AA
Share
La frase que familiares de la presa política Angélica Chavarría Altamirano han escuchado más veces de parte de los policías durante los últimos dos años es: “dejen de buscarla”. En medio del silencio estatal sobre su paradero, la pareja del fallecido general en retiro del Ejército, Humberto Ortega, cumple dos años en condición de “desaparición forzada” en Nicaragua.
“La Policía ha hostigado a familiares, ha amenazado a familiares de que dejen de buscar, dejen de preguntar por ella. Si ellos no lo tienen o no dan información por qué amenazan para que la familia no la siga buscando”, cuestionó el abogado Yader Valdivia, miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Chavarría Altamirano fue detenida por agentes estatales el 19 de mayo de 2024, durante un operativo policial ejecutado en contra del general retirado Humberto Ortega Saavedra, hermano de Daniel Ortega, después de que el exjefe militar concediera entrevistas críticas contra Rosario Murillo y cuestionara el rumbo político del país.
Desde entonces, el régimen no ha presentado públicamente pruebas de vida de la presa política, no existe información judicial verificable, ni detalles sobre las condiciones de su detención.
“Ninguna de las mujeres excarceladas —subrayó Valdivia—, ha podido ver o constatar dónde está Angélica Chavarría. Han estado en distintas celdas, en distintos pabellones y no hemos podido tener información sobre ella”.
Chavarría Altamirano es una de las 47 personas —y una de las únicas tres mujeres— reconocidas como presas políticas en Nicaragua, según datos del Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas.
Régimen se ensaña con Angélica Chavarría
La falta absoluta de información oficial sobre su situación llevó primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a intervenir de manera urgente.
Ambos organismos, concluyeron que el Estado nicaragüense no solo incumplió su obligación de informar sobre su paradero, sino que además ignoró las solicitudes internacionales para aclarar su situación jurídica y garantizar su integridad física.
En junio de 2025, la Corte IDH emitió medidas provisionales a favor de Angélica Chavarría y otros detenidos considerados que estaban en “grave riesgo” ante sus desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.
El tribunal ordenó al Estado de Nicaragua:
- Informar de “forma inequívoca” a sus familiares y abogados de confianza sobre su lugar de detención.
- Garantizar comunicación con sus “abogados de confianza”.
- El Estado debe abstenerse de “enjuiciar y ejercer represalias en contra de los familiares”.
- Proceder a su “liberación inmediata”.
La Corte IDH advirtió que el caso presenta condiciones de “extrema gravedad y urgencia” y que la falta prolongada de información sobre una persona bajo custodia estatal aumenta el riesgo de daños irreparables.
Hasta mayo de 2026, el régimen no ha cumplido públicamente ninguna de esas disposiciones.
“Es la mujer que lleva en condición de desaparición forzada prolongada más amplio, de cualquiera, entre las personas que han sido detenidas desde 2018 hasta la fecha (…) En el caso de ella hay un ensañamiento y una preocupación también de la familia por este silencio”, insistió Valvidia.
El operativo policial y la desaparición
Según el expediente de la CIDH, los policías rodearon la vivienda donde Humberto Ortega y Angélica Chavarría residían en Managua y ejecutaron un operativo de captura.
Antes de ser detenida, Chavarría alcanzó a enviar mensajes a familiares alertando “por un posible arresto o que les colocaran bajo arresto domiciliario”. La CIDH también recogió testimonios que indican que agentes policiales decomisaron computadoras y teléfonos durante el allanamiento realizado en la vivienda.
La incertidumbre sobre el paradero de Chavarría Altamirano aumentó aún más después de la muerte de Humberto Ortega, ocurrida el 30 de septiembre de 2024 mientras permanecía bajo custodia estatal.
Humberto Ortega —fallecido la madrugada del 30 de septiembre a los 77 años de edad—, grabó un mensaje de audio en una llamada a CONFIDENCIAL desde un teléfono celular que guardaba a escondidas en su casa, después que la Policía incautó todos sus medios de comunicación durante un allanamiento el 19 de mayo.
“El estrés que mi prisión injusta multiplica, puede producir un desenlace fatal en cualquier instante”, advertía en el audio el general en retiro del Ejército, quien declaraba que era un “prisionero político” de su hermano Daniel Ortega.
Familiares de Chavarría Altamirano acudieron en distintas ocasiones a la vivienda donde ambos estuvieron retenidos inicialmente para pedir información sobre ella, pero “pero les negaban la información”. Dos años después de su captura, el Estado sigue sin responder a su familia.
“Está en manos del Estado y en algún momento dentro de las comunicaciones que el Estado tuvo con la familia trató de desvincularse de este caso diciendo que la vieron en los funerales de Humberto”, puntualizó Valdivia.
