas jurídicas va a buscar cómo condenar a esta gente”, expresó.
Lo único que todos los procesados conocen son los delitos que les imputan, porque se las informaron verbalmente el día que fueron trasladados a Managua para audiencias en los juzgados. También saben que la Fiscalía relacionó sus casos con la supuesta administración de páginas en Facebook, en las que publicaban información para "desestabilizar al Gobierno", lo que coincide con el discurso político del régimen.
Una estrategia de terror
“Carmen” agradeció a Dios cuando se enteró que los dejarían en “libertad”. Asegura que nadie está preparado para la prisión, pero ella se considera “fuerte”. Sin embargo, confiesa que el impacto de su aprehensión alcanzó a su familia. Se quebró al ver el sufrimiento de sus hijos y de sus padres, cuando se la llevaron.
Desconoce qué busca Ortega dejándolos enfrentar un proceso judicial en libertad condicional, pero considera que el régimen no quiere seguir acumulando más reos políticos en los Sistemas Penitenciarios, o por lo menos, quiere simular eso ante la comunidad internacional, señala.
Para el abogado Ramírez, la acción judicial del régimen es “una expresión de perversidad porque lo que busca con esto es callar definitivamente a todas las voces opositoras en Nicaragua”, que en medio del contexto de terrorismo de Estado alzan su voz en defensa de los derechos humanos, de la democracia.
“El Gobierno quiere someter absolutamente a la ciudadanía y no solamente someterla en términos físicos, porque eso de ir a firmar es someter… las personas no se pueden ir del país, están bajo la supervisión del Poder Judicial y si lo quebrantan los meten presos porque así lo establece el Código”, sostuvo.
Con estas redadas masivas Ortega busca generar terror entre la población, agregó Ramírez, para que desistan de cualquier posibilidad de resistencia cívica.
