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El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) exigió a la comunidad internacional que haga responsable a las autoridades del Estado de Nicaragua por las violaciones de sus obligaciones internacionales, y lo lleve ante la Corte Internacional de Justicia, por los “graves y generalizados abusos” cometidos desde abril de 2018 hasta la fecha, entre ellos las desapariciones forzadas, la muerte de personas desaparecidas y la desnacionalización ilegal de cientos de nicaragüenses.
En su primera comparecencia ante la Tercera Comisión de la Asamblea General de la ONU, el presidente del GHREN, Jan-Michael Simon, denunció que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo “han fundido el Estado y el (partido) Frente Sandinista de Liberación Nacional en una máquina unificada de represión”, que constituye una “trampa para los derechos humanos”.
“Nicaragua puede ser llevada ante la Corte Internacional de Justicia (…) Cuanto más demore la comunidad internacional en actuar con firmeza, mayor será la carga”, subrayó el presidente del Grupo.
La inclusión, por primera vez, de Nicaragua en el programa de la Tercera Comisión refleja la creciente preocupación de la comunidad internacional por la situación de los derechos humanos en el país, que incluye asesinatos, encarcelamientos, torturas, violaciones y otras formas de violencia sexual, así como desapariciones forzadas, deportaciones y persecuciones.
Según el GHREN, la situación del país es una de las “más alarmantes entre los Estados de América Latina y del Caribe”.
Régimen no responde ante desapariciones forzadas
En abril de 2025, el GHREN identificó a 54 altos funcionarios nicaragüenses con nombre y apellidos y cargos como responsables de graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en el país.
En agosto y septiembre de 2025, el Grupo solicitó al régimen orteguista información sobre el paradero de personas desaparecidas, así como sobre las circunstancias que llevaron a la muerte de dos de ellas.
“Hasta la fecha no hemos recibido respuesta”, mencionó Simón en su exposición.
El Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas registra actualmente unas 73 personas detenidas por motivaciones políticas, de las cuales 33 permanecen en condición de desaparición forzada.
En circunstancias todavía no claras, en agosto de 2025, el régimen entregó muertos al abogado Carlos Cárdenas Zepeda y a Mauricio Alonso, quienes habían sido detenidos arbitrariamente.
“La tortura y otros malos tratos —subrayó el GHREN—, se han empleado de forma sistemática en dependencias policiales y penitenciarias. Mujeres y hombres de diferentes edades, incluso adultos mayores, han sido sometidos a golpizas, descargas eléctricas, simulacros de ejecución, y violencia sexual, entre otras atrocidades”.
El GHREN solicitó específicamente ampliar las acciones legales y las sanciones selectivas contra las personas, instituciones y entidades identificadas como responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
Simon recordó que Nicaragua se retiró del Consejo de Derechos Humanos un día antes de la presentación del informe más reciente e interrumpió su cooperación con el Examen Periódico Universal.
Pese a ello, el Consejo de Derechos Humanos prorrogó el mandato del GHREN hasta 2027 con una resolución adoptada por una amplia mayoría de 29 votos a favor y 4 en contra.
Comunidad internacional pone presión
Durante el debate, diversos Estados expresaron su preocupación por el deterioro de la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Las delegaciones coincidieron en señalar las graves violaciones cometidas por el régimen de Ortega y Murillo, que incluyen juicios injustos, persecución política y la falta de independencia del poder judicial.
La delegación de Brasil instó al cumplimiento de las recomendaciones internacionales y alertó sobre el impacto negativo y profundo que estas prácticas tienen en la población nicaragüense.
Canadá, por su parte, acogió con beneplácito el informe presentado por el Grupo y condenó el asesinato del opositor Roberto Samcam. Su representante exigió que los nicaragüenses estén libres de persecución, que se liberen los presos políticos y que el régimen cumpla sus obligaciones internacionales.
Por su parte, México y Uruguay se sumaron a estas preocupaciones, pidiendo que la dictadura permita el ingreso de mecanismos internacionales de derechos humanos, reconozca las violaciones cometidas y abra un diálogo nacional e inclusivo con todos los sectores.
En contraste, Corea del Norte, Irán, y Venezuela rechazaron los mandatos o informes que consideraron “selectivos” o “sesgados” contra países específicos.
En tanto, la Unión Europea, España y Chile denunciaron la deriva autoritaria del régimen y la erosión del Estado de derecho, condenando las torturas, las detenciones arbitrarias y la privación de nacionalidad a centenares de personas.
Expresidentes de Costa Rica se pronuncian
La delegación de Costa Rica reiteró su preocupación por el clima de miedo e intimidación que enfrentan periodistas y defensores de derechos humanos.
Tras el debate, ocho expresidentes de Costa Rica, incluyendo al Nobel de la Paz Oscar Arias Sánchez, respaldaron el informe del GHREN y exhortaron a la comunidad internacional y especialmente al gobierno costarricense a apoyar sus recomendaciones.
En una declaración conjunta, los exmandatarios costarricenses se manifestaron “preocupados y profundamente consternados por el contenido del informe que ratifica la naturaleza dictatorial y funesta del régimen imperante en Nicaragua” y respaldaron “la conveniencia de responsabilizar al Estado de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia por su renuencia a someterse a los instrumentos de rendición de cuenta al que lo obliga el Derecho Internacional”.
Los firmantes —Oscar Arias, Rafael Ángel Calderón, José María Figueres, Miguel Ángel Rodríguez, Abel Pacheco, Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado— hicieron especial énfasis en el asesinato del opositor Roberto Samcam ocurrido en junio de 2025, así como el de Rodolfo Rojas Cordero en Honduras y los atentados contra Joao Maldonado en Costa Rica.
Según los exmandatarios, es necesario implementar “medidas integrales para la protección de las personas nicaragüenses en condición de exilio y refugio” que viven en Costa Rica.
El Grupo, finalmente expresó su preocupación por la persecución transnacional, debido a que han recibido “múltiples testimonios de personas que denuncian haber sido fotografiadas, seguidas, acosadas, abordadas por desconocidos y amenazadas mientras se encontraban en el extranjero”.
