11 de mayo 2023
AA
La abogada Yonarqui Martínez, una experimentada defensora de derechos humanos, recibió una llamada telefónica el miércoles 3 de mayo de 2023, al filo de las 6:00 p. m. Fue una comunicación angustiante. Pronto tuvo conversaciones similares de familiares desesperados pidiéndole ayuda para encontrar a sus secuestrados. Contó cinco, seis, siete… ¡Quince!
Su teléfono no dejaba de repicar. Escuchó llorar e indignarse a familiares durante el enorme operativo represivo que ordenó la dictadura de Daniel Ortega, cuando el mundo pedía respeto a la libertad de expresión y al periodismo crítico, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Detuvieron al menos a dos periodistas, también a activistas políticos, un líder campesino y ciudadanos en un grupo de 57 personas, capturadas en 13 de los 15 departamentos y dos Regiones Autónomas del Caribe de Nicaragua, según el monitoreo Azul y Blanco.
De manera paralela, los fiscales acusaron en sesiones secretas en Managua al menos a 30 de las 57 personas entre las 5:14 p. m. y 6:16 p. m. para montar una escenografía del terror, cuyos protagonistas fueron las víctimas, pero también los policías con fusiles, metiendo sus narices en las casas de los acusados; fiscales, defensores públicos y jueces dóciles al régimen.
Según la información judicial de estas acusaciones, los libelos introducidos a los tribunales capitalinos tuvieron una extensión que osciló entre las dos y cuatro páginas. Allí cumplieron con los trámites, pero la otra historia fueron las horas desconcertantes de los acusados y sus familias.
Los regresaron a sus casas a las seis de la mañana del día siguiente, luego de abrirles proceso en Managua e imponerles la obligación de presentarse periódicamente –a partir de entonces—ante las autoridades policiales de sus respectivos departamentos. Fueron doce horas de terror.
“Había descontento y una enorme preocupación: no sabían dónde buscarlos, no sabían si los iban a matar o desaparecer. No dormí en toda la noche, pasé tomando denuncias”, afirma Martínez.
CONFIDENCIAL reconstruyó la noche del 3 de mayo, basado en el testimonio de la abogada Martínez, y de dos de las víctimas que hablaron bajo condición de anonimato. “Desde 2018 se han dado enormes atrocidades contra el debido proceso”, dice Martínez que concluye que en el país no hay un Poder Judicial independiente, sino uno subordinado al Ejecutivo que, además, cuenta con un marco de leyes represivas usadas contra los ciudadanos.
Ese brazo autoritario de la dictadura la alcanzó a ella misma, horas después de la entrevista con este medio sobre la redada del 3 de mayo, cuando la Corte Suprema de Justicia decidió “suspenderla definitivamente” como abogada y le ordenó entregar su título universitario, los protocolos de su trabajo, el sello y su carné. Una represalia directa a su valiente denuncia y a su defensa a los presos políticos realizada desde hace más de una década.
La abogada considera que, por las dimensiones de la movilización de oficiales y miembros del sistema de justicia, se trató de un evento planificado desde días atrás.
La pesadilla de “Francisco”: 15 oficiales metidos en su casa
“Francisco”, un ciudadano originario de la zona central de Nicaragua, supo que su pesadilla inició a las 5:40 p. m. Se encontraba en su casa cuando una patrulla se aparcó enfrente de la puerta principal. Entonces vio a un grupo entre diez y quince policías acercarse, mientras otras dos camionetas con oficiales se encontraban detrás del primer vehículo.
Desde las esquinas, la Policía controló el acceso a la cuadra, mientras se desarrollaba el operativo, que sorprendió al acusado como los que se tejieron en paralelo afectando a decenas de ciudadanos en todo el país.
Un comisionado entró a la vivienda. Halló en camisola, short y sandalias a “Francisco”. “¡Vaya a vestirse que no anda vestido de forma apropiada para irse!”, le ordenó. En vano, la familia preguntó sobre la orden judicial. Al menos 15 oficiales se metieron al hogar. Revisaron todo. Se llevaron computadoras y libros, mientras la orden del cambio de ropa se cumplió minuciosamente con dos policías dentro del cuarto.
“Todo el operativo duró como 30 minutos para sacarme de mi casita. No me golpearon, ni nada cuando me sacaron. Me sentaron en el centro de la patrulla y me llevaron a la estación de la Policía en Juigalpa (cabecera departamental de Chontales). Cuando llegué miré que la delegación estaba cerrada totalmente. No me permitieron ir al baño, miré un despliegue de más de 100 policías”, precisa “Francisco”.
Varias interrogantes cruzaron por su cabeza, pero la principal era qué harían con él. La jefa de la Dirección de Auxilio Judicial de Juigalpa, a quien él identifica solo como la “comisionada”, se los aclaró a los seis detenidos: su misión era llevarlos a Managua y regresarlos a la mañana siguiente. No podía responder preguntas, porque simplemente no estaba autorizada.
El hermetismo policial causó el mayor de los silencios durante el viaje de 127.6 kilómetros a la capital. Llegaron a las 9 de la noche. En el grupo de detenidos hubo un ciudadano oriundo de La Libertad—el pueblo natal de Ortega—, otro de Cuapa, dos de Santo Tomás, uno de Juigalpa y uno de San Pedro.
Según este testigo, un capturado se identificó como del FSLN, lo que no le valió de nada para salvarse del hostigamiento de los oficiales de la Policía. Les juró que nunca apoyaría a los “puchos”, uno de los insultos usados por la vicepresidenta Rosario Murillo contra los ciudadanos que protestaron contra el régimen en 2018.
También la subieron al microbús. Durante el viaje a Managua, a cada detenido le pusieron un custodio al lado. Cuando llegaron a los tribunales de Managua, el acusado vio un despliegue de otros 200 policías, militares, pero a él lo metieron de manera directa al edificio de los juzgados “por el lado del sótano”.
Conoció entonces al fiscal a cargo, al juez y a los defensores públicos, el equipo contra los ciudadanos.
La audiencia contra “Francisco” duró entre las 11:00 p. m. y la 1:00 a. m. del 4 de mayo de 2023. A él y a los otros le notificaron que serían acusados por “propagar noticias falsas”, “conspiración para el menoscabo contra la integridad nacional”, “intentos de desestabilizar al gobierno”.
En el sistema electrónico de los tribunales, la acusación no está disponible ni en la carátula del caso puede leerse siquiera los delitos que se le imputan.
El viaje relámpago de “Teodoro” a “El Chipote”
“Teodoro” vivió una situación similar. A él lo trajeron del norte de Nicaragua. Le registraron su vivienda. Lo sacaron abusivamente, después de exigirle que entregara su teléfono celular y sus computadoras.
Antes de llevarlo al edificio de los juzgados, al norteño lo llevaron a las antiguas instalaciones de la cárcel El Chipote de Managua, un centro denunciado en el pasado como lugar de torturas, al que solían acercarse las madres buscando información sobre sus hijos secuestrados. Otras fuentes judiciales sin precisar el número, aseguraron, que otros reos de conciencia fueron llevados el 3 de mayo ante la Policía.
La cárcel policial está ubicada en las cercanías de la Laguna de Tiscapa en Managua. De ahí se lo llevaron a las 11:30 p. m. a su cita judicial. “Teodoro” considera que las medidas del régimen buscan provocarles un desgaste económico a los acusados. En el programa Esta Semana, un grupo de expresos políticos afirmó que el interés era provocar que se exiliaran como ha ocurrido con miles de perseguidos políticos.
“Desde el 4 de mayo, las autoridades nos han cambiado varias veces las horas para la firma de la presentación periódica. Cada día, te la van poniendo más temprano y a una mujer la tuvieron presa dos horas, porque se presentó tarde a firmar. Uno se está gastando los pocos `realitos` que uno tenía. Luego vengo a mi casa y hay que trabajar. ¿Quién te acepta con tanto tiempo invertido, yendo a la delegación, esperando lo de la firma y que te tomen fotos?”, relató.
Los registros del sistema electrónico de los tribunales capitalinos demuestran que fueron cuatro jueces—e igual número de fiscales—los participantes de estos procesos judiciales exprés contra las decenas de ciudadanos: Gloria Saavedra (diez), Karen Chavarría (ocho), Nadia Úbeda (once) y Rolando Sanarrusia (uno).
Los fiscales fueron respectivamente: Yubelca Pérez, Heydi Ramírez, Carlos Espinoza y Andrea del Carmen Salas. Todos estos funcionarios son parte de la maquinaria judicial que llevó a que el país tuviera más de 258 presos políticos en febrero pasado. Los funcionarios se encuentran sancionados por la comunidad internacional.
La dictadura ordenó el destierro de 222 reos de conciencia el 9 de febrero de 2023. Quedaron 36 presos políticos, entre ellos el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, según organizaciones independientes.
“Lo que me enoja de todo esto es que uno no puede defenderse. No les tengo miedo, pero uno queda en la indefensión”, comentó “Teodoro”, quien pudo verse con sus familiares hasta el día siguiente.
Para la abogada Alexandra Salazar, coordinadora de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ), quien ha dado seguimiento a los abusos de derechos humanos contra los presos políticos, se violaron el 3 de mayo de 2023 todas las garantías establecidas en la Constitución de Nicaragua.
Además, los acusados fueron sustraídos de su "juez natural" cuando fueron llevados a Managua, desde sus territorios, para abrirles proceso en los tribunales.
Salazar consideró que no hubo justificación para la hora en que se ejecutaron las capturas de los detenidos. No hubo ni flagrancia delictiva, ni persecución de delito ni estado de emergencia. “Se dieron detenciones sin órdenes judiciales en particular”, agregó.
Los abusos de Ortega no sorprendieron al mundo. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) deploró el 8 de mayo de 2023 la nueva ola de detenciones que incluyó a periodistas y defensores de derechos humanos, y recordó que todas las personas tienen derecho a expresar sus opiniones sin temor a acoso y represalias.
Paulo Abrão: “Método sofisticado de terrorismo de Estado”
El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrão, indicó que lo de Nicaragua debe ser analizado en el entendido de que el país vive un “terrorismo de Estado”, lo que Ortega sostiene en un control absoluto de los poderes gubernamentales.
Abrão investigó con su equipo la represión estatal en Nicaragua durante 2018, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar pacíficamente y fueron atacados por órdenes de Ortega. La CIDH sostuvo que 355 fueron asesinados y más de 2000 resultaron heridos entre el 18 de abril de 2018 y el 31 de julio de 2019.
Tanto la Organización de Estados Americanos como Naciones Unidas denunciaron en informes documentados la comisión de “delitos de lesa humanidad”, lo que la dictadura de Nicaragua niega, porque sostienen sin evidencia que fueron objeto de un “intento de golpe” con lo que han justificado su campaña represiva.
En realidad, impera un sistema de impunidad, en que los autores de violaciones de derechos humanos fueron premiados por Ortega, tras la masacre de 2018, según una investigación reciente de CONFIDENCIAL.
“Las redadas sorpresa, audiencias exprés o las detenciones nocturnas ya sucedían en el pasado, solo que ahora se hace uso de la libertad condicional inmediata, lo cual sería la novedad. Cuando se señala esta `sofisticación`, me refiero al incremento de la crueldad y de la violencia institucional en algunas prácticas normalizadas por el régimen autoritario”, sostuvo el abogado brasileño.
Para Abrão, las actuaciones del sistema judicial de Nicaragua corroboraron la falta total de Estado de derecho y democracia. Por esa realidad, él se niega a “romantizar la resistencia social” y demanda justicia, en su calidad de defensor de derechos humanos y testigo de lo ocurrido.
“Es un tema de vital importancia en la agenda política y social en la región y en el mundo, y eso es innegociable. Sea desde dentro del país o desde el exilio, lo que despierta la solidaridad internacional con Nicaragua va más allá de los terribles crímenes de lesa humanidad y del sufrimiento de las víctimas del que hemos sido testigos, tiene que ver con la efectividad de las organizaciones multilaterales, con la no repetición, el acceso a la justicia y los principios básicos de la vida digna conseguidos con luchas sociales en toda la historia de la humanidad”, recalcó.
Sin embargo, Abrão observa al Gobierno de Nicaragua en negación, autoaislado internacionalmente, “paranoide” y con la intención de mantener la represión como la que vivieron en carne propia “Francisco”, “Teodoro” y decenas de ciudadanos durante 12 horas, a partir del final de la tarde del miércoles 3 de mayo de 2023.
